El campo andaluz pide «seguridad jurídica» ante la regularización extraordinaria de inmigrantes
Desde Asaja alertan de que la medida del Gobierno aliviará la falta de mano de obra, pero que implica ciertas lagunas legales que pueden ocasionar problemas
La organización agraria Asaja ha recibido la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno con cautela, esperando que alivie la falta de mano de obra del sector agrario, pero con dudas sobre algunos aspectos del real decreto.
«Desde Asaja Sevilla vemos positiva cualquier orientación que vaya destinada a mejorar el funcionamiento del mercado laboral y, por supuesto, a dar respuesta al grave problema de mano de obra que sufre el campo», reconoce Mercedes Adalid, del Departamento Jurídico-Laboral de la organización agraria, que insisten en que «dentro de un marco legal, todo el que quiera trabajar debe hacerlo en condiciones de libertad, con un empleo digno y con seguridad, tanto para el trabajador como para el empleador.
Y es que la falta de trabajadores es un problema estructural que, en los últimos años, no ha dejado de crecer en el sector agrario. No sólo hay déficit de jornaleros, también faltan tractoristas y personal especializado en podas o en riego. La falta de mano de obra supone la pérdida de muchas cosechas, un aumento en los costes del agricultor, e incluso, en el precio final que pagan los consumidores. Y, en este ecosistema, los trabajadores extranjeros son un pilar muy importante en todos los ámbitos agrarios, especialmente en algunos tan importantes en Andalucía como el olivar, los frutos rojos, los cítricos o los cultivos hortícolas.
Sistema Especial Agrario
De hecho, según los datos esgrimidos por Adalid, en España se contabilizan unos 250.000 afiliados al Sistema Especial Agrario. De esta cifra, aproximadamente 202.000 son personas de fuera de la Unión Europea, principalmente provenientes de Marruecos, y 48.000 son de países comunitarios, sobre todo Rumanía.
En concreto, Andalucía lidera la contratación de trabajadores extranjeros, con casi la mitad de afiliados (115.000 personas), seguida a gran distancia por Murcia (50.000) y Valencia (entre 27.000 y 28.000), siendo Sevilla la provincia con mayor volumen de contrataciones.
Precisamente por el peso que la región andaluza posee en todo lo referente al trabajo de personas extranjeras en el campo, desde Asaja Sevilla han querido llamar la atención sobre varios aspectos de la regularización que pueden ocasionar problemas en el sector agrario.
Autorización provisional de trabajo
El primero de ellos es la inseguridad jurídica que ocasiona la vigencia de la autorización provisional de trabajo, que se le otorga a la persona solicitante una vez se inicia el inicio del procedimiento administrativo. Ésta tiene una vigencia de tres meses, un plazo máximo tras descontar las posibles suspensiones tras el cual deja de tener validez, .
«Existe el riesgo de que el empresario agrario emplee a alguien si saber que su permiso ha caducado, pues debe ser el trabajador el que lo comunique, pero no hay nada que lo garantice», reconoce Adalid. Esto genera una «inseguridad» muy importante, tanto para trabajadores como para empleadores, y puede crear numerosos problemas legales en un futuro no muy lejano.•Esto señala, a juicio de Asaja, «falta de coordinación» entre las administraciones.
Por otra parte, desde Asaja lamentan que la regularización no haya «priorizado» a los sectores con mayor déficit de mano de obra, como son el campo, la construcción o la hostelería. «Podría haberse hecho una regularización faseada, de tal forma que primero se hubiese iniciado el procedimiento para aquellos que estén trabajando en ellos, ya que el campo, por ejemplo, necesita de mano de obra inmediata», comenta Mercedes Adalid. «Las medidas masivas, como esta regularización requieren un plus de esfuerzo, así como mas capacidad administrativa, y hay que hacerlas bien», insiste.
Información al sector
De hecho, desde la patronal agraria lamentan, además, que la regularización se ha hecho sin tener en cuenta el punto de vista de los actores implicados y sin ni siquiera informarles previamente. «Lamentamos que, siendo Andalucía la región donde más mano de obra extranjera se contrata en el campo, y con Asaja insistiendo en la falta de trabajadores desde hace meses, ni siquiera nos hayan tenido en cuenta», insiste Adalid.
Y es que, el pasado mes de diciembre, Asaja Sevilla y Comisiones Obreras iniciaron una campaña de información dirigida a las personas extranjeras en situación administrativa irregular en la provincia de Sevilla que tenía como objetivo explicarles que podían obtener un permiso de residencia y trabajo si accedían a un contrato en el sector agrario mediante la figura del arraigo sociolaboral.
Otra de las medidas propuestas por la organización agraria, en este caso destinada a los trabajadores de origen nacional, es la posibilidad de que los mayores de 52 años que tienen derecho a un subsidio agrícola y pueden aportar experiencia y conocimientos muy valiosos en una explotación agraria, tengan la posibilidad de complementar dicha ayuda con un jornal en el campo sin penalización.
Escrito por
