¿Puede el campo andaluz asumir otra subida del salario mínimo?
Las organizaciones agrarias alertan de que otro incremento salarial, en un contexto de crisis de precios como el actual, sería inviable para el sector
El sector agrario es uno de los que más ha sufrido el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, aprobada por el Gobierno a finales de 2018. Un incremento «sin precedentes» del 22,3% respecto al anterior que ha tenido perversas consecuencias en el campo durante todo el año 2019, tal y como reconocía, hace poco más de un mes, el que fuera secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.
El propio Gobierno socialista daba la razón a lo que las organizaciones agrarias advertían admitiendo, por boca del propio Octavio Granado, que la subida del SMI había provocado «problemas» en algunos sectores como «el empleo doméstico o la agricultura», incidiendo en el «aumento de la economía sumergida» y apuntando a una «caída del número de horas extras declaradas en el campo».
Tras esta negativa experiencia, el nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, «lejos de rectificar, vuelve a poner sobre la mesa otra posible subida del SMI hasta los 1.000 euros para este 2020», lamenta el secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, quien reprocha que el Ejecutivo, hace un año, hiciera caso omiso a voces como la del Fondo Monetario Internacional o la del Banco de España, que advirtieron que la propuesta sería nefasta para el empleo.
La patronal agraria califica la subida del 22% como «totalmente injustificada» ya que, asegura, «ningún sector económico de este país tuvo una rentabilidad tan alta que justificase ese aumento de una tacada, y mucho menos la agricultura, donde la renta agraria cayó casi un 9% respecto al año 2018».
Por ello, Asaja Sevilla manifiesta sentirse «profundamente preocupada ante esta nueva propuesta» y señala que «si se ha constatado que la subida del SMI ha provocado la destrucción de empleo en una situación de precrisis, ahora que estamos en desaceleración económica, los efectos de otra corrección serían aún más dramáticos», por lo que «no deberían prevalecer los pactos políticos por encima de todo», recalca Martín.
Convenios colectivos
Asaja Sevilla insiste en que el sector agrario «no podrá soportar» un nuevo incremento de costes laborales y critica que el Gobierno, a golpe de decretazo, «está dinamitando la negociación colectiva que da origen a los convenios colectivos del campo que funcionan en cada una de las provincias andaluzas, convenios muy diversos precisamente porque recogen la singularidad y especificidad de cada provincia agraria».
«Esperemos que reine la sensatez y la anunciada nueva subida del SMI no entre en vigor pues, de lo contrario, el varapalo para el campo será tremendo, sobre todo en aquellos sectores que precisan de más mano de obra», reitera Eduardo Martín.
En el mismo sentido se pronuncia la organización agraria COAG, que señala que, «en un contexto de caída de la renta agraria y de entrada sin control de importaciones que no cumplen con las mínimas garantías sociales, laborales y salariales de los trabajadores, otra subida del SMI resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones».
De hecho, según una simulación realizada por los servicios técnicos de la organización agraria, «la subida del salario mínimo a los 1.000 euros podría suponer un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores, al pasar de 967 euros por trabajador/mes en 2018 a 1.455 euros en 2020».
La propuesta «resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones con 2-3 trabajadores fijos», insiste COAG, que explica que «nuestro coste laboral diario (69 euros) multiplica por 14 el salario de un jornalero en Marruecos (5 euros/ día). Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes, en un mercado desregulado en el que se impone la ley de la selva».
Por ello, el responsable del Área de Relaciones Laborales de COAG, Eduardo López, afirma que «la presión en precios y costes está asfixiando a las explotaciones familiares», al tiempo que vaticina «la destrucción de empleo en sectores que demandan mano de obra de forma más intensiva, como el de frutas y hortalizas».
Planas responde
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la primera reunión que mantenía con las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) en esta Legislatura, tranquilizaba a sus representantes ante la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional, señalando que será «compatible» con el desarrollo de la economía y del sector agroalimentario. A este respecto señalaba que «el sector primario tiene unos márgenes muy estrechos y por eso existe la PAC», reiterando que una posible subida del SMI «será compatible con el desarrollo de nuestra economía y del sector agroalimentario».
Ante estas declaraciones, Asaja Almería califica de «error» que a la hora de justificar un nuevo incremento del salario mínimo se trate de buscar en la PAC una salvaguarda para los agricultores y ganaderos a un incremento de costes.
En este sentido, la patronal agraria recuerda que «las hortalizas no están incluidas en el régimen de pagos directos», con lo cual, estos agricultores, que son los que crean el grueso del empleo en la provincia (con un 30% del total) y de la actividad económica de ésta suponiendo el 40% del PIB, «no cuentan con esta ‘herramienta’ para hacer frente a un mayor incremento de costes en un entorno de disminución de precios, que alcanza en tomate un 30,5%, en pepino un 21,6% y en calabacín un 30,2% menos respecto a la media de diciembre de los últimos seis años.
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