La PAC más verde limitará en sus logros ambientales a las fincas medianas y grandes
El Plan Estratégico expuesto en consulta pública dispara contra las explotaciones andaluzas que más riqueza y empleo generan, según Asaja
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que la propuesta de España para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), recogida en el Plan Estratégico Nacional, está ya «casi finalizada», por lo que ha informado a las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial telemática celebrada el pasado jueves, la última prevista, de que el documento se presentará a Bruselas para su revisión en la última semana de diciembre.
No obstante, la versión inicial de la propuesta se encuentra actualmente en el procedimiento de información pública, en el marco de la evaluación ambiental estratégica, y estará abierta a acoger alegaciones hasta el 4 de febrero de 2022.
Una versión que, como ya anunció Agrónoma, introduce algunas novedades respecto al documento que días previos estaba colgado en la web del Ministerio, sobre todo en lo que concierne a la realización de prácticas en favor del medio ambiente, perjudicando a cultivos con mucho peso en Andalucía y en la provincia de Sevilla.
Es el caso del arroz ya que, si no se corrige, pasará a cobrar tres veces menos que el resto de los cultivos de riego. Pero no es el único que va a perder ayudas, según un análisis más profundo de Asaja. De hecho, los frutos secos también resultarán perjudicados por cambios, en este caso, en los pagos acoplados.
Así, la propuesta del Plan Estratégico recoge que esta ayuda se dará sólo a las superficies con pendiente mayor del 10% y/o secanos con pluviometría anual media a 10 años inferior a 300 milímetros, lo que supone «reducir a la mitad la superficie que hasta ahora estaba recibiendo esta ayuda», critica la organización agraria Asaja, que reclama al Ministerio que «el pago acoplado sea extensible a todas las superficies en secano productoras de frutos secos».
Exigencias ambientales
La reforma de la PAC 2023-2027 es la «más verde de la historia». La importancia concedida a las prácticas de sostenibilidad medioambiental tiene en el Plan Estratégico su respaldo presupuestario, ya que España destina el 43% del total de los 47.724 millones de euros del presupuesto a dichos objetivos medioambientales y climáticos.
Así, las ayudas están sujetas al cumplimiento de una condicionalidad que llega reforzada, es decir, mucho más exigente que la actual.
Los ecoesquemas son la gran novedad de esta reforma y uno de los puntos que más ha calentado el debate. Se trata de instrumentos por los que los agricultores y ganaderos pueden recibir ayudas si realizan actuaciones que vayan en favor del clima y el medio ambiente.
Se trata de prácticas que son voluntarias pero que se incluyen dentro del primer pilar de la PAC. Es decir, que tienen un peso muy importante en la asignación de las ayudas directas que llegan al bolsillo de los productores. En concreto, el 23% de la dotación total de la PAC 2023-2027 depende de la aplicación de estos instrumentos en favor del medio ambiente, por lo que si los agricultores no quieren renunciar a ese 23%, están obligados a realizarlas.
Pero el diseño de los mismos, así como el cobro de estas ayudas, está generando cierto malestar, ya que la propuesta de España incluye una degresividad para el cobro. Esto significa que las explotaciones agrarias que hagan estas prácticas irán perdiendo ayudas a partir de un número de hectáreas.
El secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, califica esta degresividad de «ilógica», pues se pregunta: «¿Cómo se puede explicar a un agricultor que en una explotación a partir de la hectárea X se contribuya al cambio climático y a partir de la hectárea X+1 ya no se beneficie al medio ambiente?».
Por ello, Martín critica que recortando el pago medioambiental a partir de una cierta superficie «se está desincentivando a las explotaciones de tamaño mediano y grande, que podrían contribuir muy positivamente a los objetivos verdes buscados con una compensación íntegra». Además, al contrario que en otros países, España limita el pago a un solo ecoesquema por hectárea «cuando perfectamente se podrían hacer más de una acción, con el correspondiente beneficio ambiental y económico».
Asaja rechaza cualquier degresividad «que pueda poner en tela de juicio la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones» y se muestra muy crítica con la propuesta de Planas, ya que «va mucho más allá de lo que exige Bruselas». Y es que «no sólo aplica la degresividad a partir de los 60.000 euros y establece un techo de ayudas a partir de los 100.000 euros (capping), sino que además se inventa un super-capping por el que, independientemente de los costes laborales que se pueda descontar, no habrá ayuda base a la renta más allá de los 200.000 euros».
Pago redistributivo
A esto se suma que se aplicará por primera vez en España el pago redistributivo, retirando un sexto del valor de los importes individuales a todos los beneficiarios de la ayuda básica a la renta, y que servirá para hacer un pago complementario a las primeras hectáreas de las explotaciones, con un enfoque de doble umbral para cada una de las 20 regiones.
Se trata de «un ‘sudoku’ por el que al final no se incrementa significativamente la renta de ningún agricultor, pero sí se empobrece más a muchas explotaciones viables», destaca Eduardo Martín. El directivo de la patronal agraria entiende este pago redistributivo como «imposición de Bruselas», pero no justifica «la ambición de Planas al aplicar también el capping y la degresividad, que no está en lo acordado por el Consejo y el Parlamento Europeo en junio de 2021, cuando se aprobó la reforma de la PAC». En este sentido, añade que «ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni tampoco Eslovaquia o Chequia, además de otros muchos países, van a aplicar esta limitación de pagos ni la degresividad».
Eduardo Martín insiste en que «no tiene lógica penalizar a los agricultores profesionales y a las explotaciones viables con limitaciones, recortes y degresividades en los pagos directos», y critica que el Plan Estratégico «imponga criterios supuestamente ecologistas que, en la práctica, son limitaciones productivas sin justificación agronómica».
«No tiene lógica pretender una sostenibilidad a base de dejar de producir, sino produciendo mejor, con la digitalización, la tecnología y la innovación puestos al servicio de este fin, como están proponiendo otras potencias agrícolas mundiales», concluye en su análisis Asaja.
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