COAG denuncia el fraude del ‘origen Marruecos’ en tomates cherry cultivados en el Sáhara Occidental
Exige al Ministerio de Consumo aplicar la sentencia de la UE que obliga a etiquetar correctamente frutas y hortalizas procedentes del territorio saharaui
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que garantice el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el pasado 4 de octubre de 2024, que obliga a identificar claramente en el etiquetado los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental.
Según COAG, se está produciendo una vulneración sistemática del derecho a la información de los consumidores, ya que productos como los tomates cherry, que han experimentado un incremento del 269% en las importaciones desde 2014, son frecuentemente etiquetados como de ‘origen Marruecos’ cuando en realidad proceden del Sáhara Occidental. «En toda la UE no se ha visto ni una sola hortaliza etiquetada como originaria del Sáhara Occidental, lo cual evidencia una ocultación intencionada del verdadero origen», ha denunciado Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG.
La organización agraria recuerda que la sentencia del TJUE en el caso C-399/22, originada por una demanda del sindicato francés Confédération paysanne, estableció de forma rotunda que productos como tomates y melones cultivados en el Sáhara Occidental no pueden ser etiquetados como marroquíes, dado que dicho territorio no forma parte del Reino de Marruecos ni de su territorio aduanero, conforme al Derecho de la Unión.
En un escrito dirigido al ministro Pablo Bustinduy, COAG reclama conocer qué medidas está adoptando el Gobierno para aplicar de manera efectiva la resolución judicial, que da la razón a los agricultores europeos en la defensa de un etiquetado transparente y legal.
«No se puede permitir que las grandes empresas agroexportadoras sigan explotando los recursos del Sáhara Occidental y engañando a los consumidores europeos bajo la complicidad del silencio administrativo», advierte Góngora, quien también subraya que esta situación perjudica tanto a los productores europeos como a la población saharaui, al tiempo que mina la confianza en el sistema de trazabilidad alimentaria de la UE.
COAG insiste en que es hora de actuar: «El Ministerio tiene la responsabilidad legal y moral de garantizar que el etiquetado de frutas y hortalizas cumpla con la legislación comunitaria y con la sentencia del TJUE. No hacerlo supone una grave negligencia que pone en entredicho el respeto al Estado de derecho y a los derechos de los consumidores».
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