Así acaba 2020 para el campo, el año de las grandes movilizaciones agrarias

El año 2020 ha resultado especialmente convulso para el sector agrario, de principio a fin. De hecho, comenzaba con las protestas del campo en las carreteras por la crisis de los precios en origen y termina dejando al sector en una situación más vulnerable si cabe, tras los azotes de la pandemia del Coronavirus y las noticias que se van conociendo respecto a la nueva PAC.

A dos semanas de arrancar la última hoja al calendario, Asaja Sevilla analiza en qué estado se encuentran los compromisos que el Ministerio de Agricultura adquirió con los agricultores andaluces en los primeros meses del año, en plena oleada de protestas. La conclusión extraída es que «el Gobierno se ha parapetado detrás del Covid-19 para justificar su inacción, pues al término de 2020, no se ha avanzado en la gran mayoría de las demandas que le presentó el campo andaluz en conjunto, y en las que sí se ha prosperado (como con la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria) no están funcionando», declara el secretario general de la patronal agraria, Eduardo Martín.

Asaja recuerda que todas las organizaciones profesionales agrarias de la provincia (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias) convocaron un paro el pasado día 25 de febrero. Los precios «ruinosos» que reciben los agricultores, la subida continua de los costes de producción, la brecha que existe entre el precio en origen y en destino (+del 600%), las barreras comerciales y los aranceles a la exportación, las importaciones de terceros países sin control, el continuo «reverdecimiento» de la PAC; los «ataques injustificados» a la actividad y, por último, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hicieron estallar por los aires la paciencia de los productores sevillanos, que dieron un paso al frente y se sumaron al proceso de movilizaciones que venía convocando el sector agrario español (que secundó hasta 50 protestas) desde finales de enero bajo el hashtag #AgricultoresAlLímite.

Además de Sevilla, el resto de las provincias andaluzas se fueron sumando también a esta oleada de manifestaciones, unas protestas que quedaron interrumpidas a partir del decreto del Estado de Alarma para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 (prolongada del 14 de marzo al 20 de junio), aunque en el mes de julio se retomaron, concentrándose el sector agrario andaluz en el Puerto de Algeciras.

Mesas de diálogo agrario

En este escenario de crispación, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció la creación de la mesa de diálogo agrario entre el Gobierno y las organizaciones agrarias para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a los temas que más preocupaban al campo, y que estaban siendo motivo de las manifestaciones.

Además, en el marco del Comité Asesor Agrario, se crearon cuatro mesas de negociación para dar continuidad a las medidas acordadas en la Mesa de Diálogo Agrario. Estas cuatro mesas, divididas por temática, abordarían las siguientes cuestiones: Seguros agrarios; Fiscalidad, empleo y energía; Cadena Alimentaria; y Acuerdos comerciales internacionales.

Eduardo Martín critica que «la Mesa de Fiscalidad ni siquiera se ha convocado, la de Seguros Agrarios se ha reunido dos veces, la de la de la Cadena Alimentaria ha celebrado dos encuentros y la Mesa de Acuerdos Internacionales se ha convocado una sola vez a lo largo de todo el año».

El secretario general de Asaja Sevilla reprocha los «pocos avances» conseguidos en las demandas presentadas por el sector agrario en cada una de las cuatro mesas, y reprueba que no se haya cumplido el calendario de trabajo previsto pues, «pese al Covid-19 y todas las restricciones impuestas, el sector agrario ha seguido trabajando día a día, cumpliendo todas las normativas para garantizar la seguridad.

Por ello, no es entendible que el trabajo conjunto del Gobierno con las organizaciones profesionales agrarias se haya paralizado cuando estas mesas podrían haber seguido convocándose por vía telemática. Pero ha habido una manifiesta falta de interés», apunta.

Así, en materia de Fiscalidad, lo único que se ha conseguido es el mantenimiento para el próximo año de los límites de permanencia del Régimen de Estimación Objetiva (o Régimen de Módulos) del IRPF. Por contra, «se prevé subir el IVA del 10% al 21% en las bebidas azucaradas y edulcoradas, lo que tendrá un enorme impacto en el sector agrario, especialmente en el remolachero-azucarero».

Respecto a las demandas del sector como la reducción del 35% en la factura del gasóleo y del 15% en factura de plásticos y fertilizantes en el Régimen de Estimación Objetiva, o el incremento de dos puntos del IVA compensatorio para el sector agrario «nada se ha hecho», sentencia Eduardo Martín.

Empleo y energía

En cuanto al Empleo, «el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es especialmente duro de asumir por las pymes del sector agrario y deteriora aún más sus niveles de rentabilidad, siendo el agroalimentario el único sector que está creando empleo en medio de una crisis como la actual».

El sector demanda una bonificación especial para compensar los costes laborales del incremento del SMI y de las cotizaciones de la Seguridad Social. Por su parte, Planas expresó a las organizaciones agrarias la voluntad del Gobierno de examinar cuál es el impacto de este incremento del SMI en la rentabilidad de las explotaciones agrarias y estudiar las medidas pertinentes. Pero «tampoco se ha avanzado en este aspecto».

En lo que concierne a Energía, Asaja recuerda que en la Ley 1/2018 de 6 de marzo, de medidas urgentes contra la sequía, se recogía que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. «Esta medida necesita sólo el desarrollo reglamentario para poder aplicarse, pero no se ha hecho».

Ahora, en este mes de diciembre, el Congreso de los Diputados ha incluido dentro del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 una enmienda que plantea también la doble factura de regadío para los agricultores. Asaja Sevilla espera que la enmienda se apruebe definitivamente y que «la doble factura de regadío llegue, por fin, al campo andaluz».

Seguros Agrarios

Recientemente, el Gobierno ha realizado una aportación adicional de 24,6 millones de euros al presupuesto de seguros agrarios combinados para equilibrar el montante de las necesidades estimadas en función de la siniestralidad. No obstante, el sector agrario duda de que se vayan a mejorar las primas y a fomentar la contratación en el campo.

Por ello, exige ajustar el sistema de seguro agrario a la nueva realidad de cambio climático y adecuar la fiscalidad de las indemnizaciones, además de incrementar el nivel de subvenciones que permita avanzar hacia la universalización del seguro.

Acuerdos comerciales

«España ha sido el país de la Unión Europea más afectado por los aranceles a productos agroalimentarios impuestos en Estados Unidos, y ha faltado liderazgo, tanto en España como en Europa, para defender al sector, que sigue esperando a que esos impuestos se eliminen», sentencia Eduardo Martín.

El sector demanda que la agricultura deje de ser moneda de cambio en las negociaciones bilaterales y que se haga una evaluación de impacto real cada vez que se firman nuevos acuerdos comerciales. «España, como potencia agraria que es, debe velar por que esta situación no siga pasando».

Además, se exige «que se garantice el cumplimiento de los precios de entradas, contingentes y fechas de los acuerdos comerciales y que las importaciones de terceros países se sometan a las mismas exigencias fitosanitarias que los productos europeos».

¿Avances o retrocesos en la Ley de la Cadena?

Respecto a la Ley de la Cadena sí ha habido avances significativos. De hecho, tan sólo un día después de la gran manifestación del campo sevillano, se publicaba en BOE el Real Decreto-ley 5/2020, por el que se modifica la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013, que no se venía cumpliendo.

Con esta reforma se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación expresa de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción, «lo que está creando problemas enormes por la dificultad para su aplicación».

Por tanto, la reforma «no resuelve los desequilibrios existentes en la cadena alimentaria y además crea obstáculos nuevos al sector», lamenta Asaja Sevilla. Por ello, la patronal agraria critica que el foco del Gobierno no fuese dirigido en primer lugar a aquellas medidas «como las de carácter fiscal», que tienen «un impacto inminente en la reducción de los costes productivos, lo que tendría reflejo en la rentabilidad de las explotaciones», apunta el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.