Los regantes defienden la cesión de derechos de riego: «es una medida legal y necesaria»
Ha surgido la polémica tras la denuncia de ciertas organizaciones ante la intención de los arroceros de ceder sus derechos de riego
En relación con la utilización de la figura de cesión de derechos de riego entre titulares, ante la gravísima situación de sequía que atraviesa la cuenca del Guadalquivir y las exiguas dotaciones aprobadas, la asociación de regantes andaluces, Feragua, ha querido recordar que la cesión de derechos es una herramienta jurídica completamente legal.
De hecho, insisten, Viene recogida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y se ha contemplado de forma explícita en los decretos de sequía que se han publicado al amparo del artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, tanto de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir como del resto de demarcaciones.
Esta figura, «se ha venido utilizando de forma habitual en situaciones de sequía en los últimos veinte años» y ha permitido un mejor aprovechamiento del agua de cientos de hectómetros cúbicos en España, a veces entre usuarios de una misma cuenca y otras veces entre usuarios de distintas cuencas.
Denuncia de la Mesa Social del Agua
Estas declaraciones de los regantes se producen después de que la Mesa Social del Agua, denunciase «mercadeo» con la cesión de los derechos de riego de los arroceros de Sevilla que no van a a cultivar sus tierras.
«Las fuertes restricciones impuestas por la sequía en esta campaña de riego hacen que el agua que corresponde a algunos titulares les resulte insuficiente para sacar adelante sus cultivos», recuerdan los regantes. Sin embargo, «estos derechos sobre el agua pueden ser de extraordinaria utilidad para otros».
Por ello, insisten en que la cesión de derechos aparece en esta coyuntura «como una opción interesante y completamente legal para dar el mayor y mejor uso posible a los escasos recursos disponibles».
Contratos autorizados por la CHG
«Feragua no es ninguna empresa privada, y ha informado a sus asociados de la intención de las comunidades arroceras asociadas de ceder el volumen de agua que les asignó la Comisión de Desembalse, así como de la compensación económica por la que estarían dispuestas a hacerlo», han insistido.
Además, hacen hincapié en que todos los contratos tendrán que ser autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que velará por el cumplimiento estricto de la legalidad de estos acuerdos. Y finalmente, es necesario incidir en que la cesión de derechos no solo es una fórmula jurídica legal y habitual en situaciones de sequía, sino que es la única fórmula viable en esta situación para garantizar el mejor uso del agua disponible.