Fernando Miranda: «Los agricultores pueden pensar a futuro, porque la PAC va a seguir de su lado»
La definición de agricultor genuino y la modalidad de aplicación de la ayuda básica en la próxima reforma enfrentan a Andalucía con otras comunidades
La nueva PAC entrará en vigor, «con toda probabilidad, en 2022 o incluso en 2023», asegura el secretario general de Agricultura del Ministerio del ramo, Fernando Miranda, quien pese a esta demora tranquiliza a los agricultores y ganaderos afirmando que «hasta entonces serán aplicables las normas «actuales», por tanto, «el tránsito de un marco comunitario a otro no va suponer una disrupción de los pagos al campo».
Miranda, quien ha estado en la primera línea de la negociación política de las últimas reformas agrarias desde su incorporación al FEGA en 2004, no esconde su preocupación por los tiempos y mira con recelos al calendario, ya que todo el trabajo realizado en la negociación de la PAC 2021-2027 puede convertirse en papel mojado tras las elecciones europeas de mayo.
—¿Dará tiempo a votar la propuesta de reforma antes de las elecciones al Parlamento Europeo?
—Nuestra responsabilidad como Ministerio es trabajar con la hipótesis más exigente, que es la de la aplicación de la PAC en 2021. Por eso, hemos llevamos un ritmo de reuniones muy intensas desde octubre con organizaciones agrarias, ambientalistas y con las comunidades autónomas para hacer el análisis de las propuestas presentadas por la Comisión. Si no somos capaces de llegar al voto final en el plenario del Parlamento de abril con una primera lectura sobre el reglamento de la PAC puede que el nuevo Parlamento electo tras las urnas y la nueva Comisión Europea no asuman el trabajo que hemos hecho y haya que empezar de cero.
—En el peor de los escenarios se habla de una demora hasta el año 2023…
—Es bastante probable que la nueva PAC entre en 2022 o incluso en 2023. Si es así, tendremos que acompasar nuestro ritmo de trabajo al calendario, aunque esperaremos al primer trimestre del año cuando las fechas estarán mucho más claras para tomar la decisión. Mientras, el Gobierno continúa con el trabajo preparatorio de la postura de España en la futura Política Agraria Común. Esta reforma va a contar con un nuevo sistema de gobernanza, que son los planes estratégicos. Y en enero vamos a empezar a elaborar el Plan Estratégico Nacional.
—Si el calendario se dilata, ¿se podrá prorrogar la PAC actual?
—La transitoriedad está garantizada. Queremos transmitir a los agricultores y ganaderos un mensaje de estabilidad y certidumbre, ya que los pagos de la PAC van a continuar ininterrumpidamente durante todos los años. Lógicamente, se acomodarán en función de los nuevos esquemas de ayudas que se establezcan, pero los pagos van a seguir siendo estables. Por tanto, los agricultores y ganaderos pueden seguir tomando decisiones a largo plazo. Si tienen pensado adquirir maquinaria o replantear su explotación por una oportunidad de mercado, que lo hagan, porque la PAC va a seguir de su lado.
Confrontación territorial
—El Gobierno ha consensuado una postura respecto a la reforma con las organizaciones agrarias, pero ¿hay acuerdo entre las comunidades autónomas?
—Hemos pedido a las comunidades autónomas sus aportaciones a los textos que presentó la Comisión Europea y, en las cuestiones en las que había consenso, hemos solicitado que se corrigieran los reglamentos comunitarios en el sentido que nos pedían. En las que no había acuerdo, hemos propugnado que se nos deje libertad para que cuando llegue el momento de tomar decisiones España, como país miembro, tenga todas las opciones abiertas. Las cuestiones que a nivel autonómico han suscitado más debate se pueden resumir en dos: la definición de agricultor genuino y la modalidad de aplicación de la ayuda básica a la renta, que es el equivalente al pago básico actual. La postura del Ministerio es evitar cualquier confrontación territorial, pues en el punto de mira de todos tienen que estar los agricultores y ganaderos.
—Andalucía está a favor de la continuidad de los derechos individuales históricos en la concesión de la ayuda básica, frente a Castilla La Mancha o Aragón. ¿Cómo se va a resolver?
-Hemos solicitado a la Comisión Europea que se nos dejen todas las opciones abiertas. Es decir, que podamos decidir entre un modelo de aplicación que utilice los derechos individuales actualmente asignados, otro en el que hagamos una asignación de derechos nuevos y un tercero que consista en dar la ayuda sin derechos. Esas tres opciones están abiertas. En cualquier caso, lo que tenemos claro en el Ministerio es que la ayuda básica se dará en base a un modelo regionalizado. En España, por la diversidad de modelos agrícolas y ganaderos que existen, el importe por hectárea no puede ser el mismo en todo el país (tasa plana), hay que diferenciarlo por regiones.
-La comunidad andaluza ha alertado de que el «capping» puede llevar a la división de explotaciones ante la complejidad de aplicarlo en el caso de personas jurídicas, como las cooperativas agrarias…
-Hay un debate abierto a nivel europeo sobre el reparto de las ayudas de la PAC, pues se cuestiona que ese reparto no está suficientemente equilibrado, ya que el 20% de los perceptores reciben el 80% de las ayudas agrarias europeas. Por tanto, esta propuesta de reforma no hubiera salido adelante a nivel comunitario si no se hubiera introducido algún elemento redistributivo. La nueva PAC incluye la limitación de los pagos por beneficiario y que el dinero que se obtiene de esa limitación se dedique a un pago redistributivo a la renta. Tenemos que ver cómo se aplicaría ese elemento redistributivo pero, respecto al capping, el Ministerio está defendiendo que se puedan descontar los costes salariales, para no desincentivar el empleo, y que se tenga en cuenta la situación de las cooperativas.
Ecoesquema
-El ecoesquema es otro de los aspectos polémicos, ya que supone «reverdizar» el Primer Pilar cuando los agricultores ya cumplen con la condicionalidad que, además, en la nueva reforma, viene reforzada.
-El ecoesquema es voluntario. No es como el pago verde actual (greening) que es una obligación. Está planteado como unos regímenes de ayudas incentivadores. Por ejemplo: imaginemos que se establece un ecoesquema para sistema ganaderos extensivos, para márgenes multifuncionales, para el mantenimiento de materia orgánica en el suelo o para fertilización eficiente. Es una oportunidad para incentivar a aquellos agricultores que quieran hacer prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y que vayan más allá de la línea de base de la condicionalidad.
-Pero el presupuesto para el ecoesquema se saca del paquete mayoritario de ayudas, ¿no?
—Es verdad que cuanto más dinero dediquemos al ecoesquema menos dinero tendremos para la ayuda básica a la renta. Pero medir la ambición medioambiental que finalmente tengamos en esta PAC dependerá mucho del resultado de la negociación presupuestaria. Es decir, si somos capaces de conseguir que se mantenga el presupuesto actual podremos ser más ambiciosos medioambientalmente pero, si finalmente hay una reducción presupuestaria, bajará la ambición medioambiental.
—¿Hay posibilidad de recuperar la bajada presupuestaria que propone la Comisión?
—España es de los países comunitarios que con más fuerza está defendiendo que se mantenga el presupuesto actual de la PAC, frente a otros países como Austria, que actualmente ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que está en contra.
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