El recrecimiento del Agrio peligra por una nueva modificación legal del Ministerio

Con el decreto de sequía en trámite, que aboca a más de cuatro millones de personas al ahorro hídrico y que condiciona el futuro de numerosos cultivos, los regantes andaluces insisten en que la limitación de la demanda no es suficiente para solucionar una sequía que es «estructural».

Por ello, la asociación andaluza que integra a las comunidades de regantes, Feragua, asegura que el problema de la sequía, que es cíclico, «solo se atajará aumentando la capacidad de regulación de la Cuenca del Guadalquivir con nuevas presas, microembalses y balsas que aumenten la garantía de agua».

Sin embargo, una de estas obras hidráulicas, vitales para la provincia de Sevilla y contemplada en el proyecto del Plan Hidrológico del Guadalquivir para el horizonte 2022-2027 -en consulta pública hasta el próximo 22 de diciembre-, está en peligro.

Se trata del recrecimiento de la presa de El Agrio, localizada en el municipio de Aznalcóllar, una obra dotada con un presupuesto de 30 millones de euros en el Plan Hidrológico. Feragua denuncia que esta obra podría verse impedida tras la modificación que pretende hacer el Ministerio del Real Decreto 907/2007, de 5 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, según ha presentado en el Consejo Nacional del Agua, lo que vendría a «cambiar las reglas del juego en mitad del partido».

Y es que «la modificación del artículo 39.2.b) del Reglamento de Planificación Hidrológica y el procedimiento que se introduce con el nuevo artículo 233 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, se presenta cuando el período de consulta pública de un nuevo ciclo de planificación hidrológica está muy avanzado, por lo que se pone en riesgo las inversiones planteadas, como es el caso de la presa de El Agrio,», explica Ana Loaiza, abogada de Feragua.

Mediante esta reforma, el Ministerio introduce la obligatoriedad de un procedimiento administrativo de verificación (con el nuevo artículo 233 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico) previo a la inclusión de las actuaciones en los planes hidrológicos, que además «supone imponer una carga administrativa innecesaria y redundante», insiste la abogada.

Voto en contra

El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, votó en contra de esta reforma en el Consejo Nacional del Agua, e insiste en que de aprobarse el nuevo procedimiento del artículo 233 bis, al recrecimiento del embalse del Agrio «le faltaría un trámite administrativo para poder ser incluido en el Plan Hidrológico, con el consiguiente riesgo de verse excluida del mismo».

No obstante, avisa de que «si esta no es la intención de la Administración General del Estado, es necesario revisar de forma inminente el texto del proyecto de modificación, para que ninguna traba administrativa impida acometer las actuaciones hidráulicas previstas en los proyectos de planes hidrológicos expuestos en información pública».

El proyecto

La presa de El Agrio se construyó, sobre el río del mismo nombre, en los años 70 por la empresa concesionaria de la mina de Aznalcóllar, para disponer de agua suficiente para las distintas necesidades de dicha explotación. El embalse generado por la presa tenía una capacidad máxima de unos 40 hectómetros cúbicos (hm3), pudiendo atender con las garantías legales a un volumen aproximado de 14 hm3.

El desastre ecológico sufrido en 1998, con la rotura de la balsa de estériles, la paralización de la actividad minera y el posterior abandono por parte de la empresa Boliden de todas las instalaciones, incluida la presa, obligó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a hacerse cargo de la instalación. Es decir, la presa con sus correspondientes desagües, embalse, etc.

En años posteriores, y debido a avenidas invernales, se comprobó la falta de eficacia del aliviadero de la presa, por su reducido tamaño, por lo que el embalse llegó a verter por un extremo de la coronación de la presa. Por ello, se construyó un nuevo aliviadero, en la ladera derecha, reduciendo la capacidad de éste a aproximadamente 20 hm3 y el volumen garantizado a unos 7 hm3 para uso industrial o a 9 hm3 para uso agrícola, ambos inferiores a la demanda existente.

Aguas subterráneas

En la cuenca baja del río existe una pujante agricultura intensiva con un importante consumo de aguas subterráneas, desarrollada al amparo de las previsiones del antiguo Plan Almonte Marismas, que aunque no llego a desarrollarse en su totalidad, sí lo hizo en esa zona.

Estas explotaciones cuentan con sus preceptivos títulos de derecho de aguas, pero el efecto acumulado de décadas de extracciones ha producido importantes descensos en el nivel del acuífero. El proyecto original de la presa contempla la posibilidad de un recrecimiento hasta alcanzar los 60 hm3 de capacidad máxima, lo que permitiría aumentar el volumen actual con garantía en al menos 8 hm3 que podrían dedicarse a sustituir extracciones de aguas subterráneas, con el consiguiente beneficio y mejora de las masas de agua afectadas.

Así, el recrecimiento del embalse del Agrio tendría un doble objetivo: Por un lado, solucionar los problemas de seguridad del embalse actual y, por otro, permitir liberar las masas de agua subterráneas del entorno de Doñana de parte de la presión de las extracciones para riego.