¿Es legal usar cañones antigranizo aunque ‘espanten’ las lluvias? La polémica llega a Granada

Polémica en Granada. Más de doscientos agricultores y ganaderos de Cúllar, Baza y Caniles afirman haberse visto perjudicados por la empresa G’s España, que se dedica al cultivo de hortalizas y a la que acusan de «eliminar o mermar con su sistema antigranizo de cañones ultrasónicos instalado para su propia protección la posibilidad de lluvias en la zona cada vez que estas son anunciadas» lo que, aseguran, impide «sacar adelante sus cultivos de cereales, almendras y pistachos, afectando también a la disponibilidad de pastos y agua para el ganado».

Según han denunciado conjuntamente a través de Asaja Granada, los agricultores reconocen que no existe una regulación específica que prohíba, o autorice, el uso de cañones ultrasónicos antigranizo, pero sí consideran que hay ciertas normas y regulaciones medioambientales que pueden aplicarse de manera indirecta para su control, como sería el caso de esta empresa ubicada en la Venta del Peral.

Una respuesta de la CHG

En este sentido, recuerdan  en un comunicado que la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, que es de lo que se trata, en realidad, «está recogida en el artículo 3 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y, asimismo, en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D. 1/2001, de 20 de julio) únicamente bajo la autorización de la Administración del Estado o por aquellos a quien esta autorice y a propuesta del Organismo de Cuenca» que, en este caso, sería la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a quien Asaja Granada se ha dirigido por escrito para que clarifique si la empresa G’s puede o no utilizar los cañones ultrasónicos para sus propósitos.

Desde la organización agraria creen, de todas formas, que dada la posibilidad legal de autorización de medios para la intervención en el régimen de lluvias «no deberían implementarse sin el oportuno estudio de los efectos potenciales sobre los recursos hídricos, el medio ambiente y la biodiversidad local», «pues es crucial que la Administración vele siempre por el bien común y no venga a favorecer el interés particular de una empresa a expensas de toda una comunidad agrícola que, además, se encuentra en una situación crítica de sequía».