Las nuevas tretas de EE.UU. para evitar quitar el arancel a la aceituna negra

La industria aceitunera afectada desde agosto de 2018 por los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra de origen español, gran parte de ella afincadas en la provincia de Sevilla, vive un «déjà vu». Y es que la Administración estadounidense ha vuelto a abrir gran parte de las investigaciones que se llevaron a cabo en 2017 y que supusieron el origen de estos aranceles en 2018, exigiendo a las empresas -entre ellas, a la industria sevillana Aceitunas Guadalquivir– otra nueva batería de datos e informes.

Se trata de la última artimaña emprendida por el país norteamericano para evitar quitar el arancel del 35% de media (el 20% en concepto de antidumping y el otro 15% para compensar las ayudas que destina la Política Agraria Común) que pesa sobre la aceituna negra española, y que ha supuesto ya unas pérdidas de 170 millones de euros al sector, además de un recorte de más del 70% de las exportaciones a Estados Unidos a favor de Marruecos, Portugal y Egipto.

Los hechos

Cabe recordar que el 1 de agosto de 2018, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos estableció derechos compensatorios y antidumping combinados de entre el 30% y el 44% sobre las importaciones de aceitunas negras españolas, según la empresa de que se tratara, siendo las tres primeras investigadas Aceitunas Guadalquivir, Ángel Camacho Alimentación y la cooperativa Agrosevilla.

Estos aranceles se basaban en la hipótesis de que los productores españoles de aceitunas habían recibido subvenciones específicas de la Política Agraria Común (PAC) para su sector y que el beneficio de dichas subvenciones se había transferido íntegramente a las empresas españolas de transformación de aceitunas negras que exportaban este producto a Estados Unidos.

Ante esta situación, en enero de 2019, la Comisión Europea decidió demandar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), ante las irregularidades del procedimiento de investigación seguido por la administración norteamericana y el cuestionamiento de las ayudas de la PAC.

El resultado llegó a finales de 2021, cuando se hizo público el informe definitivo del Panel constituido por la demanda de la Comisión Europea y se dictaminó que esos aranceles impuestos por el anterior presidente norteamericano Donald Trump «son inconsistentes», y que van en contra de las normas de la OMC.

El informe del Panel recogía que Estados Unidos «no determinó correctamente si las subvenciones iban dirigidas a los productores de aceitunas» y consideró «incorrecto» el cálculo de la tasa para una de las empresas afectadas: Aceitunas Guadalquivir, al que se le impuso el mayor arancel, del 44%, elevando la tasa media impositiva que afectaría a todo el sector.

Por su parte, Estados Unidos anunció que no recurriría este informe, lo que se entendió en Europa como que lo acataría, aunque desde la Casa Blanca no se concretó ni cuándo ni cómo se iba a hacer.

Lo novedoso

En la última semana, Bruselas y Washington han acordado que el plazo máximo para cumplir con el dictamen de la Organización Mundial del Comercio es el 14 de enero de 2023, es decir, 12 meses y 25 días después del informe del Panel en contra al arancel del 35% que soporta la aceituna negra española.

Pero, ¿qué pasará en esta fecha? El secretario general de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora, explica que «esto no significa que se vaya a eliminar el arancel el 14 de enero» sino que, este acuerdo, «fija una fecha tope», dando hasta entonces tiempo a la administración del actual presidente estadounidense Joe Biden «para intentar justificar los aranceles a través de nuevas investigaciones».

Desde Asemesa, que representa a los exportadores de aceituna de mesa españoles, se afirma que «Estados Unidos ha abierto investigaciones complementarias, acogiéndose a la sección 129 de la normativa de la OMC, en varios de los puntos en los que se le había quitado la razón» y ya «le ha enviado nuevos cuestionarios, exigiendo información, tanto al Gobierno de España como a la industria sevillana Aceitunas Guadalquivir», y puede que a ésta «se sumen otras empresas».

Esto supone «más incertidumbre, más coste y más trabajo para el sector», denuncia Antonio de Mora, que explica que «supone revivir parte de la asfixia de documentación que ya se requirió a las empresas investigadas en 2017, pues Estados Unidos lo que va a intentar ahora es recabar nuevos datos e información para con nuevos enfoques y argumentos seguir justificando los aranceles». Es decir, «subsanar los defectos señalados en el informe del Panel de la OMC pero llegando a la misma conclusión y manteniendo la carga impositiva que pesa sobre la aceituna negra española».

Otro frente

Otra línea de defensa del sector nacional pasa por colaborar con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en lo que se denomina ‘revisión administrativa anual’, por la que las empresas que sean seleccionadas por la Administración americana se someten, obligatoriamente, a una especie de auditoría.

Como resultado del segundo periodo de revisión administrativa de los aranceles antidumping y antisubvenciones (el POR2), las dos empresas que fueron elegidas en la investigación de este segundo periodo (Agrosevilla y Ángel Camacho Alimentación), más otras tres que se presentaron voluntariamente (Aceitunas Guadalquivir, Dcoop e Interoliva) se benefician de un arancel medio reducido del 7’32% desde marzo de este año en sus exportaciones a Estados Unidos.

Esta ‘rebaja’ estará vigente, aproximadamente, hasta mediados de marzo de 2023 cuando, a su vez, terminará la investigación del tercer periodo de revisión administrativa (POR3). Por tanto, este arancel del 7,3% solamente tendrá validez durante un año y no es de aplicación general, pues solamente afecta a esas cinco empresas (las investigadas y las que tenían posibilidades de serlo), mientras que el resto de las empresas aceituneras continúa pagando el impuesto del 35%.

Este arancel reducido y temporal del que se benefician esas cinco industrias puede, por tanto, revertirse en marzo de 2023 tras los resultados del POR3, y volver a pagar la tasa anterior (del 35%) o incluso aumentar, «por lo que todas las empresas del sector continuarán con la misma incertidumbre e inseguridad», recalca el secretario general de Asemesa.

Dado que la participación en las revisiones es obligatoria, las empresas exportadoras seguirán sufriendo las investigaciones anuales como mínimo hasta 2025, con el enorme esfuerzo económico, personal y de trabajo que esta defensa lleva aparejada. Y es que Asemesa recuerda que el coste de la defensa ante la administración estadounidense supera ya los 8,5 millones de euros.