Sevilla perderá 300 millones de euros de las ayudas europeas para el campo
El cálculo todavía provisional del recorte de los fondos agrícolas de la UE para el nuevo periodo en Andalucía alcanza los 1.280 millones de euros
El campo andaluz no comparte la euforia del Gobierno central sobre el acuerdo básico alcanzado en Bruselas para cerrar el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. El Marco Financiero Plurianual será inferior al actual, sin llegar a 1,1 billones de euros que pedía la Comisión Europea y también países como España, y los fondos destinados a la agricultura y la ganadería, a través de la Política Agraria Común (PAC), se recortarán en un 10%, pese a que las peores previsiones que se manejaban en el mes de mayo establecían una bajada del 9%.
Así, de los 382.800 millones de euros del periodo actual 2014-2020 se pasará a un montante de 343.944 millones para 2021-2027, lo que representa según denuncia Asaja, «un recorte de casi 39.000 millones de euros en la UE-27 en el periodo, de los cuales, 27.500 millones corresponderían a pagos directos y medidas de mercado y 11.350 millones de euros a recortes en Desarrollo Rural».
Los recortes serían de un 9’6% en pagos directos y ayudas de mercado (Primer Pilar) y del 11% en Desarrollo Rural (Segundo Pilar), incluyendo ya los 7.500 millones de los fondos de la recuperación destinados al desarrollo rural (aunque inicialmente se barajaba una partida de 15.000 millones).
Sin tener cálculos definitivos del reparto por países, pero teniendo en cuenta el peso de España en los fondos agrícolas de la UE (más del 13% del Primer Pilar y un 8,5% en Desarrollo Rural), los agricultores españoles podrían llegar a perder 4.742 millones de euros en el periodo, o lo que es lo mismo, 677 millones anuales.
Pérdidas en Andalucía y en Sevilla
Trasponiendo las cifras a Andalucía, que recibe un 27% de los fondos de la PAC, «las pérdidas para el campo andaluz supondrían 1.280 millones de euros en el periodo, y el recorte estimado para el campo sevillano asciende a 300 millones de euros, lo que supone 43 millones de euros anuales que dejarían de invertirse en la agricultura y en la ganadería de la provincia», destaca el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.
Se trata de unas estimaciones que la patronal agraria hace «en precios de 2018 (constantes), que es como las Instituciones Europeas diseñan sus presupuestos», y es aquí donde radica la principal diferencia dialéctica que enfrenta a las organizaciones agrarias con el ministro de Agricultura Luis Planas, que niega recorte alguno y asegura que «el Gobierno ha cumplido el objetivo de mantener el presupuesto para agricultores y ganaderos en la próxima PAC».
Así, mientras que las organizaciones hablan en precios constantes, el ministro hace sus cuentas «en precios corrientes», es decir, incluyendo una inflación anual promedio del 2% que se va sumando y el montante final, por tanto, es más elevado.
En su defensa ha señalado Planas que la metodología utilizada «es la misma que usó el PP en el año 2013» para articular la PAC que está aún en vigor, siendo entonces ministro del ramo Miguel Arias Cañete. Por ello, Luis Planas ha subrayado que es «un acuerdo histórico del que todos tenemos que estar orgullosos», pues «contamos con 47.682 millones de euros para aplicar la PAC en España en el periodo 2021-2027. Las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas nos hicieron una petición: no bajar de 47.500 millones. Ese fue nuestro objetivo y lo hemos cumplido», ha sentenciado el ministro.
Reparto nacional
A este respecto, ha añadido que «si analizamos los resultados son muy satisfactorios para España, ya que dispondrá en el Primer Pilar de un total 39.156 millones de euros, de los cuales 34.181 millones de euros serán ayudas directas, mientras que en el Segundo Pilar se contará con un global de 8.526 millones de euros».
Así, Luis Planas ha destacado que serán unos «6.800 millones anuales los que se inyectan al sector a nivel nacional, en el que tenemos unos 700.000 perceptores» y ha añadido que este paquete presupuestario de 47.682 millones «superará los 50.000 millones de euros al sumar las aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas».
Las organizaciones agrarias y el Gobierno andaluz entienden que el resultado es «inadmisible». Pero además del menor presupuesto y las mayores exigencias ambientales que tendrán que asumir los productores en la próxima reforma, la negociación de la PAC a nivel interno tampoco parece que va a resultar favorable a los intereses de Andalucía. Al menos, es lo que se desprende de las propuestas avanzadas por el ministro en la rueda de prensa anterior a la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el pasado jueves con la asistencia de los representantes de las comunidades autónomas.
Conferencia sectorial
El ministro ha propuesto en dicha sectorial que España aplique el límite de 100.000 euros como techo de las ayudas (el conocido como «capping»), después de que el Consejo Europeo haya decidido que sea de aplicación voluntaria para los Estados miembro. «Un elemento muy importante es el establecimiento del techo de las ayudas. Yo voy a proponer a las comunidades autónomas que España aplique el límite de 100.000 euros por perceptor, teniendo en cuenta los costes salariales, que podamos modular ese techo en función del número de empleados que estén dados de alta en la Seguridad Social por parte de determinadas explotaciones», ha apuntado.
Planas también ha indicado que en la hoja de ruta para la aplicación de la PAC en España uno de los primeros pasos será el de aclarar la definición de agricultor genuino. «Saber quién es el que tiene que recibir estas ayudas. La agricultura profesional y familiar es el modelo para este Gobierno. Definir cuál es el agricultor genuino es fundamental para este reparto», ha señalado.
De esta forma, abordará con las comunidades autónomas los parámetros para definirlo, trabajando en una horquilla de entre el 10% y el 50% de los ingresos totales de la persona o sociedad, aunque ha señalado que «probablemente el consenso llegue con un tramo medio, de entre el 20% y el 30%».
Otro tema «fundamental» será la ayuda básica a la renta, que sustituye al anterior pago básico. En este aspecto, el Ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% actual.
Respecto a los derechos históricos, el titular de Agricultura ha advertido de que una «mayoría» de las regiones apuestan por su desaparición, ya que constituyen una «gran dificultad para la incorporación de los jóvenes al sector». Igualmente, ha advertido de que «no será sencillo» negociar la regionalización. «En España hay más de 50 regiones para la percepción de las ayudas, Bruselas nos ha insistido en que hay que reducirlo, porque es un elemento de distorsión. Tenemos que modificar nuestros modelos y disminuir de forma significativa su número», ha advertido.
Un mal punto de partida para Andalucía, pues cabe recordar que la comunidad defiende la continuidad de los derechos históricos y rechaza la reducción de las regiones productoras, lo que de llevarse a cabo «sería un golpe para la agricultura y la ganadería andaluza», según ha señalado la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
Escrito por
