El campo andaluz ha perdido 120 millones de euros en el primer año de la nueva PAC
La bajada de ingresos supera los cálculos iniciales y, a juicio de la Junta de Andalucía, demuestran la necesidad de efectuar cambios en el Plan Estratégico
Andalucía ha perdido 120 millones de euros en el primer año de aplicación de la nueva PAC 2023-27 respecto al ejercicio anterior. Así lo ha constatado un informe de la Consejería de Agricultura, del que ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno, que ha concretado que los agricultores y ganaderos andaluces han recibido importes un 8,3% más bajos que el año anterior.
Esta cifra asciende hasta los 140 millones de euros de pérdidas, un 9,6% menos, si se compara con 2020, último año en el que se realizaron pagos bajo las pautas del anterior marco de la PAC, según se precisa en la referencia del Consejo de Gobierno, donde se puntualiza que, también según los cálculos del Ejecutivo andaluz, las pérdidas ascenderían a más de 500 millones de euros en el periodo completo de la nueva PAC (2023-2027).
«Son datos nefastos, y que demuestran que el nuevo Plan Estratégico de la PAC no se adapta a la realidad del sector agrario de Andalucía y que hacen necesarios cambios urgentes por parte del Gobierno de España», aseguró el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que ha recordado que dichos cambios ya han sido solicitados en reiteradas ocasiones junto a las organizaciones agrarias y que se resumen «en un trato justo a nuestros agricultores».
Cálculos del sector y la Junta
Precisamente la organización agraria Asaja cifraba en 500 millones de euros las pérdidas para todo el periodo 2023-27, 100 millones de euros anuales, una cifra que se supera, incluso, según los cálculos de la Consejería de Agricultura. Los ecorregímenes, los requisitos de la nueva figura de agricultor activo y la regionalización han hecho caer en picado los ingresos de los agricultores provenientes de las ayudas europeas.
El informe de la Junta se ha hecho a partir 1.320 millones de euros en ayudas directas de la PAC del ejercicio de 2023 de los que, a pesar de que el período de pago no concluye hasta el primero de junio de 2024, ya se ha realizado el pago de aproximadamente el 88% del total.
Desde la Junta valoran que esta anticipación del abono de las ayudas por parte del Gobierno andaluz permite «realizar una valoración objetiva de las pérdidas que la nueva PAC provoca en el campo andaluz, abriendo la posibilidad de realizar alegaciones con datos probados».
Según los datos de la Consejería de Agricultura, esta pérdida se concentra en los llamados pagos desacoplados, que poseen la triple finalidad de «contribuir a una renta justa para agricultores y ganaderos, compensar el lucro cesante e incremento de los costes por aumentar la sostenibilidad en sus procedimientos y promover el relevo generacional».
Pagos desacoplados
El importe destinado a los pagos desacoplados representaría aproximadamente 1.160 millones de euros, lo que supondría una pérdida cercana al 11% respecto a la solicitud de 2022 y del 12% a antes de que se aplicara el nuevo marco financiero, es decir, respecto a 2020.
Además, el Gobierno andaluz considera significativo que estas pérdidas «no se distribuyen de manera uniforme en el territorio, resultando especialmente perjudicadas las comarcas agrarias más productivas, que pierden por encima del 15% respecto a la campaña anterior».
Alegaciones con el sector agrario
El Gobierno andaluz, en acuerdo alcanzado con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha remitido al Ministerio «nuevas alegaciones al Pepac que permitan solventar esta situación».
En concreto, la Junta ha explicado que se ha solicitado «la introducción de las necesarias flexibilidades de los requisitos de las ayudas de la PAC para adaptarlos a los diversos sistemas agrarios andaluces y tener en cuenta la situación de extrema sequía que sufre Andalucía».
A su vez, estas alegaciones instan a resolver «dos cuestiones fundamentales que generan pérdidas de fondos para Andalucía, como son la definición de las regiones de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y, por otro, la determinación de los tipos de superficie de los ecorregímenes que, al no estar convenientemente adaptados a la realidad agraria andaluza, provocan un importante impacto socioeconómico en algunas de las comarcas y sectores de Andalucía».
La Junta considera que «resultan posibles modelos alternativos al regional de ayuda básica a la renta que limiten las pérdidas máximas de las regiones más perjudicadas, evitando el importante impacto sobre la renta de los agricultores y la resiliencia de las explotaciones en estas zonas».
Además, en cuanto al diseño de los tipos de superficie que determinan el nivel de las primas, resulta «necesaria una zonificación global más compleja que la presentada en los ecorregímenes de la PAC 2023-2027, de manera que la determinación de la capacidad productiva del territorio no se base en una única variable, ya que hay diversos factores que influyen directamente».
Al respecto, el Gobierno andaluz ha puesto de relieve que la Universidad de Córdoba ha elaborado un estudio que apunta modelos «más adaptados a las singularidades de Andalucía con los que se evitarían, en buena medida, las pérdidas económicas, y que podrían tenerse en cuenta por parte del Estado para dar respuesta a esta alegación de los agricultores y ganaderos».
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