Sprint final para lograr una PAC que no empobrezca a Andalucía
La respuesta de la Comisión no impide incluir en el documento final las peticiones del campo andaluz para la reforma 2023-2027
Sólo tres semanas tiene el Ministerio de Agricultura para alegar las observaciones que la Comisión Europea ha mandado a España tras la evaluación del Plan Estratégico nacional de la PAC. Observaciones que, en su mayoría, afectan a la llamada arquitectura medioambiental, por lo que, grosso modo, requiere un plan que sea aún más verde.
El Ministerio ya se ha reunido con las comunidades autónomas y este lunes está previsto que lo haga con las organizaciones agrarias, para realizar las adaptaciones pertinentes al documento, que precisa justificaciones técnicas, aportación de nuevos datos y concreción de la coherencia entre las medidas, así como aumentar la exigencia en algunas prácticas concretas.
El Ministerio mantendrá una serie de reuniones técnicas con el objetivo de obtener el visto bueno de Bruselas y aumentar el consenso a las propuestas definitivas del Plan Estratégico, algo de lo que carecía el documento inicial.
Por su parte, Andalucía ha señalado que «todavía estamos a tiempo de lograr una PAC que no recorte fondos al campo andaluz». A este respecto, el secretario general de Agricultura y Ganadería de la Consejería del ramo, Vicente Pérez, ha declarado que «tenemos que estudiar más a fondo la respuesta de la Comisión, pues incluye un lenguaje muy ambiguo, pero entendemos que no hay oposición a las peticiones del campo andaluz respecto a las regiones productivas», lo que «nos da oxígeno para seguir exigiendo un aumento del tipo de superficie de los ecoesquemas o eco-regímenes, pasando de 8 a 20, igualando así al número de las regiones productivas».
Regionalización
En el mismo sentido se pronuncia el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro, que apunta que «no vemos observaciones en la respuesta de la Comisión que impidan incluir en el Plan Estratégico las demandas del campo andaluz».
Así, Caro explica que Bruselas aplaude que España haya optado por «regiones diferenciadas en función de las condiciones agronómicas», sin entrar a valorar el número de las regiones (que se quedó en 20), por lo que Asaja entiende que «se podrían incluso haber mantenido las 50 regiones productivas tal y como pedía Andalucía».
No obstante, en una de las observaciones, la Comisión solicita «explicaciones adicionales sobre la definición de los grupos de territorio, en particular, los criterios utilizados para la definición de estos grupos», por lo que Asaja entiende que «es posible mejorar la división de esas 20 regiones que ha hecho el Ministerio, como pide el campo andaluz».
Según Antonio Caro, «no se entiende que la campiña de Sevilla no se haya incluido con las campiñas de provincias colindantes, y se haya equiparado a las zonas de sierra, lo que no tiene lógica alguna y perjudica a los agricultores de la provincia, siendo Sevilla la que más ayudas pierde». Y es que se estima que el 60% de los agricultores y ganaderos sevillanos perderán ayudas con la propuesta del Ministerio.
Gran parte de esas pérdidas se debe al diseño de los ecoesquemas o eco-regímenes, que supondrán además más costes para los agricultores. Andalucía viene exigiendo una mayor diferenciación de las regiones de ecoesquemas, algo «perfectamente viable», insiste Antonio Caro, ya que «la Comisión señala que se podría incrementar una mayor adopción de prácticas que mejoraran significativamente las áreas cubiertas».
Por otro lado, Asaja Sevilla critica que la Comisión, «en lugar de flexibilizar las exigencias verdes de la PAC, ante la necesidad de reforzar la seguridad alimentaria y el abastecimiento en este nuevo contexto geopolítico, sigue insistiendo en cumplir las estrategias del Pacto Verde», cuando hay estudios de impacto realizados que apuntan que su cumplimiento supondría «consecuencias nefastas, como un descenso en la producción, una importante caída de las exportaciones y un aumento en torno al 10% de los precios de los alimentos».