Rechazo en el campo andaluz al plan de choque contra el empleo temporal
Exigen la conversión de contratos eventuales en indefinidos pese a la corta duración de las campañas agrícolas y la dependencia de mano de obra foránea
El campo andaluz sigue sumando afrentas de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Así, a la cruzada que el sector tiene contra el titular de Agricultura, Luis Planas, por el decreto de transición de la PAC, que ha llevado a sacar de nuevo a los tractores a la calle e iniciar una campaña indefinida de movilizaciones en las distintas provincias andaluzas, se suman el perjuicio para determinados productos insignes de la dieta mediterránea -y muy arraigados a Andalucía como la aceituna, el jamón o el queso-, por su calificación en el sistema de etiquetado frontal «Nutriscore», que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, defiende e implantará en 2022.
O la desprotección en la que quedan los ganaderos de extensivo tras la decisión de la conservación del lobo, que no se podrá cazar en toda España, gracias al apoyo al depredador (que no a la ganadería) de la ministra del área, Teresa Ribera.
Por si esto fuera poco, ahora llega la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a dar una vuelta de tuerca más a esta campaña de acoso y derribo al sector agrario, apuntando con su dedo amenazante al empleo en el campo, ese que ha posibilitado el abastecimiento alimentario en este último año de pandemia y el que está llamado a ser colchón de la crisis.
Si las primeras actuaciones de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo fueron encaminadas a detectar «casos de esclavitud o prácticas similares» en explotaciones agrarias, su nuevo Plan de Choque busca evitar el fraude en la contratación temporal en todos los sectores de actividad y, por primera vez, también se incluye al sector agrario.
Cartas a los empresarios
Así, desde el pasado 22 de febrero, están llegando miles de cartas dirigidas a los empresarios del campo en las que se les insta a transformar sus contratos temporales en fijos en el plazo perentorio de un mes, ante «supuestas irregularidades detectadas».
En caso de no proceder así, las cartas avisan de que se emprenderán actuaciones inspectoras y se impondrán duras sanciones. Para detectar dichos supuestos indicios de abuso, el Ministerio ha utilizado la Herramienta de Lucha contra el Fraude, un recurso tecnológico que cruza datos de afiliación de la Tesorería de la Seguridad Social, los de contratación del SEPE y, en ocasiones, los de la Agencia Tributaria.
Por ello, «están llegando cartas a todo tipo de empresas agrarias, grandes, pequeñas y medianas, lo que está provocado una enorme preocupación y malestar en todas las provincias del campo andaluz», señala el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín.
En las misivas recibidas se recuerda a los empresarios del campo que deben transformar un contrato temporal en indefinido en los casos de encadenar dos o más contratos de este tipo por un periodo de más de 24 meses, con solución de continuidad o no, en los últimos 30 meses, entre otros supuestos.
El empleo agrario
Este plan de choque contra el abuso en la temporalidad es el tercero que se despliega a nivel nacional. Ya en 2018 y 2019 hubo otros precedentes, en los que el campo estuvo exento, debido a las condiciones particulares en las que se desarrolla el empleo agrario.
Un empleo marcado por la estacionalidad de las campañas, la fuerte dependencia de trabajadores temporeros procedentes de otros países, la larga tradición y arraigo de las fórmulas y regímenes singulares de contratación que contempla la negociación colectiva del sector, o las dificultades para cubrir las necesidades de mano de obra en las diferentes tareas agrícolas.
Por otra parte, cabe recordar que el Régimen Especial Agrario lleva desde el año 2012 en proceso de incorporación al Régimen General de la Seguridad Social, sin que se haya desarrollado una reglamentación específica para esta convergencia, algo que llevan años demandando las organizaciones agrarias para evitar vacíos legales en este sentido.
Por ello, Asaja Sevilla critica que con este tipo de campañas del Ministerio de Trabajo se persigue una integración «a las bravas», denunciando que el Gobierno pretende «maquillar las cifras estadísticas de desempleo y precariedad laboral a costa del campo».
Asaja apunta que la gran mayoría de los contratos que se realizan en el campo andaluz son eventuales porque son contratos de campaña, que no llegan a convertirse en fijos-discontinuos en la regulación del convenio colectivo en vigor en la provincia, para lo que se necesitan 170 días de trabajo efectivo al año durante tres años consecutivos o cuatro años alternos en la misma empresa.
«Qué más quisiéramos los agricultores que tener trigo, naranjas o aceitunas en el campo todo el año, pero no es posible. Las campañas duran lo que duran», enfatiza Eduardo Martín, que apunta que «el trabajador eventual es la columna vertebral del empleo agrario, y quien no lo quiera ver es porque no entiende cómo funciona este sector, en el que hoy hay trabajo pero mañana no».
En el mismo sentido se pronuncia el asesor laboral de Asaja Sevilla, Felipe Gayoso, quien lamenta, además, que esta campaña llega en un momento en el que «no hay bonificación a la Seguridad Social para la conversión de contratos temporales en indefinidos», lo que supone «un coste añadido más para el empresario agrario en un contexto muy complejo, derivado por la crisis de precios que vive el sector y las complicaciones a consecuencia del Covid-19».
Rechazo del trabajador
Este Plan de Choque ha provocado un profundo rechazo por parte de los empresarios, «pero también de muchos trabajadores del campo». A este respecto, Felipe Gayoso recuerda que el subsidio agrario se creó como complemento de renta para los trabajadores eventuales, por lo que el traspaso a un contrato fijo supondría «renunciar al subsidio agrario, razón por la que muchos trabajadores prefieren seguir siendo eventuales».
A esto se suma que el precio a cobrar varía según el tipo de contrato. Así, por ejemplo, un tractorista fijo cobraría 30,91 euros al día, mientras que un tractorista eventual cobraría 46,92 euros diarios, según las tablas salariales que contempla el convenio del campo sevillano para 2021.
Esta situación inquieta sobremanera a los empresarios agrarios que ya han recibido por correo la mencionada misiva, ya que «se les requiere para la inmediata regularización de las contrataciones y se les da apenas un mes para ello, incurriendo en una falta de seguridad jurídica. Y es que las cartas llegan por correo ordinario y no certificado, por lo que no saben cuándo les vence el plazo», critica el secretario general de Asaja Sevilla.
En este sentido, señala que están recibiendo «un aluvión de dudas de empresas agrarias» que se preguntan, entre otras muchas cuestiones, «¿tengo que hacer fija a la cuadrilla aunque actualmente no tenga ninguna campaña en vigor y no haya trabajo en la explotación?», o «¿Cómo tengo que proceder si a mano de obra es extranjera viene para la campaña desde Marruecos?».
A la espera de una reunión con Díaz
Asaja ha solicitado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que suspenda las acciones que ya están en marcha y las actuaciones inspectoras anunciadas en dichas cartas, hasta tanto no se pueda actuar con verdadero conocimiento de la situación del sector, prestando la merecida consideración a la marcada estacionalidad, a la singularidad y heterogeneidad de las formas y dinámicas de contratación de mano de obra en el campo.
En este sentido, desde Asaja se ha solicitado a nivel nacional una reunión con los máximos responsables del Ministerio, con el fin de dar a conocer las particularidades del sector agrario que justifican un tratamiento diferenciado en el marco de esta nueva campaña inspectora.
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