La Junta apuesta por intensificar los controles a los productos de terceros países
La consejera de Agricultura ha instado a Europa a actualizar medidas clave como el almacenamiento privado de aceite de oliva
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, insta a que se intensifiquen los controles que, desde los puestos de inspección fronteriza (PIF) se realizan de los contingentes de frutas y hortalizas provenientes de terceros países, así como la calidad de las mismas respecto al uso de productos fitosanitarios.
Durante un acto en Almería, Crespo ha avanzado que tanto ella misma como la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, realizarán próximamente una visita al PIF de Algeciras a petición del presidente de la Junta, para «impulsar» y «ser testigo» del control que se realiza de los contingentes.
«Si hay un acuerdo firmado, que los contingentes se cumplan con la cantidad de producto firmado», reivindicaba Crespo, quien ha considerado también que «tenemos que jugar todos con las mismas reglas» en cuanto al uso de productos fitosanitarios para garantizar la calidad de las producciones, dada la «rigurosidad» del sector agrícola andaluz.
Actualizar medidas europeas
Para Crespo, este es «uno de los mayores problemas que tenemos en el campo», y considera que el Gobierno «tiene que coger el toro por los cuernos» en el asunto de la entrada de productos de terceros países y la caída de precios experimentada por los productores durante la campaña hortofrutícola de primavera, según han denunciado también las organizaciones agrarias.
Al hilo de este asunto, la titular de Agricultura ha instado a Europa a «tomarse muy en serio» este asunto y a actualizar medidas ya contempladas para determinados productos, como son la retirada o almacenamiento privado del aceite de oliva, ya que los márgenes que permiten estas acciones «no pueden estar igual que hace 20 años».
Asimismo, ha abogado por «dar una vuelta» a la ley de cadena alimentaria a través de una reforma en el Congreso, como ha hecho Francia, para «proteger nuestro producto», así como para dar mayores competencias a las interprofesionales para que puedan tener un papel en la «autorregulación».
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