El Bajo Guadalquivir cierra una «mala campaña» de tomate para industria, con una cosecha de 400 millones de kilos

La campaña de recogida del tomate para industria que se está desarrollando desde mediados de julio en la comarca sevillana del Bajo Guadalquivir,  la mayor zona productora de Andalucía, se encuentra en su recta final, con una cosecha total de unas 400.000 toneladas, lo que se transformará en 75 millones de kilos de concentrado para elaborar distintos productos alimentarios.

Según ha indicado Juan Sánchez Vargas presidente de la cooperativa Las Marismas de Lebrija, líder en el sector en Andalucía, «después de una mala campaña se ha recogido menos de la mitad de tomate que en 2019, debido a la desfavorable climatología para el cultivo, que ha soportado enfermedades como el mildiu, la bacteriosis, y al final del ciclo la tuta, lo que ha provocado una importante merma en los rendimientos».

Los tomates más tempranos, según explica Sánchez Vargas, que se sembraron en el mes de marzo apenas alcanzaron los 50.000 kilos por hectárea, cuando la media en la zona está entorno a los 120.000-150.000 kilos por hectárea, mientras que los más tardíos que se plantaron en abril, apenas han mejorado las previsiones, quedándose en unos 100.000 kilos por ha., por lo que este año va a haber muy poco concentrado de tomate.

Cooperativa Las Marismas de Lebrija

Esta cooperativa lebrijana, la más grande de la provincia de Sevilla, tiene una capacidad de explotación de tomate de 2.200 a 2.300 hectáreas, según el año. «En esta campaña, pese a las lluvias de primavera, la presencia de enfermedades y la retirada de los productos fitosanitarios, se han cosechado 150 millones de kilos de tomate de industria, una cifra que permite la sostenibilidad y que se garanticen más de 1.000 empleos en la comarca», destaca.

Con esta cantidad recolectada, Las Marismas va a elaborar este año 28 millones de kilos de concentrado, tras pasar el tomate por un laborioso proceso de lavado, muestreo, triturado, deshidratado y esterilización, antes de ser envasado al vacío. La pasta resultante, se exporta a los continentes de Europa, África y Asia. «Este año teníamos el objetivo de crecer en nuevos destinos, pero ante la escasez de producción nos va a resultar imposible», asevera Sánchez.

Del concentrado, según el presidente de la cooperativa, salen todos los sucedáneos como el tomate frito, el kepchup, salsa pizza, el tomate más compacto, todas las variantes que vemos en los supermercados. «Sin embargo, muchos de los productos de alimentación que compramos a diario son fabricados por multinacionales y empresas foráneas utilizando como ingrediente base el concentrado que aquí se produce», indica.

Procesos de transformación y gastos

El presidente de Las Marismas añade que «si en el Bajo Guadalquivir se hicieran los segundos, terceros y cuartos procesos de transformación de tomate industrial, la generación de empleo estable en la zona aumentaría más de un 30 %, por lo tanto es imprescindible que tanto las administraciones como nosotros, las entidades privadas, nos pongamos a trabajar en esa línea y el valor añadido se quede en Andalucía y no se vaya para otro sitio».

Otro de los problemas que afronta la cooperativa este año, según Sánchez Vargas, es el  «enorme» gasto que ha supuesto la cosecha frente a los escasos rendimientos obtenidos, en uno de los peores años que se recuerdan». Así, el presidente de las Marismas destaca los costes de los tratamientos de los cultivos, las medidas anti Covid aplicadas, y una cantidad de 300.000 euros que el Ministerio de Transición Ecológica reclama a la cooperativa por contaminación.

No pueden afrontar los costes

«Se trata de un año que la empresa no puede asumir estos costes después de las pérdidas en las cosechas por causas climatológicas, además de que hemos tenido que duplicar losgastos por las medidas sanitarias que hemos puesto por la pandemia del coronavirus, en la que, por cierto, hasta ahora no hemos registrado ningún caso positivo ni en la fábrica ni en el campo», asevera el presidente.

Ante esta situación, «hemos solicitado al Ministerio el aplazamiento de esa cantidad, y la respuesta es que paguemos aunque tengamos que hacer un ERE, presentar suspensión de pagos y que se queden en la calle más de 1000 personas», afirma Sánchez. Añade que al no poder asumir la empresa esta cantidad, «estamos a la espera de una reunión con el Gobierno a ver si nos pueden atender antes de que sea tarde y la empresa no tenga solución».