Prórroga de la PAC: Tranquilidad en cuanto al modelo, inquietud por el importe de las ayudas
El Parlamento y el Consejo europeos cierran un acuerdo político que prorroga durante dos años el marco normativo de la actual Política Agraria Común (PAC), que se mantendrá hasta la entrada en vigor de la futura reforma en 2023
Las instituciones europeas han acordado un reglamento de transición de dos años de la actual Política Agraria Común (PAC), que servirá de puente hasta la entrada en vigor de la nueva reforma agraria, algo que se pospondrá a 2023.
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han cerrado un acuerdo político provisional y parcial sobre esas disposiciones, que abarcarán 2021 y 2022, en lugar de un solo año como había propuesto inicialmente la Comisión Europea. No obstante, Asaja Sevilla explica que «todas las cifras económicas que recoge este borrador son provisionales, pues se actualizarán una vez que se apruebe el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 actualmente en discusión».
Esto quiere decir, según explica el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro, que «lo que se mantiene igual es el marco normativo que dará cobertura a los agricultores y ganaderos, es decir, que el modelo de las ayudas no cambia, pero puede haber recortes significativos en el importe de las ayudas a cobrar ya en el anticipo del mes de octubre».
En este sentido, Caro recuerda que las solicitudes únicas de ayudas entregadas este año, y cuyo plazo de modificación terminó el pasado 30 de junio, «se pagarán con cargo al nuevo marco financiero, por lo que hasta que no se defina el presupuesto agrario de los próximos siete años no se sabrá cómo afectará a las ayudas PAC».
Mala propuesta de partida
El panorama no es muy alentador ya que la propuesta que hay sobre la mesa baraja reducir el presupuesto de la PAC en 35.000 millones de euros (un 9%). Esta caída presupuestaria, de aprobarse en tales términos, supondrá para España perder 4.300 millones de euros, y un recorte de 1.160 millones de euros para el campo andaluz en el periodo.
No obstante, el sector agrario está «esperanzado» en que en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebrará la semana que viene (17 y 18 de julio) se logre un acuerdo sobre el marco financiero plurianual y un incremento del presupuesto de la próxima PAC, pues «de ello depende, en gran medida, la continuidad de la actividad agraria y ganadera en la comunidad, acosada por los bajos precios de las producciones, las importaciones indiscriminadas de productos de peor calidad de terceros países y las continuas limitaciones a la actividad agraria», critica la patronal Asaja.
El sector tiene a favor que desde el pasado 1 de julio es Alemania quien preside el Consejo Europeo, tras relevar a Croacia, y la ministra de agricultura alemana, Julia Klöckner, ha señalado ya que la cuestión del marco financiero será una de las áreas principales de trabajo.
Así pues, en el mejor de los casos, el próximo 18 de julio podría cerrarse el acuerdo sobre la ficha presupuestaria del nuevo marco 2021-2027. Superado el escollo del presupuesto, sería necesario actualizar las cifras económicas en el reglamento de transición de la PAC, cuya adopción final se trasladaría a septiembre-octubre de 2020.
Lo que aún no está del todo claro es cómo afectarán estos dos años de transición al proceso de convergencia interna de los derechos de pago básico, si se seguirá avanzando con vistas a igualar los importes de las ayudas que se cobren en una determinada región o se tomará la referencia de 2019.
Próxima PAC 2021-2027
En cualquier caso, esta prórroga da oxígeno para trabajar en la próxima reforma, cuyo contenido augura un avivado debate en cuestiones polémicas como será el del reparto de las ayudas, la continuidad o no de los derechos históricos, la definición de agricultor genuino, la cuantía del pago máximo por explotación (capping) o las regiones agrarias, «asuntos que ahora podrán analizarse con tiempo suficiente», apunta el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.
España está trabajando en su Plan Estratégico Nacional de cara a la futura PAC desde principios de 2019. Tras el parón motivado por la pandemia del Covid-19, se van a retomar los trabajos centrados en la priorización de necesidades para cada uno de los objetivos que persiguen los resultados hacia los que se orienta la propuesta de reforma de la PAC post 2020, que se quieren terminar en este mes de julio.
Una de las fases más importante del Plan Estratégico comenzará este otoño, con la discusión sobre la «Estrategia de intervención», basada en el trabajo técnico hecho durante 2019 y 2020. Aquí es donde se incluye el debate de las exigencias de los aspectos medioambientales para cumplir los objetivos que se ligan a las estrategias «De la granja a la mesa» y «Biodiversidad en el horizonte 2030». Documentos que obligan a incrementar la superficie de agricultura ecológica hasta el 25% de la superficie agraria total de Unión Europea, a dejar un 10% de las tierras agrarias para fines no productivos, a reducir el uso de abonos en un 20% y el uso de fitosanitarios en un 50%, así como a incrementar las zonas incluidas en Red Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera.
Calendario previsto
El cronograma con el que está trabajando el Ministerio de Agricultura prevé tener un borrador del Plan Estratégico Nacional de la PAC en abril de 2021. Ese borrador tendrá que contar con el visto bueno de Bruselas y, si todo va bien, la intención es que entre julio-septiembre de 2021 esté listo el plan definitivo. La Comisión tendrá ocho meses para aprobar el documento que presente España, que contará con el segundo semestre de 2022 para el desarrollo de la normativa a nivel nacional y autonómico para que entre en vigor el 1 de enero de 2023.
No obstante, lograr una posición común frente a la PAC en el debate interno será clave. El Gobierno empieza a sondear la opinión de las comunidades autónomas. De hecho, en la próxima conferencia sectorial prevista para finales de julio se tanteará las posiciones sobre aspectos fundamentales del Primer Pilar (ayudas directas), y en la que tendrá lugar en septiembre-octubre se hará lo propio con los aspectos del desarrollo rural.
Ayudas para sectores en crisis
A la incertidumbre sobre el importe de las ayudas que recibirán los agricultores ya en esta PAC se suman las inquietudes económicas tras la sacudida que la pandemia ha supuesto para muchos sectores del campo, especialmente los ganaderos.
Por ello, Bruselas dará a los Estados miembros más margen para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por el Covid-19. Así, la Comisión adoptó un Marco temporal para medidas de ayuda estatal para apoyar la economía agrícola en la crisis actual, que permite canalizar hasta 100.000 euros para los agricultores individuales.
Esta cantidad puede completarse con ayudas de mínimis (que no precisan la aprobación previa de la Comisión), cuyo límite máximo ha aumentado a 20.000 euros en tres años consecutivos. Esto significa que el apoyo nacional total que puede otorgarse por explotación suma 120.000 euros.
Además, Andalucía puede reprogramar fondos disponibles que tiene en su Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para hacer frente a la situación actual, con un tope máximo de ayuda de 7.000 euros por agricultor y 50.000 euros por Pyme. La condición que pone Bruselas es que la convocatoria de estas ayudas salga antes de final de año y se abonen antes del 30 de junio de 2021.
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