El arroz denuncia prácticas de ventas sin fijar los precios

Tras las fiestas navideñas, a lo largo de los meses de enero y febrero, los productores de arroz de la provincia de Sevilla cerrarán la mayoría de operaciones de venta de la presente campaña acordando precios con la industria, unas transacciones comerciales donde los precios para el agricultor «deben alcanzar los 300 euros por tonelada, debido a la enorme calidad y a la extraordinaria producción cosechada», declara el director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Manuel Cano.
Sevilla es la principal zona productora de arroz de toda España, con una superficie de siembra cercana a las 38.000 hectáreas y con un rendimiento que ha sobrepasado los 10.000 kilos en algunas zonas de la provincia.

Por ello, los arroceros confían en que «los precios suban este año, ya que por debajo de ese umbral de 300 euros/tonelada, los agricultores deben arañar de las ayudas de la Política Agraria Común para que les salgan las cuentas», declara Cano, quien insta a los productores «a no vender ni un kilo por debajo del valor que ofrecieron el año pasado las grandes firmas compradoras, que osciló sobre los 0,27 euros/kilo tanto para la variedad de grano redondo como para la de grano largo». No obstante, la Federación denuncia prácticas comerciales «poco transparentes y muy extendidas en el sector», en el que los productores venden su arroz a la industria sin fijar precios.

«Resulta muy habitual que los agricultores entreguen mercancía y que la industria liquide un pequeño anticipo, sin establecer un precio definitivo por la totalidad de la producción ni una fecha de pago cerrada, ya que se abonará al agricultor el resto de su cosecha una vez que las empresas hayan establecido las cotizaciones en origen», declara el gerente de los arroceros sevillanos. En este sentido, Manuel Cano apela a «la sensatez» y aconseja a los agricultores «que no se adelanten a la hora de vender su arroz», pues «con estas actuaciones el productor queda totalmente desprotegido frente a la industria, además de incurrir en una práctica ilegal y sancionable ya en muchos sectores agrarios».

Y es que desde la entrada en vigor de la Ley de la cadena alimentaria, en las operaciones comerciales de alimentos y materias primas es obligatorio formalizar contratos por escrito siempre que una de las partes sea agricultor y la otra no, o cuando las transacciones superen los 2.500 euros. Los contratos deben formalizarse antes de la entrega de la producción y deben determinar el precio final o un indicador objetivo para calcularlo, además de establecer plazos legales para el pago, que son 30 días para productos frescos perecederos y 60 días para el resto.

Se trata de una medida impuesta por el Ministerio de Agricultura para terminar con la «venta a resultas» tan extendida en el sector agrario, que empieza a movilizarse y a denunciar el incumplimiento o la inexistencia de tales contratos.

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley es la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), con capacidad para sancionar a la parte infractora si cuenta con indicios suficientes o denuncias sobre malas prácticas comerciales. La agencia está actuando ya en el sector lácteo, en el de aceite de oliva, en el de carne de pollo y en el de frutas y hortalizas, aunque la AICA tiene las puertas abiertas a todos los sectores agrarios.

Nuevo etiquetado europeo

La Federación de arroceros de Sevilla culpa de los bajos precios que el sector ha sufrido en los últimos años a «la competencia desleal» de países productores como Camboya y Myanmar, porque su arroz tiene un trato ventajoso en las fronteras europeas debido a los acuerdos EBA (iniciales de Everything But Arms, es decir, todo menos las armas), que permite la entrada de productos agrícolas de naciones en desarrollo sin pagar aranceles.

En concreto, de las 402.000 toneladas de arroz que importa la Unión Europea, «255.000 proceden de Camboya y 140.000 de Myanmar», destaca el gerente de la federación, Manuel Cano, quien aclara que «Europa es el principal mercado donde se exporta el 60% de la producción de arroz de grano largo de origen andaluz y español».

Por ello, Cano confía en que con la nueva normativa europea de etiquetado, que obliga a identificar el origen de los productos, «los comercializadores europeos tengan más dificultades para importar y los consumidores primen los productos comunitarios, con mayor seguridad y calidad, en detrimento de los de terceros países, aunque éstos tengan un precio inferior», señala.

De esta forma, «se pondrá fin a las prácticas habituales por las que entra en nuestras fronteras materia prima procedente de terceros países, que no cuenta con una legislación en materia productiva y de seguridad alimentaria tan restrictiva como la europea, pero a la que se pone un sello comercial español al empaquetarse por industrias de aquí, induciendo al consumidor a pensar que está comprando un producto de origen cien por cien español», señala Cano. El portavoz de los arroceros se consuela al saber que «al menos, a partir de ahora, la ley obliga a indicar en el etiquetado dónde se ha producido y dónde se ha empaquetado lo que estamos comprando», lo que, alega, «favorecerá a los arroceros andaluces».