Alguien no dice toda la verdad

El próximo 12 de agosto es la fecha límite para que la Administración americana notifique la cuantía de los aranceles a productos agroalimentarios, tras la revisión por el caso Boeing contra Airbus.

La situación no puede ser más preocupante a falta de poco más de un mes del comienzo de la recolección. A los problemas ya conocidos por todos en el sector de la aceituna de mesa, se ha sumado este año la crisis sanitaria, consecuencia de la pandemia del Covid-19, con el consiguiente cierre del canal de restauración en el confinamiento y la lenta vuelta a la normalidad, que ha impactado directamente sobre el consumo.

Poco podemos hacer frente a un problema de tal magnitud que ha afectado a la economía en su totalidad, en mayor o menor medida. Pero sí hay otras cuestiones en las que la solución depende de nosotros, me estoy refiriendo a los aranceles impuestos por Estados Unidos debido al caso Airbus, revisión que se está llevando a cabo estos días y que conoceremos sus resultados en breve.

El comienzo

Quiero ser extremadamente claro porque la situación así lo requiere. Todo comenzó con la imposición de aranceles a la aceituna negra por parte de la Administración americana en junio de 2018, y que ascienden en la actualidad al 34,75%, tras una demanda interpuesta por dos empresas californianas; pues bien, el proceso de aportación de documentación, traducción y asesoramiento legal supuso más de cinco millones de dólares, asumidos íntegramente por Asemesa (Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa).

Este procedimiento se consiguió ganar en primera instancia al Gobierno americano, como solemos decir en Andalucía, «a pulmón». En estos momentos estamos en proceso de recurso, por parte del Gobierno de Estados Unidos, que esperamos se resuelva favorablemente por ser unos aranceles injustos e ilegales.

En octubre de 2019 se nos pega la segunda puñalada con la imposición del 25% a la aceituna verde, tras infinidad de avisos por parte del sector a todas las administraciones de que esto podía ocurrir. Lamentablemente, vimos cómo nuestros temores se cumplían. Este arancel, al contrario del anterior, es un arancel legal.

Ha sido impuesto tras un dictamen de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que declara ilegales las ayudas adjudicadas al consorcio Airbus, permitiendo al Gobierno estadounidense aplicarlos por valor de 7.500 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la OMC instaba a los gobiernos, que participan en el consorcio Airbus, a regularizar estas ayudas y adecuarlas a las reglas del comercio internacional. A día de hoy, todavía desconocemos si se han cumplido estas recomendaciones que se exigen por parte de la OMC.  Lo único de lo que tenemos certeza es que seguimos pagando los aranceles a la aceituna tanto negras como verdes y que, antes del 12 de agosto, se pueden ver incrementados hasta el 100%.

Sin respuesta del Ministerio

Cierto es que hemos leído últimamente alguna noticia haciendo referencia a la regularización de las ayudas, y por ello, hemos trasladado al Ministerio de Agricultura preguntas concretas sin recibir una respuesta clara.

Por ello, aprovecho esta tribuna para hacer públicamente estas preguntas: ¿Es cierto que el Gobierno de España ha regularizado totalmente sus ayudas a Airbus conforme lo dictaminado por la OMC? ¿Podemos afirmar que el consorcio Airbus en su conjunto cumple con las normas de la OMC? ¿Se ha notificado a la Administración de Estados Unidos?

Creo honestamente que lo mínimo que se puede hacer con nosotros es contestar a estas preguntas pues, de ser afirmativas las respuestas, consideraremos la posibilidad de emprender acciones legales contra la Administración americana igual que hicimos con los aranceles a las aceitunas negras.

En caso contrario, también agradeceríamos que se nos comunicara con claridad cuál es la hoja de ruta del Gobierno de España en ese sentido. Ya no nos conformamos con noticias que, más que arreglar la situación, crispan nuestros nervios.

Las respuestas a las consultas realizadas a la Administración americana difieren mucho de las explicaciones que recibimos por nuestros representantes políticos, lo que deja a las claras que alguien no dice toda la verdad en este asunto.

Siento decir que nos sentimos indefensos ante esta situación pero que, llegados a este punto, no vamos a bajar los brazos y, por el contrario, vamos a seguir defendiéndonos hasta conseguir que se nos trate como nos merecemos. Para ello, utilizaremos todos los medios que la ley y el estado de derecho nos garantiza. Alea iacta est.