Más de 1.300 normas estrangulan al sector agrícola, el más regulado
Los datos de un estudio en poder del Banco de España respalda una de las grandes reclamaciones del sector. La ingente normativa a la que ya se enfrentaban los agricultores se ha visto aumentada con la nueva PAC
Miles de agricultores llevan dos semanas en la calle para alertar de la situación crítica que vive el sector y pedir soluciones «urgentes» . Una de las grandes reivindicaciones es la reducción de la burocracia que, aseguran, ahoga al agricultor y le impide llevar a cabo su actividad diaria de una forma eficiente.
«Cada vez nos pasamos más tiempo en el despacho y menos en el campo, es insostenible», aseguraban muchos de los manifestantes de las protestas de los últimos días.
También desde Asaja Sevilla han reiterado en numerosas ocasiones que «el exceso de burocracia» a todos los niveles condiciona la labor del campo, tanto en el marco de la PAC como en el resto de la normativa.
Y los datos atestiguan que los agricultores no van desencaminados cuando reclaman simplificación administrativa. Según un estudio elaborado por el economista del Banco de España Juan S. Mora-Sanguinetti y su equipo, publicado en el Journal of Regulatory Economics y que puede consultarse en la página web del propio banco nacional, en España se han aprobado 414.272 normativas diferentes desde que empezó la democracia, más de 206.000 en el periodo estudiado, 1995-2020.
Este ingente número tiene un sector especialmente perjudicado, el de la agricultura, que ha tenido que ceñirse a 1.300 nuevas normas anuales, seguida de la construcción, con 1.200, los servicios profesionales, con 800, y el agua y la energía, con poco más de 700.
Dentro de estas cifras, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más normas decretadas cada año (682), tan solo precedida por Cataluña (772).
Entre las conclusiones del estudio, destaca que una mayor complejidad regulatoria tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo, y un impacto negativo sobre el valor añadido.
«Nuestros resultados sugieren que se están produciendo varios efectos distorsionadores: la mano de obra es notablemente menor y las tasas de inversión disminuyen como respuesta al aumento de regulación», aseguran.
Además, los economistas sentencian que «normativa más compleja impone una carga que las empresas pequeñas y con menos experiencia están menos capacitadas para manejar».
La nueva PAC
Esto mismo, pero en ‘lenguaje de calle’, es lo que llevan años denunciando las organizaciones agrarias, tanto por la normativa asociada a la PAC, más intensa si cabe desde que ha entrado en vigor la nueva, como por el resto.
De hecho, una de las quejas recurrentes de este primer año de la PAC 2023-2027 ha sido la falta de coordinación entre las distintas administraciones.
«El objetivo es invertir la práctica administrativa existente y perjudicial para los agricultores, según la cual el agricultor debe demostrar haber llevado a cabo la práctica. En su lugar, el control administrativo debería, en caso de duda razonable, aportar la prueba de que el agricultor no ejerció la práctica según lo declarado», detalla la organización Asaja en un documento que recoge sus peticiones. Este planteamiento debería hacerse a los pagos directos y para las medidas de desarrollo rural.
Por otra parte, una de las reivindicaciones más concretas de los agricultores es que se aplace la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación hasta que lo exija la Unión Europea (en 2026) y, además, que se pida en seno europeo que ni siquiera se ponga en funcionamiento .«Solo supone más trabas para el agricultor», insistía Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, hace unos días, y ponía un ejemplo: «cuando, después de las lluvias, hay que tratar el trigo, antes solo se avisaba al trabajador que lo hacía. Ahora, hay que meter en un sistema informático un informe técnico con la necesidad qeu hay, la hora y el día en el que se va a hacer…ni siquiera hay técnicos suficientes para eso», lamentaba. Todo eso, además de la carga de trabajo, también eleva los costes aparejados a la explotación.
«Entendemos que la verdadera digitalización es que la administración no nos reclame documentación que ya tiene», insisten desde Asaja.
Quejas de los regantes
Por otro lado, desde la Asociación de Regantes Andaluces, Feragua, llaman la atención sobre la «eternización» que sufren los expedientes para construir balsas, un recurso fundamental para acumular agua y que son «vitales» en épocas de sequía como la actual, que ya dura casi sin años.
No obstante, los regantes se encuentran con un «muro burocrático» a la hora de ponerlas en funcionamiento, una cantidad de trámites administrativos hasta que se concede la autorización.
De hecho, según cálculos esgrimidos por Feragua, la tramitación de dichas balsas podría quedar lista en un plazo de seis meses, por lo que siguen pidiendo que se reduzca «el papeleo y la burocracia» un trámite que tiene que pasar por hasta tres administraciones distintas.
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