Un plan pionero: las fotovoltaicas compensarán a los agricultores de cereal en zonas Zepa
Arranca, tras años de trabajo, una iniciativa única en la región, que en esta primera remesa incluye 4.300 hectáreas
Hace más de seis años que se iniciaron los trabajos, impulsados por Asaja Sevilla, para que los agricultores cerealistas de las Zonas de Especial Protección para las Aves Esteparias (Zepa), recibiesen una compensación por parte de las empresas que instalan placas solares fotovoltaicas en la provincia de Sevilla.
Esas negociaciones han dado, por fin, sus frutos, y el pionero plan de medidas compensatorias (no existe ninguno igual) ya está dando sus primeros pasos. Se trata de todo un «hito» para la provincia, como afirma Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla, que ha salido adelante gracias a la colaboración de la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. El acuerdo demuestra cómo la agricultura, el medioambiente y las actividades productivas pueden retroalimentarse con éxito para todos los actores implicados.
Y es que los agricultores cerealistas con explotaciones en zonas Zepa, especialmente la de «Campiñas de Sevilla», que conviven con especies de aves amenazadas como la avutarda, se ven limitados en muchos aspectos, como el cambio de cultivo, que muchas veces no se concede por el riesgo medioambiental que supone a este tipo de aves.
El germen de la idea
Ante esa disyuntiva, surgió la idea que, tras varios años de retraso por cambios técnicos, se ha puesto en marcha: que las compensaciones (obligatorias por ley) para las empresas fotovoltaicas que construyan plantas en la provincia de Sevilla se apliquen en zonas prioritarias para la protección de las aves (tanto avutarda como el sisón o el aguilucho).
De esta forma, la iniciativa une tres aspectos: que las medidas compensatorias por la instalación de plantas solares, destinadas a minimizar el impacto en los hábitats de las aves esteparias, estén vinculadas a que los agricultores cerealistas de secano de otras zonas de la provincia lleven a cabo unas prácticas agrarias que favorezcan al hábitat, e incrementen el censo poblacional, de estas aves.
Plantas autorizadas
Ahora mismo, hay 118 plantas solares fotovoltaicas autorizadas en la provincia de Sevilla, cuyas empresas promotoras han solicitado a la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul una superficie a compensar de 4.300 hectáreas. Esto es obligatorio, pues si una empresa quiere construir una planta solar, está obligada a solicitar la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que incluye estas medidas de compensación.
La propuesta impulsada por Asaja establece que el número de hectáreas a compensar debe ser igual que las que ocupa la planta solar. En la provincia de Sevilla, según el censo elaborado por la delegación territorial, hay 29.000 hectáreas potencialmente compensables por su papel en la conservación y protección de aves esteparias. Esta superficie total no solo incluye a la zona Zepa de la campiña sevillana, aunque sí ocupa un gran porcentaje, sino a otras que también tienen especial interés para estas especies. En total, son 14 municipios de la provincia.
Una vez elaborado el listado de explotaciones con potencial para ser compensadas, es la delegación territorial de Sostenibilidad la encargada de establecer la prioridad, por orden de importancia, para ir adjudicando las 4.300 hectáreas de esta primera remesa a las empresas fotovoltaicas. Los municipios con más hectáreas son los tres incluidos en la zona Zepa (Osuna, con 2012 hectáreas, Marchena, con 715 ha, y Écija, con 365 ha).
Las claves del contrato
Ahora, las empresas fotovoltaicas serán las encargadas de cerrar acuerdos voluntarios, pero vinculantes, con los propietarios de las explotaciones incluidas en dichas zonas de protección, con orden de prioridad, hasta llegar a las 4.300 hectáreas.
En este contrato, de una duración mínima de 5 años (y con una actualización del IPC), la empresa se compromete a abonar, por el lucro cesante de aplicar las medidas favorables a las aves, 500 euros por hectárea y año al agricultor. Se trata de un importe con degresividad, que desde la hectárea 101 a la 200 sería del 90% de la compensación, y de la 201 a la 300, del 80%.
Por su parte, el agricultor también asume una serie de compromisos en esta relación contractual, como son el mantener el cultivo herbáceo tradicional de secano en las parcelas designadas al efecto, incluyendo una serie de prácticas ambientales. En concreto son cinco las actuaciones a realizar, y todas compatibles con los requisitos de la PAC.
Hay que dejar en barbecho un mínimo del 25% del terreno; sembrar leguminosas de secano en un mínimo del 10% de la superficie; mantener el rastrojo tras la cosecha hasta un mes antes de la siguiente siembra; evitar, en lo posible, los trabajos agrícolas en los meses de marzo, abril y mayo;y eliminar, o reducir, el uso de fitosanitarios, dejando su utilización tan solo para los casos excepcionales en los que la viabilidad del cultivo se vea comprometida.
Una vez establecidos los acuerdos privados entre agricultor y empresa, será esta última la encargada de velar porque se cumplan dichas medidas medioambientales a través de un departamento o figura en específico.