La Junta y el sector agrario andaluz exigen mayor transparencia y medidas compensatorias ante el acuerdo UE-Mercosur
La Consejería de Agricultura consensúa un documento de posición común que reclama garantías de competencia justa y compensaciones para los sectores afectados.
La Junta de Andalucía y las principales organizaciones agrarias de la región han unido fuerzas para exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una mayor transparencia y medidas compensatorias frente al acuerdo UE-Mercosur, firmado recientemente por la Comisión Europea. Así lo ha destacado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, tras presidir el Consejo de Dirección Ampliado de su departamento este martes en Sevilla.
Fernández-Pacheco subrayó que el acuerdo, que abre las puertas al comercio entre Europa y países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, plantea serias amenazas para el sector agroalimentario andaluz si no se garantiza una competencia justa y leal para los productores europeos. Por ello, la Consejería ha trabajado junto a las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía para consensuar un documento de posición común en defensa del campo andaluz.
El documento plantea, entre otras demandas, la necesidad de un análisis previo del impacto global, sectorial y territorial del acuerdo, así como la inclusión de mecanismos claros para vigilar su cumplimiento. Además, solicita medidas compensatorias para los sectores más afectados y exige al Gobierno central y a las instituciones europeas una mayor transparencia sobre los detalles del pacto, especialmente aquellos que afectan al sector agroalimentario.
«Este documento refleja la unidad del sector agrario andaluz y su voluntad de defender a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores», señaló Fernández-Pacheco. El consejero destacó los avances logrados gracias a la colaboración entre la Junta, las organizaciones agrarias y las cofradías de pescadores, aunque reconoció que «aún queda mucho trabajo por delante».
El texto consensuado se presenta como una herramienta clave para negociar con el Gobierno central y las instituciones europeas, dejando claro que, mientras no se atiendan estas demandas, la Junta de Andalucía y el sector agrario rechazan categóricamente el acuerdo en su forma actual.
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