Más de 700 algodoneros andaluces demandarán a las desmotadoras tras un dictamen de la CNMC

En 2011, la organización agraria UPA Andalucía denunció a varias desmotadoras de algodón ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un presunto pacto de precios a la baja entre varias industrias andaluzas desde el año 2004.

En 2013, este conflicto vivió un momento clave, cuando la CNMC impuso a varias empresas desmotadoras andaluzas una sanción de un millón de euros por «una infracción tipificada y única» al «consensuar y adoptar una estrategia común, mediante acuerdos de voluntades, con el fin último de controlar el mercado de aprovisionamiento de algodón bruto y de desmotado de algodón».

De esta forma, la CNMC dictaminó que las desmotadoras Algosur, Coalsa, Indesa, Dafisa, Surcotton y Las Lomas S. L. (antes Comasa y Agrícola Conagralsa), eran responsables de un acuerdo de fijación de precios. El organismo también habla en su dictamen de «cierre de mercado y boicot» a la algodonera Blanca Paloma desde el año 2009 al 2012.

Expediente sancionador

La resolución favorable de la Comisión dio pie a un expediente sancionador a las desmotadoras, por lo que estas acudieron a la Justicia y, finalmente el Tribunal Supremo (2019) corroboró la conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. La sentencia está también ratificada por la Audiencia Nacional (2019), por lo que jurídicamente es firme.

En ese momento, se abrió la posibilidad de reclamar indemnizaciones, a través de entidades privadas, por parte de los algodoneros afectados, que tienen derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios, equivalente al precio que dejaron de percibir.

Actualmente, el despacho Redi Abogados está coordinando una de demanda conjunta de más de 700 algodoneros andaluces que reclaman 10 céntimos por cada kg de algodón vendido en el periodo 2004-2012.

«El número de demandantes crecerá en los próximos meses, porque estamos haciendo charlas informativas en organizaciones agrarias, comunidades de regantes y centros cívicos para dar a conocer a los interesados que tienen posibilidad de recuperar parte del dinero que la CNMC dicen que no les pagaron», detalla Albert Poch, uno de los abogados que está llevando la demanda conjunta de los productores.

A su juicio, habrá más algodoneros que se sumarán a la denuncia porque, asegura, «el miedo a posibles represalias por parte de la industria queda muy diluido al tratarse de una demanda conjunta».

Precio de referencia

Por su parte, desde Coalsa, una de las desmotadoras sancionadas por la CNMC, aseguran que «respetan» la demanda en curso, pero que el dictamen de la Comisión se refieren siempre a los precios de referencia que ofrecen a los algodoneros a principios de campaña y que siempre, «sin excepción», han mejorado finalmente, pagando más de lo estipulado al inicio.

La demanda presentada en su día por UPA alegaba que la variación de precios en el mercado internacional (con Nueva York como referencia) fue en 2011 de un 160% entre el mínimo y el máximo durante la campaña, parecido a lo que sucedía en Grecia, con un 168%. En España, el precio recibido por los agricultores andaluces solo fue de un 10%, lo que hizo brotar las sospechas sobre un precio acordado.

«Hasta cierto punto, es normal que los precios que se ofrecen a los agricultores sean similares, compartimos zona y ninguna desmotadora quiere perder a los algodoneros que le surten», detallan desde Coalsa. No obstante, la sentencia es judicialmente firme, y el plazo para reclamaciones por parte de los algodoneros está abierto hasta el 31 de mayo, plazo en el que prescribe.