Almazara de Huelva
Almazara que produce aceite de oliva en la provincia onubense / J. M. Brazo Mena
Campaña oleícola 2020-2021

Las almazaras alertan: «Difícilmente vamos a poder comprar un kilo de aceitunas sin que nos sancione la AICA»

Las últimas disposiciones de la Ley de la Cadena Alimentaria serán «muy difíciles de cumplir», por lo que las almazaras se plantean incluso no abrir para evitar las multas

22 septiembre 2020, 15:50

A las puertas de la próxima campaña oleícola 2020-2021, que arrancará oficialmente el 1 de octubre, las almazaras industriales barajan no abrir sus puertas para evitar posibles sanciones al no poder cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria.

Es la denuncia que hace Macarena Sánchez, secretaria general de Almazaras Federadas de España (que defiende los intereses de más de 160 industrias españolas de recepción y procesamiento del aceite de oliva) que sostiene que la actual aplicación de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en cuanto a plazos de pago se refiere «va en contra de los intereses del sector».

En este sentido, explica que la interpretación que hace el Ministerio de Agricultura de la normativa pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo, pues «están en riesgo 200.000 explotaciones de olivar y se esperan pérdidas para esta campaña de 1.100 millones de euros».

La razón estriba en que el Gobierno cambió en esta campaña la interpretación de la norma, obligando a pagar la aceituna a los agricultores en un plazo no superior a los 30 días desde la entrega de la mercancía y no, como se estaba haciendo hasta ahora, desde el momento en el que se fijaba el precio del producto.

Se trata de una interpretación de la ley que afecta a las entregas de aceituna en las almazaras industriales y no en las cooperativas. Esta modificación «amenaza con provocar un perjuicio económico muy grave, tanto para los agricultores como para las almazaras industriales», subraya la secretaria de Almazaras Federadas.

La causa reside en que, como consecuencia de la estacionalidad de la campaña olivarera, la obligación de pagar a 30 días, dado que las principales entregas se hacen en los meses de diciembre y enero, obligaría al sector industrial a poner a disposición del mercado el 40% de la producción nacional de aceite de oliva en apenas dos meses (enero y febrero), para así poder cumplir los plazos de pagos a los cosecheros. Al concentrarse la venta en tan corto periodo de tiempo, «los precios se hundirían hasta incluso por debajo de los costes de producción, lo que arrastraría a la quiebra a la mayoría de las explotaciones olivareras».

Costes productivos

Esto haría, además, aún más difícil cumplir con la segunda exigencia de la Ley de la Cadena, fruto del Real Decreto 5/2020, por el que el agricultor debe recibir un precio de venta por encima de los costes efectivos de producción.

Las almazaras critican que el Ejecutivo no haya tenido en cuenta otras variables de gran influencia en la formación de los precios, como son el propio volumen de producción, los excedentes de campañas anteriores, las importaciones de aceite a precios más competitivos o los cambios que ha provocado en el mercado del aceite la llegada del Brexit en Gran Bretaña, la subida arancelaria decretada en Estados Unidos por la Administración Trump y, por último, la pandemia del Covid-19.

Por ello, Macarena Sánchez señala que «es fundamental que el Ministerio, aunque parece no estar por la labor, saque unos costes orientativos, porque cada olivar es un mundo y los costes son tan diferentes que la casuística que se nos puede presentar a lo largo de la campaña es enorme».

Se trata de una medida que entra en vigor «el próximo 1 de octubre y aún no tenemos claro cómo actuar, pese a que hay contratos alimentarios que se cierran previos al inicio de la campaña oleícola», lamenta.

Por ello, explica que «hemos trasladado nuestras dudas al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) pues, teniendo en cuenta que cuanto se firman los contratos no se conoce cuál es el precio, que incluyamos una cláusula donde se diga que se cumplen los costes efectivos de producción es muy temerario, al desconocer si el precio va a subir o va a bajar en un mercado tan cambiante como el del aceite de oliva».

Ante esta tesitura, Macarena Sánchez señala que, en la próxima campaña entre los plazos de pago y los costes efectivos de producción, «difícilmente vamos a poder comprar un kilo de aceitunas sin que nos sancione la AICA», pues se pregunta: «Si llego a los 30 días y el precio de mercado está por debajo de los costes efectivos de producción, ¿qué hago? ¿Le pago al agricultor o no? Pues si me espero para ver si los precios de mercado suben, ya no cumplo con el plazo de los 30 días».

Por todo ello, Sánchez alerta de que «estamos barajando no abrir las almazaras como medida de presión, porque nos enfrentamos a sanciones cuantiosas. La mayoría de empresas somos Pymes familiares y no podemos aguantar sanción tras sanción».

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