Ricardo Serra: «Si no se corrige el rumbo de la PAC retomaremos las manifestaciones»

Agricultor, ingeniero agrónomo y presidente provincial y regional de la patronal agraria Asaja. Es también presidente de la asociación interprofesional Interaceituna y miembro del Comité Económico y Social Europeo.

Ricardo Serra es uno de los principales interlocutores de los agricultores ante las instituciones comunitarias. No en vano, fue el primer representante agrario español en alcanzar la vicepresidencia del COPA. Un bagaje que le da tablas suficientes para analizar el momento decisivo por el que pasa el campo, al albor de la negociación de la nueva reforma agraria que marcará la era post Covid-19.

—Si en Europa hubiese habido un problema de abastecimiento, ¿Se hubiera valorado más el esfuerzo del sector por llenar las despensas?
—Probablemente. Pero no ha habido desabastecimiento, pues los agricultores hemos pasado de estar en la calle reivindicando unos precios justos a producir alimentos en cantidad y calidad durante la pandemia, ayudando también a desinfectar los pueblos. Y la respuesta a esa implicación ha sido un recorte en el presupuesto de la futura PAC y mayores limitaciones productivas, obviando la importancia de tener una agricultura fuerte capaz de sostener a Europa. Un rumbo que, de no corregirse, nos hará volver a las carreteras y retomar las movilizaciones, pues los problemas, lejos de solucionarse, se han visto agravados.

—Soplan vientos fuertes desde Bruselas para el campo andaluz ¿no?
—Esto demuestra lo poco que han aprendido los que tienen que tomar decisiones del papel estratégico del sector agrario en esta crisis. Pero no vamos a dar por válido ni el recorte presupuestario de la PAC 2021-2027 ni las estrategias «De la granja a la mesa» y «Biodiversidad en el horizonte 2030». Hay que hacer ver tanto a la ciudadanía como a los políticos que no podemos seguir pensando igual que en la etapa pre-Covid. La crisis ha demostrado que la agricultura tiene que ser productiva, no dependiente del exterior.

—En cuanto al presupuesto de la PAC, se habla de un recorte de 1.160 millones para Andalucía. ¿Qué va a suponer para el sector?
—Andalucía se lo juega todo en esta reforma, pues tiene una agricultura más potente y con más PAC que muchos países de la UE. La comunidad ha sobrevivido razonablemente bien al despoblamiento, justamente porque ha tenido una agricultura muy activa y mantiene la economía en esas zonas. Pero con un recorte tan acusado en la próxima reforma y unos precios en origen a la baja en la mayoría de sectores agrarios y ganaderos, estas zonas rurales corren un serio riesgo. La propuesta establece una pérdida de 35.000 millones de euros para el nuevo marco, un 9% menos respecto al actual. Por tanto, España perdería 4.300 millones de euros para todo el periodo, y Andalucía 1.160, o lo que es lo mismo, 165 millones cada año. Aunque podrían ser más.

—¿La situación es susceptible de empeorar económicamente?
—Al recorte de Bruselas podríamos sumar el del reparto interno. Andalucía se lleva el 27% de la PAC que recibe España y entre las comunidades autónomas vuelve a haber intereses contrapuestos. De hecho, los derechos históricos y las regiones agrícolas están en tela de juicio.

—Pues el ministro Planas ha dicho que la propuesta de la PAC parte de una buena base para la negociación…
—Es porque compara esta propuesta con la que se barajaba antes. Pero eso es hacer trampas. Hay que comparar estos números con los de la PAC actual. Si el Gobierno inicialmente muestra satisfacción, difícilmente podrá esgrimir argumentos para pedir más. La propuesta es inaceptable, pues a la reducción del presupuesto hay que añadir las mayores exigencias ambientales. Esta mayor ecologización también tiene que ser rentable.

Exigencias ambientales

—¿Qué consecuencias implica el cumplir esos requisitos ambientales?
—Nos piden, por ejemplo, que el 25% de la superficie agraria sea ecológica, y no es realista pensar que el mercado vaya a absorber eso. Además, la agricultura ecológica supone una menor intensificación del cultivo, y por lo tanto, un menor rendimiento. La parte más importante de nuestros ingresos depende de la venta de nuestros productos agrarios. Además, se nos pide que el 10% de las tierras se destinen a elementos no productivos y que el uso de fitosanitarios se recorte un 50%. Por tanto, nos exigen que produzcamos menos a consecuencia de la ecologización, nos recortan dinero de la PAC y encima se hacen acuerdos preferenciales con terceros países, que compiten con nosotros en los mismos mercados y no se les exige el mismo cumplimiento ambiental. La situación es muy preocupante y el Gobierno no debería estar satisfecho con esta realidad, que hay que cambiar.

—Al ministro Planas se le ha reconocido la buena negociación que logró de la PAC actual, siendo entonces consejero de Agricultura de Andalucía y estando en el Ministerio Miguel Arias Cañete. ¿Se tiene ahora la misma confianza?
—Una de las claves del éxito de la reforma 2014-2020 fue el buen entendimiento entre el entonces Gobierno central del PP y el autonómico del PSOE. Ambos dirigentes fueron capaces de apartar sus diferencias políticas y conciliar una propuesta beneficiosa para España y Andalucía. Ahora las tornas se han cambiado a nivel político, y nos preocupa que esa avenencia no se dé. Por ello, Asaja ha pedido tanto al presidente de la Junta, como al presidente del Gobierno de España, que se sitúen al frente de la defensa del sector agrario regional y nacional, respectivamente. También estamos actuando con el Copa-Cogeca y lo haremos con el Consejo Económico y Social Europeo. Es necesario que la nueva PAC aúne sostenibilidad ambiental con sostenibilidad económica y que logre una equidad en la forma de producir los alimentos entre los de origen nacional y los de importación.

Alianzas

—¿Qué alianzas debe promover Andalucía para revertir la propuesta?
—Hay que concienciar a la ciudadanía y a los estamentos con peso político de que la alimentación de unos 500 millones de consumidores europeos no puede depender de terceros países. Pero ni con el presupuesto ni con la filosofía de la PAC vamos en la dirección correcta. Si queremos tener una agricultura solvente y capaz, por lo que pueda venir mañana, tenemos que protegerla, pues es nuestra garantía alimentaria. Por ello, no se entiende la ausencia del comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ni su incapacidad para defender al sector que representa.

—En una negociación como la que viene hay ir paso a paso. ¿Dónde está el primer objetivo?
—En la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de junio. En este encuentro instamos a Pedro Sánchez a exigir un incremento del presupuesto de la PAC, pues de ello depende en gran medida la continuidad de la actividad agraria en nuestro país, acosada por los bajos precios de las producciones, las importaciones indiscriminadas de terceros países y las continuas limitaciones a la productividad agraria.

—¿Y por dónde habría que empezar en la nueva propuesta?
—Es de suma importancia que la Comisión Europea, antes de tomar decisiones sobre los medios que los agricultores podrán utilizar para garantizar el suministro de alimentos, evalúe el impacto económico de los acuerdos preferenciales que tiene la UE con terceros países y el coste que supondrá la aplicación de la estrategia «De la granja a la mesa». Ese sería un buen punto de partida para elaborar una política agraria que concilie las aspiraciones de todos los agricultores y de todas las agriculturas.

Presupuesto adicional para el desarrollo rural

Junto con la propuesta del presupuesto para el marco comunitario 2021-2027, la Comisión Europea ha presentado un fondo para la reconstrucción de la economía de los países de la Unión Europea tras la pandemia, en el que España será el segundo país más beneficiado, detrás de Italia.

En concreto, se trata de un plan de 750.000 millones de los que se destinarán 15.000 millones adicionales a los fondos de desarrollo rural. No obstante, Ricardo Serra ve «muy difícil» que de esta cuantía «se pueda beneficiar la agricultura y la ganadería, que ya cuenta con el presupuesto de la PAC», sobre todo «teniendo en cuenta las múltiples necesidades en otros ámbitos como el laboral o el sanitario que ha provocado el Covid-19 en las zonas rurales».