El campo andaluz se rebela contra el Plan Estratégico nacional de la PAC: será «mortal» para Andalucía
Asaja asegura que los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027
La propuesta de Plan Estratégico de la PAC que el Gobierno de España enviada a la Comisión Europea «penaliza la diversidad productiva y supone un claro agravio para los agricultores y ganaderos andaluces que, si no se logra modificar y entra finalmente en vigor en 2023 tal y como ahora está redactada, perderán más 450 millones de euros en el quinquenio 2023-2027», según ha denunciado Asaja Sevilla en una nota de prensa.
Según denuncia la organización agraria, el documento que presentado en el Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, y que ha sido enviado a Bruselas «no refleja el planteamiento unánime que le ha trasladado Andalucía, región que cuenta con 230.000 agricultores y ganaderos, uno de cada tres de quienes desarrollan la actividad agraria en nuestro país, a quienes esta propuesta asesta un tijeretazo de más de 90 millones de euros anuales. Por lo que una PAC que no es buena para Andalucía, que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España».
No es un documento definitivo
No obstante, recuerda que el documento que ha remitido España a Bruselas es provisional y está sujeto a modificaciones, puesto que la consulta pública que abrió el Ministerio de Agricultura el pasado 30 de noviembre estará abierta hasta el 4 de febrero, por lo que el Ministerio tiene la obligación de analizar todas las propuestas que le lleguen hasta esa fecha.
Además, Asaja destaca que la Comisión Europea enviará al Gobierno de España todos los comentarios que considere pertinentes sobre la propuesta española durante todo el primer trimestre de 2022 y sólo será definitivo el Plan Estratégico que envíe España en el segundo trimestre del año a la Comisión Europea.
Dado que aún hay tiempo de reacción y «mucho margen de mejora», desde Asaja Sevilla instan al Ministerio de Agricultura a «reconsiderar las propuestas que todo el sector agrario andaluz, de manera unánime y con el propio presidente de la Junta de Andalucía a la cabeza le está planteando en unidad de acción en aras a mejorar el documento y evitar que se produzca un agravio comparativo de consecuencias irreversibles para el campo andaluz y español».
De lo contrario, «se estaría perpetrando un atentado contra la capacidad productiva, contra el empleo y contra la viabilidad y la economía de las explotaciones agrarias, consagrando así la peor reforma de la historia de la PAC», concluye Asaja.
COAG cuantifica las pérdidas en 700 millones de euros
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía es «vergonzoso» que el ministro presente un plan «que va a marcar el futuro inmediato de la agricultura de nuestro país, dando la espalda a las reivindicaciones de Andalucía, la comunidad autónoma con más peso en el sector agrario español y europeo, y estableciendo además que sea la única región española que pierde con esta propuesta del Ministerio de Agricultura».
En concreto, el sector agrario andaluz va a perder 700 millones de euros en el periodo 2023-2027, que se suman a los 900 millones de euros que ya desaparecieron con la anterior reforma, lo que sería «mortal» para la comunidad, con un recorte de 233 millones de euros anuales que van a sufrir 125.000 explotaciones profesionales andaluzas, «las más productivas y las que generan más empleo y valor añadido en las zonas rurales».
Por ello, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, afirma que esta reforma «ataca al modelo profesional de agricultura y abre las puertas de las ayudas a los mercados financieros». En este sentido, asegura que «no vamos a aceptar nunca este Plan Estratégico mortal para Andalucía y estamos dispuestos a luchar».
Para López, el ministro Planas ha presentado un Plan Estratégico «disfrazado de falsedades y ‘vendido’ a la opinión pública con demagogia, enmascarando como política medioambiental un recorte para las explotaciones agroganaderas de un 23 por ciento –de lo que antes se denominaba pago verde–, a través de los nuevos ecoesquemas, que no se han diseñado respetando la diversidad productiva, acorde a las regiones agronómicas definidas para el pago básico al tener en cuenta factores agronómicos de grupos homogéneos de territorios y el tamaño físico y económico de las explotaciones que los conforman, como ha demandado insistentemente Andalucía».
Es decir, «los agricultores y ganaderos andaluces, en la mayoría de los casos, van a tener pérdidas añadidas al invertir en prácticas agrícolas más sostenibles, ya que con los ecoesquemas presentados no se va a compensar el lucro cesante de esas explotaciones, que en teoría, y paradójicamente, es el objetivo de los ecoesquemas».
Un «mazazo»
Asimismo, además de este «mazazo» que supone que haya solo ocho regiones para los ecoesquemas, cuando hay 20 regiones de pago básico, hay que destacar que este Plan Estratégico también abre la puerta de las ayudas a los mercados financieros y fondos de inversión, afirma COAG.
Sobre este asunto, el responsable de COAG Andalucía explica que «de los 19,6 millones de hectáreas que actualmente cubren los fondos de la PAC, el Ministerio pretende que afecte a todo el Sigpac, pudiéndose alcanzar la cifra de 28 millones de hectáreas para repartir el presupuesto, accediendo de este modo a las ayudas las tierras menos productivas, que nunca han estado contempladas en la PAC y de las que se han ido apropiando los mencionados mercados financieros, que meten la cabeza en las ayudas de la PAC y en la alimentación, con la seria amenaza que esto supone no sólo para el sector agrario profesional, sino para la población en general. Y no lo vamos a permitir».
Un informe con los aspectos que se deben mejorar
Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado un informe al Ministerio de Agricultura en el que le presenta mejoras que se deberían incluir en la versión inicial del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC).
En concreto, la organización agraria considera «imprescindible» que, para lograr una PAC equilibrada, se debe tener en cuenta que, según datos del propio Ministerio, la renta media de trabajo del agricultor es del 71,4% del salario medio de sectores económicos en España, por lo que sigue siendo vital el apoyo a las rentas de agricultores y ganaderos.
Además, insiste en un comunicado en que este apoyo debe ser «más intenso» cuanta mayor proporción de los ingresos totales del agricultor o ganadero provengan de la actividad agraria, ya que en estos casos su renta va a estar mucho más por debajo del resto de sector que aquellos beneficiarios que no se dedican prioritariamente a la agricultura.
Siguiendo este diagnóstico, Unión de Uniones considera que, «si en la próxima PAC se desea realmente una mayor protección de la viabilidad de la agricultura y la ganadería como medio de vida y motor económico en el medio rural, desde Agricultura se debe apostar por una definición de agricultor activo enfocada prioritariamente en la figura del agricultor y ganadero profesional».
«Debido a que en la actual PAC el Ministerio de Agricultura no diseñó un apoyo suficiente hacia los agricultores y ganaderos profesionales, los que nos dedicamos a la agricultura y ganadería como fuente principal de nuestros ingresos hemos visto debilitada nuestra situación, siendo los más vulnerables a los riesgos de la actividad agraria recibimos un apoyo francamente insuficiente», han señalado desde la organización.
«Insuficiencia de apoyo»
Para enmendar esta «insuficiencia de apoyo», Unión de Uniones considera que «la palanca clave para mejorar la situación es una definición de agricultor activo centrada en la figura agraria profesional, pero además de esta definición, ha planteado a Agricultura una lista de medidas que refuercen la posición de los mismos».
Entre otras modificaciones, la organización propone mecanismos compensatorios de los efectos negativos que tiene la convergencia obligatoria, así como la mejora del enfoque de la ayuda complementaria a la renta redistributiva para lograr su refuerzo.
Respecto a la «degresividad» que en la versión inicial del Plan Estratégico se propone desde el Ministerio para los ecorregímenes (anteriormente denominados ecoesquemas), los umbrales establecidos por el Ministerio son «totalmente desacertados y desconectados de la realidad de los sectores agrarios», concluye Unión de Uniones.
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