Los requisitos que tendrán que cumplir los parados para el empleo agrario

El Real Decreto-Ley, por el que el Gobierno central ha aprobado medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos y asegurar así la recolección en las campañas agrícolas, «no está pensado para la realidad agrícola de Andalucía».

Así lo asegura el presidente de la patronal Asaja Andalucía y Asaja Sevilla, Ricardo Serra, que añade además que este decreto «llega algo tarde para la comunidad», pues «Almería ya está saliendo de la campaña de hortícolas, para la que precisa más mano de obra, quedando sólo la recolección de melón y sandía. En Huelva la peor situación por falta de trabajadores se dio en el mes de marzo con la fresa, y este mes ya quedó atrás; y en las provincias de Córdoba y Sevilla ha finalizado prácticamente la recolección de cítricos».

En la provincia de Sevilla, no obstante, sí que hay incertidumbre respecto a las próximas campañas de recolección de patatas y de fruta de hueso. De hecho, el campo sevillano precisaría, según la patronal agraria, «unos 4.800 trabajadores diarios en los dos próximos meses», para cubrir los últimos flecos de la recolección de cítricos y las próximas campañas de fruta dulce y de patatas, hablando sólo del trabajo a pie de campo (es decir, sin incluir el empleo en los almacenes).

Son campañas en las que se emplean tanto trabajadores de la provincia como extranjeros «pero que ya están establecidos en el territorio, bien sea en situación regular o irregular», especifica Serra.

Contratación de parados

El Real Decreto-Ley, publicado en el BOE, permite la contratación de personas en situación de desempleo o cese de actividad y de aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad por el estado de alarma, con excepción de los trabajadores afectados por los ERTES con causa del virus Covid-19.

También podrán acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones. Igualmente, podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años.

No obstante, sólo podrán beneficiarse de estas medidas «las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo». Así, se entenderá que existe proximidad cuando el domicilio de trabajador o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña agrícola «esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del centro de trabajo».

Se trata de un aspecto que no convence a las organizaciones agrarias, ya que «tradicionalmente, las cuadrillas agrarias se han ido desplazando por los pueblos allá donde había trabajo, y es frecuente, por ejemplo, el traslado a todos los municipios de la Vega del Guadalquivir para coger melocotones». Con esta norma, no obstante, «trabajadores de Lora del Río no podrán ir a coger patatas a La Rinconada», siendo esta localidad la mayor productora de patata nueva de la provincia.

Petición a la Junta

El Gobierno permite que las comunidades autónomas ajusten el criterio del carácter limítrofe en función de la estructura territorial, teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de los municipios.

En este sentido, Asaja Sevilla señala que insistirá a la Junta de Andalucía «para que se elimine este aspecto y no se restrinja la movilidad de los trabajadores agrarios a un sólo municipio», lo que haría, en muchos casos, «imposible cubrir la demanda de empleo en el campo, objeto por el que se ha publicado este Real Decreto-Ley».

El desplazamiento a los tajos desde que se decretó el estado de alarma sigue preocupando a Asaja Sevilla, insiste su presidente, que reclama «más flexibilidad» que la actualmente permitida en la que sólo pueden viajar dos personas en turismos y tres en furgonetas de nueve plazas, pero «siempre y cuando se garanticen las medidas de protección de los trabajadores».

En este sentido, la patronal agraria valora positivamente el trabajo del Ejecutivo andaluz respecto a la contratación de autobuses para desplazar a los trabajadores agrarios. La Consejería de Agricultura, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas han consensuado una serie de rutas básicas, aprobadas ya incluso en Mesa de Interlocución.

Estos trayectos se realizarán de lunes a viernes, y en sentido de ida y vuelta, ajustando el transporte a la demanda de cada caso y estableciéndose tanto un origen y destino concretos como las paradas intermedias que efectuará cada vehículo en las provincias.

En el caso de la provincia de Sevilla se contempla la necesidad de que trabajadores sevillanos se desplacen hacia Huelva para la recolección de frutos rojos. Así, se establecen dos rutas básicas. La primera es la Ruta SE1, con origen en La Algaba e irá hasta Lora del Río/Peñaflor, parando en Brenes, Villaverde y La Rinconada. La Ruta SE2 conectará Aznalcóllar con la zona de frutos rojos (Huelva, Moguer, Palos de la Frontera, etc).

Seguir cobrando el paro

Otro de los asuntos más polémicos del documento es la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral con el desempeño de las tareas agrarias. Algo en lo que habría que «reflexionar», según Ricardo Serra, y que el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, califica como una medida «más voluntariosa que efectiva».

En este sentido, explica que «muchos de los parados registrados tanto en el INEM como en la Seguridad Social Agraria no son trabajadores del campo, ya que el régimen agrario siempre ha sido un pequeño cajón desastre para que tuviesen cobertura de seguridad social muchísima gente de los pueblos y ciudades, dados de alta en ese régimen pero que luego realmente no ejercen ese trabajo en el campo».

Por ello, entiende que esta medida de contratar a parados para trabajar en las campañas agrícolas «no será realmente efectiva a no ser que se pusiera en marcha alguna fórmula para que realmente los afiliados al régimen agrario tengan que desarrollar esa labor cuando se les requiera para no perder la prestación estipulada».