«No se puede culpar a Bruselas del tijeretazo que se le va a dar a la PAC de Andalucía»

Pese al manifiesto rechazo del sector agrario andaluz, español y europeo, que ha salido a la calle antes del Covid-19, durante los meses de mayor incidencia en la pandemia y una vez que la situación se da casi por controlada, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre la estrategia ‘De la granja a la mesa’.

Se alinea así con los grandes objetivos verdes fijados por la Comisión Europea para el horizonte 2030. La estrategia se ha aprobado con 452 votos a favor, 170 en contra y 76 abstenciones. Entre los votos en contra figuran los de los eurodiputados españoles del Partido Popular (PP), como el de Juan Ignacio Zoido, que lamenta este resultado y advierte que «la mayoría de los consumidores europeos no es consciente del peligro que supone esta estrategia para su propio bolsillo».

No obstante, el eurodiputado aclara que la posición parlamentaria «no tiene alcance legal», por lo que «la clave está en las iniciativas legales, vinculadas a cada uno de esos objetivos verdes de la estrategia que vendrán a continuación». «Será entonces cuando tengamos que dar la batalla final».

El camino marcado por el texto ‘De la granja a la mesa’ «puede condenar al conjunto del sector agroalimentario europeo a la ruina». La estrategia establece una serie de limitaciones en la producción de alimentos, como que el uso de abonos se reduzca en un 20%, que la utilización de fitosanitarios se recorte en un 50%, y que al menos un 25% del total de la superficie agraria sea ecológica. Además, se plantea reducir el consumo de carne ligándolo a un mayor impacto ambiental. «El problema con estas restricciones es que no se han basado en evidencias científicas ni en un detallado estudio de impacto, sino meramente en prejuicios ideológicos», subraya Zoido.

El también portavoz de Agricultura del PP en el Parlamento Europeo censura que el vicepresidente socialista Timmermans «haya pretendido que votáramos sin conocer las preocupantes conclusiones del impacto de la estrategia ‘De la granja a la mesa’, postergando su publicación para que el Parlamento Europeo tuviera que pronunciarse a ciegas».

«Siendo conscientes de que el estudio alertaba de pérdidas del volumen de la producción agrícola europea, descenso de la renta de los agricultores, disminución de la competitividad y las exportaciones y de un incremento generalizado de los precios de los alimentos, nuestro voto sólo podía ser en contra», enfatiza.

Según Zoido, los países mediterráneos serán los más afectados. «Tendremos una agricultura menos productiva, con una caída en la producción de cerca del 15% para muchos sectores, lo que nos obligará a depender en mayor medida de terceros países para el suministro de alimentos. También sufriremos una disminución de la rentabilidad, puesto que los ingresos de los agricultores y de sus familias caerán en línea con la producción. Y también la sufrirán los consumidores, que según las estimaciones se verán obligados a pagar un 10% más como mínimo en su cesta de la compra». En definitiva, de continuarse tal y como está esta estrategia, «los españoles nos estaremos dando un tiro en el pie», apunta.

Soberanía alimentaria

El representante europeo señala que «hablar de los riesgos a los que se enfrenta nuestra soberanía alimentaria no es ser apocalíptico». «No tenemos más que mirar a los pasillos vacíos de los supermercados en Reino Unido, o a los problemas de suministro de alimentos que sufrieron durante la pandemia muchos países de fuera de Europa». «La inseguridad alimentaria es cada vez un problema más frecuente en todo el mundo. Los europeos hemos podido evitar todos estos problemas gracias a una Política Agraria Común (PAC) fuerte y a un sector agroalimentario comprometido, desde el agricultor hasta la cajera del supermercado, y es nuestra responsabilidad apoyarles para preservar nuestra seguridad».

Y es que un mundo con cada vez más bocas que alimentar, en el que el hambre todavía sigue siendo un problema sin resolver, «no puede permitirse perder capacidad de producir alimentos». La Unión Europea «debe ser capaz de proveer alimentos de calidad a precios razonables para todos los europeos». Con este objetivo nació la PAC, una política que bebe mucho de los objetivos verdes que articula ‘De la granja a la mesa’ y sumida en una reforma que tampoco pinta bien para el campo andaluz, que se juega hasta 900 millones de euros en el periodo 2023-2027.

La negociación del reparto nacional de las ayudas europeas está en su fase final. A este respecto Juan Ignacio Zoido insta al Gobierno central a «dejar de justificarse echando la culpa a Bruselas». «Primero dijo que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque Bruselas se lo prohibía, y tuvo que salir la propia Comisión Europea a desmentirlo. Después, que los impuestos que encarecen el precio de la luz no podía bajarse porque Bruselas no lo permitía, y volvieron a decirle que era mentira. Y ahora vuelve a pretender culpar a Bruselas del tijeretazo que pretende darle a la PAC de agricultores y ganaderos andaluces. Ya basta de mentiras».

Por ello, exige a Pedro Sánchez y al ministro Luis Planas «que expliquen por qué aceptaron un recorte a la cantidad de la PAC que recibe España, y que expliquen por qué pretenden pasarles la factura de sus fracasos a los agricultores».