El Parlamento Europeo aprueba que los contratos escritos sean obligatorios en el campo
Desde el Copa Cogeca asegura que continuarán trabajando en las particularidades y apoyan la idea de Cooperativas Agro-alimentarias de España: el tejido cooperativo debe estar exento de la medida
El Parlamento europeo ha aprobado modificar las normas sobre la organización común de los mercados de productos agrícolas (OCM), respaldando la propuesta de la Comisión para establecer la obligación de contratos por escrito en la cadena alimentaria en toda la Unión Europea.
Las medidas principales de esta reforma serán el aumento del uso de contratos por escrito, la integración de indicadores económicos objetivos y el refuerzo del papel y el peso de las organizaciones de productores.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias reconocen que esto se trata de «un paso adelante», contribuyendo a «reforzar las reglas del mercado único, destino de aproximadamente el 70% de las exportaciones agroalimentarias españolas, y facilitará una mayor armonización normativa, reduciendo costes, barreras burocráticas y posibles conflictos comerciales entre operadores de distintos Estados miembros».
Obligaciones entre socio y cooperativa
Sin embargo, lamentan que lamenta que el Parlamento Europeo haya rechazado las enmiendas propuestas en el Pleno sobre la excepción total de la contratación de las cooperativas con sus socios, y haya aprobado que las cooperativas deban incorporar en sus estatutos disposiciones con objetivos similares a los contratos de compraventa privados en su relación con los socios. «Rechazamos firmemente esta medida, ya que la relación socio–cooperativa no puede considerarse una relación comercial, sino societaria y mutualista», insisten.
«Por tanto, imponer obligaciones contractuales entre el socio y su cooperativa atentaría contra los principios básicos del cooperativismo, incrementaría la burocracia y los costes de gestión, y supondría un retroceso en el reconocimiento institucional de estas entidades», afirman.
Por su parte, desde el Copa-Cogeca han avanzado que «continuarán trabajando» a medida que el expediente avance hacia los trílogos, con la expectativa de que los colegisladores introduzcan mejoras adicionales, en particular mediante el apoyo a los contratos obligatorios, permitiendo a los Estados miembros excepciones cuando sea necesario (por ejemplo, en el caso de la carne de porcino, las patatas o las semillas), «dado que la diversidad de situaciones en Europa no puede abordarse con un enfoque único».
Además, subrayan que las cooperativas deben quedar totalmente exentas de las disposiciones contractuales, una posición que han defendido de manera constante durante todo el debate
Otros avances
No obstante, afirman que lo aprobado por el Parlamento Europeo incluye avances relevantes para el sector agrario, como la protección jurídica de los productos cárnicos y sus derivados; la inclusión de la carne de ovino, porcino y avícola como productos elegibles para la intervención pública; el refuerzo de los mecanismos de gestión de crisis del mercado agrario; y la posibilidad de establecer el etiquetado de origen para ciertos productos, como el arroz, clave para España.
Por su parte, desde UPA consideran un «logro histórico» una reforma sobre los contratos que, en la práctica, extiende la estructura de la Ley española de Cadena Alimentaria, que ahora cobra magnitud europea y mejorará el equilibrio de la cadena en todo el continente.
De otro lado, tanto Asaja como el Copa Cogeca celebran que el Parlamento Europeo haya rechazado la introducción de los nuevos pagos complementarios de crisis para los agricultores tras catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes como nueva intervención en el marco de los pagos directos, sin financiación adicional. La reserva agrícola debe seguir prestando apoyo a los agricultores que se vean afectados por estos acontecimientos. Además, la aclaración sobre las flexibilidades introducidas para la gestión de riesgos en relación con el cálculo de las pérdidas hará que estas herramientas sean más aplicables y atractivas.
Por último, lamentan que no se haya eliminado la condicionalidad social de la PAC, que supone una doble penalización. «La política social sigue siendo competencia de los Estados miembros, con su propio sistema de sanciones específico y fiable, y debe permanecer en ese nivel», aseguran.
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