La subida del Salario Mínimo «remata» al campo andaluz y dinamita los convenios colectivos

El campo andaluz está viviendo una de sus crisis más graves. Acuciado por la subida de costes, la influencia de la guerra de Ucrania y arrastrando aún los efectos de la pandemia del coronavirus, ahora se enfrenta a otro escollo más que va a hacer tambalear la rentabilidad de numerosas explotaciones: la subida del Salario Mïnimo Interprofesional (SMI) un 8%, hasta situarse en 1.080 euros al mes.

«Es un varapalo para campo que será, probablemente, el sector más afectado dentro de ese 46,7% de trabajadores a los que les afecta la subida», reconoce Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla.

Y es que, desde la organización agraria, insisten en que no se oponen «a que los trabajadores tengan un sueldo lo más digno posible», pero sí a que sean las pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, las que tengan que asumir esta subida «sin ninguna ayuda o medida que la amortigüe».

Sin medidas de flexibilización

«Desde 2017 cuando el Salario Mínimo estaba fijado en 707,70 euros, el sector ha soportado una subida del 52,60% en el SMI sin que se haya establecido ningún tipo de deducción o bonificación para aliviar la carga social que esto supone a los agricultores», lamenta Martín.

No obstante, el secretario general de la organización muestra su esperanza de que, con la subida del SMI aún en trámite parlamentario, «se arbitren las necesarias medidas compensatorias» antes de que sea demasiado tarde para un campo andaluz que ya ha sufrido demasiados escollos en los últimos meses.

De media, según datos de la patronal agraria, el coste salarial mensual por trabajador va a subir 80 euros, y llevará aparejada una subida de 30 euros en las bases de cotización. Esto significa que «para el pequeño empresario, va subir unos 1.500 euros anuales el coste por trabajador».

La gota que colma el vaso

Para esbozar los efectos que puede tener esta «gota que colma el vaso» en el sector agrario, desde Asaja plasman un dato muy representativo: en 2020, cuando el salario mínimo se subió un 22,67% hasta los 950 euros, se perdieron en España 34.000 empleos en el campo. Después, con los efectos de la penúltima subida del SMI, en febrero de 2022, se contabilizaron otros 25.000 empleos menos.

Y más cifras: en 2022, a nivel nacional, se han perdido 6.495 empleos en el campo. Tan solo en la provincia de Córdoba, por ejemplo, se han cerrado 1192 empresas agrarias en doce meses.

«Si comparas estos números con el índice de productividad del sector agrario en los últimos años, cuyo crecimiento se ha situado en un 2%, deja ver el precario equilibrio en el que nos estamos moviendo», insiste Eduardo Martín.

Esto es, además, un factor más de la desaparición de fincas agrarias, que se ha vuelto coyuntural y que en la última década ha dejado datos desesperanzadores:se pierden una media de 7.500 explotaciones agrarias al año. Además, según datos del INE, hasta diciembre de 2020 el sector había perdido 75.000 explotaciones agrarias en los diez años anteriores. Se estima que, hoy en día, se han superado las 80.000 explotaciones desaparecidas.

Por otra parte, y según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Ministerio de Trabajo, en el último año la ocupación en el campo ha disminuido en 86.900 trabajadores, es decir un 10,34% menos.

Afecta a los convenios

De otro lado, desde Asaja Sevilla destacan otro de los efectos negativos que tendrá, irremediablemente, la subida del SMI: afectará al precio de los alimentos, haciendo que suban más de cara a los consumidores. «En un contexto en el que el Gobierno está llevando a cabo medidas, algunas muy cuestionables, para contener la inflación, ahora nos obliga a tener más coste que tendrán sus consecuencias», asegura Martín.

Dinamita los convenios colectivos

Por último, entre las graves consecuencias también figura el efecto en los convenios colectivos, que quedan automáticamente «dinamitados» tras el anuncio de Pedro Sánchez. Destaca, sobre todo, el de Sevilla, que se acordó hace poco más de un mes tras un año de trabajo y que afecta a 150.000 trabajadores, y el de Huelva, también firmado hace escasas semanas.

«La subida del Salario Mínimo Interprofesional tiene que ser compatible con la creación de empleo y debe surgir de la negociación colectiva. En este caso, no se ha hecho así, sino a espaldas de los representantes empresariales», ha censurado Martín, que puntualiza, además, que no se ha tenido en cuenta que «España no es homogénea», y que la subida del SMI no tendrá el mismo impacto en Madrid, Barcelona o Sevilla que en El Coronil, Osuna o Constantina, por poner algunos ejemplos.

«La imposición del nuevo SMI supone una intromisión del Gobierno en la independencia de la negociación, ya a que resta margen de maniobra a sus legítimos representantes, que no son otros que los empresarios y los trabajadores», aseguran desde Asaja.

Crisis de costes

El factor desencadenante del alza del SMI se suma a la ya conocida crisis del campo, con una subida de costes desorbitada que provocó movilizaciones por todo el terreno nacional, y en especial en Andalucía, durante el año pasado.

De hecho, según un estudio elaborado por Asaja, el incremento interanual de los costes de producción ha alcanzado en 2022 un 35% debido, sobre todo al impacto de la guerra de Ucrania y una sequía muy importante. Los fertilizantes, por ejemplo, han subido un 62%, la energía y los lubricantes un 50%, los piensos un 35% y los fitosanitarios hasta un 20%.

La nueva PAC

Además de este incremento de costes, también está sobre la mesa el impacto económico de la nueva PAC, que acaba de entrar en vigor y que, según datos de las organizaciones agrarias, tendrá un coste de 500 millones de euros para los agricultores y ganaderos andaluces, siendo Sevilla la provincia más perjudicada con diferencia: recibirá aproximadamente 256 millones menos en el periodo 2023-27.

Y, por si fuera poco, hay que nombrar la prolongada sequía que, a pesar de las lluvias de diciembre, sigue manteniendo en vilo a la mayoría de los cultivos. El olivar, por ejemplo, va a cerrar la que se considera «la cosecha más corta del siglo», influenciado sobre todo por la falta de lluvias en los momentos clave de la evolución de los árboles.

«Nos vemos en la obligación de criticar, además, la actitud de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que tiene una actitud ‘persecutoria’ con el campo, y del ministro de Agricultura, Luis Planas, que no ha defendido al sector, sino que se ha puesto de perfil en todos los ataques que no dejamos de sufrir por parte de este Gobierno», critica el secretario general de Asaja Sevilla.