El empleo sumergido en el campo sevillano es cada vez más residual

Emplear a trabajadores sin contrato o hacerles trabajar a jornada completa con un contrato parcial; registrar altas ficticias en la Seguridad Social para percibir ilegalmente prestaciones; comprar jornales (peonadas) que no se realizan para poder cobrar el subsidio… En definitiva, una economía sumergida que ha lastrado la imagen del campo, generando la pérdida de puestos de trabajo dignos y de una recaudación millonaria para las arcas públicas.

No obstante, la lucha contra el fraude en el campo sevillano va «dando sus frutos» y cada año «los índices de empleo sumergido son menores, por lo que a día de hoy es muy raro que llegues al tajo y te encuentres con una cuadrilla de trabajadores sin alta en la Seguridad Social». Así lo ha señalado el jefe de la inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, José Castro Navas, en unas jornadas sobre relaciones laborales y Seguridad Social en el campo organizada por Asaja Sevilla en la capital hispalense.

Durante su intervención, Castro Navas ha incidido en que «el sector agrario, por la singularidad en que se desarrolla la actividad, tiene múltiples factores de riesgos asociados» y entre ellos ha hablado de la diversidad de tareas, el trabajo con maquinaria pesada y animales, el uso de productos fitosanitarios, las elevadas exigencias de carácter físico y realizadas en condiciones ambientales extremas, la temporalidad, etc. No obstante, pese a que «prácticamente todos los riesgos cuantificables están en la actividad agraria», en el campo se ha pasado «de una mentalidad reactiva a otra preventiva del accidente, lo que ha repercutido en un encarecimiento de la mano de obra pero está dando ya sus frutos en cuanto a siniestralidad laboral».

Actuaciones en 2018

La campaña «más potente» que todos los años realiza la Inspección de Trabajo en el campo, es la relativa a «economía irregular y trabajo de extranjeros», que este año prevé «un mínimo de 110 actuaciones en el campo sevillano», ha explicado el inspector de trabajo. Aparte, se llevarán actuaciones relacionadas con «prevención de riesgos laborales, inspección de maquinaria y equipos y de otros riesgos inherentes a la actividad agraria». El total de actas en 2017 «fue de algo menos de 2.000 actuaciones», ha apuntado José Castro.

En cuanto al carácter temporal de muchos de los trabajadores del campo y la obligatoriedad a pasar el reconocimiento médico preventivo, Asaja Sevilla ha criticado que un trabajador que sea contratado a lo largo de un año en varias empresas para realizar el mismo trabajo «tenga que repetir forzosamente los reconocimientos médicos, lo que supone un gasto innecesario». En este sentido, se ha informado a los presentes que «aunque el trabajador firme su negativa a hacerse dicho reconocimiento médico, ésta renuncia sólo será válida si la actividad que va a desempeñar no es generadora de una enfermedad profesional».