Los agricultores volverán a echarse a la calle en los próximos días en Jaén y Córdoba
Las organizaciones agrarias han hecho un llamamiento para fomentar la participación en las tractoradas organizadas este viernes en Jaén capital y en diferentes municipios de la provincia
El sector agrario ha hecho un llamamiento a la participación, el próximo viernes, 22 de julio, en las tractoradas organizadas en Jaén capital, Alcalá la Real, Andújar, Puente de Génave, Úbeda y Villanueva del Arzobispo.
Según ha explicado Asaja Jaén en su web, se trata de una movilización que tiene como principal objetivo el de protestar ante el desorbitado incremento de los costes de producción, especialmente inasumible en el gasóleo agrícola y en la electricidad.
El gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, ha explicado que ese es el motivo principal, aunque con la tractorada también se demanda una PAC más justa.
Ante esta situación, Valero ha señalado que «parece mentira que el ministro de Agricultura fuera consejero andaluz, y conociendo nuestra agricultura y el olivar de Jaén, haya hecho este planteamiento, donde las pérdidas van a ser cuantiosas en las comarcas que menos cobran –El Condado, Segura y Cazorla-, y desastrosas en la zona de La Loma, donde se van a aplanar estas ayudas y van a perder hasta un 50% de las mismas».
En este sentido, ha dejado claro que el sector no se va a conformar: «Este 22 de julio puede ser el inicio de más movilizaciones, porque si esto no se revierte vamos a tener que seguir en la calle y con la misma dureza que lo hicimos antes de la pandemia, porque hasta ahora no se ha resuelto nada. Todo lo contrario».
Paralización de la reforma de la PAC
El secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, ha indicado que «los ciudadanos tienen que entender que lo que ellos están pagando de más, nosotros no lo estamos percibiendo en nuestro bolsillo», mientras que la industria y la distribución sí está repercutiendo su incremento de costes y no solo su aumento de costes sino también el de los agricultores».
Además, Ávila ha pedido «la paralización de la reforma de la PAC, que no empiece a aplicar en el 2023. No tiene sentido, en un escenario de escasez de alimentos, poner en marcha una reforma de la PAC que lo que pretende desde Bruselas y desde el Ministerio es fomentar la agricultura menos productiva».
Por su parte, Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, ha afirmado que «es incomprensible que cuatro multinacionales puedan mandar más que un Gobierno. No hay correlación directa entre el precio del barril de petróleo y lo que pagamos por el gasóleo agrícola, que se ha multiplicado de 80 céntimos a 1,70 euros, y necesitamos para seguir produciendo alimentos».
Control de las prácticas irregulares
Por ello, instan «a que se intervengan los mercados, a que se abra una investigación por Competencia para dictaminar si se producen prácticas irregulares y también ayudas directas a agricultores y ganaderos que compensen, en parte, el incremento injustificado del precio del gasóleo. Unas ayudas para las que Bruselas abre la puerta a utilizar los fondos comunitarios no invertidos, plenamente justificadas, y que, ahora, la Junta de Andalucía tiene la obligación de ejecutar para no dejar pasar este tren».
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Higinio Castellano, ha asegurado que «ni el sector ni la provincia pueden aguantar más», por lo que ha animado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se convocan el próximo 22 de julio en protesta por la situación derivada del incremento de los costes de producción.
Protesta en Córdoba
También organizaciones agrarias de Córdoba, Asaja, COAG y UPA han convocado, junto a Cooperativas Agro-alimentarias, un acto de protesta para el próximo 27 de julio ante la difícil situación que atraviesa el campo cordobés. Tendrá lugar a las 10.30 horas en el Boulevard de Gran Capitán de la capital cordobesa donde se llevará a cabo una representación teatral por la muerte del sector agrario.
En su tabla reivindicativa, las organizaciones agrarias piden que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España y «apoyo firme al sector por parte de las administraciones, a todos los niveles».
Entre otras medidas, añaden que deben ponerse en marcha las tarifas eléctricas competitivas, condonación de impuestos directos e IBI y los cánones de riego y rebajas del IVA, el adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas, ágiles y directas, el aplazamiento de deuda y acceso a financiación a largo plazo.
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