Aranceles a la aceituna: Injusticia por todas partes

El caso de los aranceles de Estados Unidos (EE.UU.) a la aceituna negra de España es un buen ejemplo de la ingrata labor que realizan normalmente las asociaciones empresariales. Como es conocido, Asemesa tuvo que asumir en menos de un mes y en una situación de enorme presión e incertidumbre la defensa del caso. Si no lo hacía, EE.UU. habría aplicado inmediatamente un arancel del 220% o superior, lo que hubiera supuesto el cierre total del mercado.

La defensa del caso va mucho más allá de la mera contratación de un despacho de abogados. Ya la propia selección del despacho fue una complicada labor en las circunstancias del momento. Supuso eso, pero mucho más.

Supuso todas las gestiones para poder montar en algo menos de un mes el engranaje necesario para que los Servicios de la Comisión de la Unión Europea (UE), los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía y las empresas investigadas, fueran capaces de responder a la desmesurada cantidad de información que exigía y sigue exigiendo el Departamento de Comercio de EE.UU. desde el comienzo de las investigaciones en julio de 2017. Por supuesto, una vez más, hay que agradecer a los funcionarios de estas Administraciones directamente implicados su enorme trabajo.

Supuso también un gran esfuerzo para convencer a la Comisión de que llevara el caso a la OMC porque eso era lo importante, y no quien hoy se atribuye el mérito. Faltaría más, porque no haberlo hecho habría sido dejar al sector en la estacada.

Y supone, por encima de todo, el descomunal esfuerzo económico y en trabajo al que se han visto obligadas las empresas investigadas, lo que en algún momento redundará en beneficio de todo el sector y será reconocido.

En defensa de la PAC

Y decía que era una labor ingrata o desagradecida que se entiende mejor por varias razones. Porque las empresas de Asemesa, especialmente las investigadas, estaban y están defendiendo no sólo sus intereses y los del sector, sino toda la Política Agrícola Común (PAC), que se hallaba amenazada, como en numerosas ocasiones han reconocido en público diversos altos cargos de la UE y de las administraciones españolas.

Porque, a pesar de esto, la UE ha sido incapaz de conceder un solo euro de ayuda para los enormes gastos de defensa ni para compensar la pérdida de más de 150 millones de euros que se han dejado de exportar a EE.UU. en estos años.

Porque la UE tampoco ha sido capaz de establecer ninguna ayuda que compense la gran desigualdad e injusticia que supone que España sufra los aranceles, mientras que otros países de la UE, como Portugal o Grecia, no.

Porque nuestro Ministerio de Agricultura no ha dado los golpes que tenía que dar en las mesas de Bruselas para que se ayude económicamente a la industria como se hace cuando se trata de otras ramas, ni tampoco lo han hecho las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, que concentran a la mayoría de la aceituna de España.

Pérdida de mercado

Ninguna Administración de todas las anteriores considera que perder el 70% de un mercado es una «perturbación del mercado» o, quizás, porque solamente responden cuando le ponen los tractores en la puerta, pero, para ser justos, tampoco lo hicieron los que los tenían que haberlo hecho.

Y porque también, hay que decirlo, es injusto igualmente que haya algunas empresas que, una vez más, se benefician del trabajo y esfuerzo económico de las que forman Asemesa y no tardarán ni un segundo en intentar aprovecharse cuando, más pronto que tarde, consigamos eliminar los aranceles y volver a la normalidad.