La UE llega a un acuerdo sobre la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza en contra de todo el sector agrario
La ley estipula que los Estados miembros tomarán medidas para restaurar de cara a 2030 un 30% de los ecosistemas en mal estado
Malas noticias para el campo. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo sobre la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza.
La ley obligará a los países de la UE a implementar medidas de recuperación que abarquen al menos el 20% de sus tierras y el 20% de sus zonas marítimas para 2030, según un comunicado del Consejo, que representa a los 27 Estados miembros.
El texto enfrentó en los últimos meses intentos del Partido Popular Europeo (PPE, conservadores), el mayor grupo del Parlamento, para tumbarlo. Los legisladores del bloque acogieron el acuerdo con satisfacción tras horas de negociaciones, pero algunos críticos señalaron que algunos puntos fueron diluidos.
Postura del Gobierno español
La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez, se mostró «orgullosa» de la ley, «la primera de este tipo». «Nos ayudará a reconstruir los niveles de biodiversidad entre los Estados miembros y preservar la naturaleza para las futuras generaciones, mientras luchamos contra el cambio climático», afirmó.
La ley, que sea alinea con el histórico acuerdo firmado en la COP15 sobre biodiversidad de este año, estipula que los Estados miembros tomarán medidas para restaurar de cara a 2030 un 30% de los ecosistemas en mal estado, un 60% para 2040 y un 90% para 2050.
Por su parte, el Partido Popular Europeo celebró las «notables mejorías» en el texto «fuertemente revisado». Entre ellas, se elimina el requisito «de renaturalizar un 10% de las tierras agrícolas».
El sector agrario, en contra
Cabe recordar que el sector agrario andaluz se ha mostrado tajantemente en contra de esta ley. «Esta ley no es más que otro ‘invento’ de la Comisión Europea que podría acabar con gran parte del tejido agroalimentario europeo y español», llegaba a asegurar Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla.
Los estudios presentados sobre el impacto de la ley solo tienen en cuenta el beneficio potencial de restaurar los ecosistemas, pero no el efecto que tendría esto sobre la actividad agraria. Y es que la imposición de esta normativa conduciría a la pérdida de tierras de cultivo y haría imposible la gestión del suelo a escala nacional, ya que el requisito de no deterioro se extendería incluso fuera de las zonas Natura 2000.
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