Llegó la hora de decidir el reparto nacional de la PAC, en el que Andalucía se juega 1.300 millones

En apenas dos días, Andalucía pone en juego más de 1.300 millones de ayudas europeas que recibe actualmente de la Política Agraria Común (PAC) entre pago básico y pago verde, y que se reparten entre unos 232.000 perceptores andaluces.

Y es que este miércoles, 14 de julio, es el día elegido por el ministro de Agricultura, Luis Planas, para reunirse con los titulares de las Consejerías de Agricultura de todas las comunidades autónomas, convocándolos a la Conferencia Sectorial monográfica para tratar de definir el modelo de aplicación de la futura PAC en España, que se plasmará en el Plan Estratégico nacional.

Un documento que deberá remitirse a la Comisión Europea antes del próximo 31 de diciembre, por lo que la voluntad del ministro, según ha declarado, es alcanzar un acuerdo sobre las principales líneas durante dicho encuentro. Algo que, a priori, se antoja difícil, debido al rechazo manifestado por varias comunidades autónomas a muchas de las propuestas que recoge el nuevo modelo de ayudas presentado en una reunión técnica previa, celebrada la semana pasada.

Entre las más díscolas destaca Andalucía, comunidad que tras conocer el borrador del Plan Estratégico, ha manifestado que «no está dispuesta a firmar el cheque en blanco que supone la propuesta nacional para la nueva PAC planteada por el Ministerio», un documento que ha calificado como «poco clarificador», ya que «no despeja dudas sobre aspectos que son necesarios definir antes de alcanzar un gran pacto».

La nueva reforma agraria, que empezará a aplicarse en el campo a partir de 2023, «marcará el futuro de los agricultores y ganaderos andaluces a diez años vista», por lo que desde la Junta de Andalucía se ha pedido al Gobierno central «estudios de impactos para que los consejeros puedan tomar una decisión con garantías suficientes en la próxima Conferencia Sectorial».

Cabe recordar que Andalucía sigue insistiendo en que los reglamentos europeos de la PAC aprobados en Luxemburgo permiten aplicar el actual modelo andaluz con un incremento de las medidas ambientales, un modelo defendido en conjunto por todas las organizaciones profesionales agrarias, basado en la regionalización de las ayudas como el pago básico a la renta y los ecoesquemas, y en el sistema de derechos.

La temida tasa plana

Pese a lo indefinido de las propuestas del borrador del Plan Estratégico, hay tres aspectos considerados especialmente perjudiciales para Andalucía y son: la reducción drástica del número de regiones y la posible eliminación de los derechos, los ecoesquemas y los fondos para el desarrollo rural.

Actualmente, España cuenta con un total de 50 regiones productivas (de las que 48 están en Andalucía y 14 en la provincia de Sevilla). La nueva propuesta del Ministerio señala una simplificación con un máximo de 20 regiones, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.

En concreto, el documento propone entre 4 y 20 regiones, cuando ese máximo supone ya una reducción del 60% respecto a las 50 regiones actuales. Esta drástica eliminación supondría fijar una tasa plana en el sistema de ayudas directas, lo que beneficiaría a otros territorios en detrimento de Andalucía.

Dimensión de las explotaciones

La mayor productividad alcanzada por el sector agrario andaluz por sus condiciones naturales y el mayor nivel de inversión ha permitido generar un valor medio del derecho de pago básico más alto que la media española (229 euros en Andalucía frente a 145 euros de media nacional). No obstante, al ser la dimensión media de las explotaciones andaluzas menor a la del resto de España, el valor medio de las ayudas recibidas por beneficiario sitúa a Andalucía en octavo lugar.

Establecer una ayuda homogénea por hectárea, con independencia del sistema productivo, la tipología del cultivo, la ubicación, el empleo generado, etc., favorecería a las explotaciones de mayor superficie, en detrimento de las de menor dimensión física (como las andaluzas), que verían reducirse sus ingresos.

Por ello, el sector agrario andaluz reclama que el Plan Estratégico de la PAC respete las distintas realidades productivas. Y es que no se puede olvidar que la propuesta del Ministerio establece que, una vez que se determinen las regiones, el valor unitario de la ayuda convergerá hasta un 85% de la media, sin contemplar además limitaciones en las pérdidas, tal como estaba hasta ahora.

Por tanto, los profesionales del sector con valores unitarios de ayudas altos sufrirán una descapitalización importante. Es el caso, por ejemplo, de un ganadero tipo de vacuno de leche de Los Pedroches que, entre 2022 y 2026 perderá, si no se consideran sus características productivas, «un 60% de las ayudas que percibe».

Por tanto, Andalucía defenderá la regionalización como «un reflejo de la diversidad agrícola y ganadera que hay en España, que representa a más de 25 millones de hectáreas». E insistirá en el mantenimiento de los derechos en la nueva PAC.

Actualmente se pueden cobrar derechos por unos 19 millones de hectáreas a nivel nacional. El resto (unos seis millones de hectáreas) son tierras no productivas. Por tanto, «el mantenimiento de los derechos es una forma de limitar el sistema para que no se concedan ayudas a la superficie que no sea productiva».

En este sentido, Andalucía advierte que la reducción drástica de las regiones y la eliminación de los derechos, en el peor de los escenarios, puede conllevar pérdidas de hasta el 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente los agricultores y ganaderos andaluces, insistiendo en que las pérdidas afectarían en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido (en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación) y que son los que han generado unos derechos más altos.

Ecoesquemas

En cuanto a la novedad de esta reforma agraria, los ecoesquemas, la propuesta del Ministerio recoge que irán a estos pagos, destinados a prácticas voluntarias en beneficio del medio ambiente, un 23% del primer pilar más un 2% de gasto ambiental computable procedente del Feader (Desarrollo Rural), para alcanzar así el gasto mínimo obligatorio del 25% fijado a nivel comunitario.

No obstante, no se especifica qué tipo de ecoesquemas habrá, por lo que Andalucía señala que «deberían primarse de forma muy similar dentro de cada una de las regiones que se concreten». Por tanto, se aboga por hacer «tantos ecoesquemas como regiones productivas haya».

Por último, el campo andaluz ha lamentado que la propuesta del Ministerio no determina un reparto de los fondos para desarrollo rural, cuyo presupuesto debería ser «acorde a la importancia del sector agroalimentario andaluz».

Un motor fundamental para la economía regional y también nacional, pues no hay que olvidar que Andalucía aporta el 36% de la renta agraria de España con el 20% de la superficie agraria útil. Por tanto, «la nueva PAC tiene que reconocer el peso agrario de Andalucía a nivel nacional».

Los puntos que centrarán el debate en la próxima Conferencia Sectorial

-Regiones: El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se diferenciará por regiones. Habrá un máximo de 20 regiones.

-Derechos y convergencia: La ayuda se concederá a partir de 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago asignados al finalizar la campaña 2022. El valor nominal de cada derecho convergerá hacia el valor medio de cada región en cinco etapas iguales. La primera empezará en 2022 y para 2026 los derechos deben alcanzar el 85% del valor medio de la región de que se trate.

-Ecoesquemas: Se concederán pagos específicos para quienes voluntariamente los soliciten y lleven a cabo en su explotación determinadas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Cada práctica tendrá asociado un importe unitario. Se financiarán mediante el 23% del primer pilar y el 2% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

-Capping: El importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año. Se podrán descontar los costes salariales y laborales directamente soportados. A partir de 60.000 euros, el importe se reducirá progresivamente con los siguientes tramos:
– Un 25% para el tramo entre 60.000 y 75.000 euros.
– Un 50% entre 75.000 y 90.000 euros.
– Un 85% entre 90.000 y 100.000 euros.

-Condicionalidad social: A partir de 2024 se implantará un sistema de cruce de información sobre las infracciones y sanciones en las directivas laborales. Por otro lado, los sistemas de asesoramiento incorporarán información sobre las condiciones de empleo y las obligaciones de los empleadores, aspectos relativos a la salud, seguridad y protección social en el ámbito agrario.

-Olivar: Se establece una intervención sectorial para el olivar tradicional que contará con 30 millones de euros anuales.

-Pago redistributivo: Se destinará el 20% de la ayuda a la renta, equivalente al 12% del total de las ayudas directas.