La campaña de tomate industrial está en peligro por el negocio de las emisiones de dióxido de carbono

La cooperativa Las Marismas de Lebrija se encuentra en una situación límite al no poder afrontar el coste de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que genera su fábrica de tomate industrial, por lo que ya ha anunciado que «peligra» la próxima campaña.

La empresa, referente en la producción de concentrado de tomate en Andalucía, ha invertido en los últimos cinco años más de 1,2 millones de euros en la reducción de su huella de carbono, consiguiendo una bajada del 9% de sus emisiones totales.

Sin embargo, el carácter estacional de esta industria (funciona sólo dos meses al año) y el subidón del precio de la tonelada de CO2 (que se ha incrementado un 420% en los dos últimos años), impiden a la cooperativa de Lebrija hacer frente a la compra de derechos de emisión que le exige el Ministerio para la Transición Ecológica, por un valor de más de 400.000 euros.

El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero está regulado por la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Se puso en marcha el 1 de enero de 2005, tras el Protocolo de Kyoto, como medida fundamental para fomentar la reducción de emisiones de CO2 en los sectores industriales y de generación eléctrica. En la actualidad, este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones, entre ellas la cooperativa Las Marismas, que emite anualmente entre 11.000 y 12.000 toneladas de dióxido de carbono.

Asignación de derechos

El Ministerio ha venido realizando a las industrias una asignación anual gratuita de derechos que se pueden «canjear» por las emisiones contaminantes. Cada derecho permite al que lo compra contaminar una tonelada de CO2. Sin embargo, esa asignación de derechos se va reduciendo paulatinamente cada año, para que las industrias se pongan las pilas y vayan mermando sus emisiones. Una reducción que se ha visto especialmente acelerada desde 2020.

El problema es que «el ritmo de reducción de derechos no se ha acompasado con el ritmo de reducción de emisiones de las industrias, lo que está ocasionando serios problemas», denuncia Francisco Javier Villegas, director técnico industrial de Las Marismas.

Así, con los derechos asignados en 2020, las industrias deben pagar las emisiones contaminantes de 2019. Pero si las emisiones eran superiores al número de derechos asignados, las empresas se ven obligadas a comprar nuevos derechos en el mercado hasta compensar todas sus emisiones.

Ahora, además, se suma que hay un cambio de fase en la regulación y se entra en la fase IV, que engloba el periodo de 2021 a 2025. Por tanto, «no está permitido usar los derechos que te van a dar en 2021 para pagar las emisiones de 2020, que corresponde a una fase anterior. Por ello, Las Marismas tiene que adquirir en el mercado todos los derechos para pagar las emisiones del año pasado», explica el director técnico industrial, «una compra cuyo valor asciende a casi 400.000 euros».

En este sentido, critica que, merced a una desregulación en torno al eterno carácter especulativo que sufren muchos mercados, «el coste de los derechos se ha elevado por encima de la lógica prevista, alcanzando actualmente un valor de 40,21 euros, cuando en en el año 2017 no alcanzaban los 6 euros». «Esto supone que si de media en 2020 en Las Marismas emitimos unas 10.000 toneladas de dióxido de Carbono, a 40 euros cada derecho, nos da una suma superior a 400.000 euros».

Se trata, por tanto, «de un desproporcionado requerimiento que viene a lastrar sobremanera las cuentas de la empresa». De hecho, su traducción es «la reducción en dos euros por cada tonelada de tomate para cientos de agricultores del Bajo Guadalquivir», declara el presidente de la cooperativa, Juan Sánchez.

Consecuencias en el empleo

El presidente lamenta que esta empresa andaluza, con 41 años de historia, está «al borde del precipicio», ya que a los conocidos problemas ocasionados por el Covid-19, que han disparado los costes; la sequía prevista y la de los dos años anteriores, que impedirá cosechas al cien por cien de rendimiento; y la competencia desleal por parte de los países foráneos de la Unión Europea, sin exigencias medioambientales, se suma «la asfixia provocada por el mercado de emisiones y el Ministerio». Razones que llevan a la cooperativa «a barajar seriamente la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo».

Las Marismas está en una situación desesperada, pues si no accede a la compra de sus derechos antes de que termine el mes de abril, «nos enfrentamos además a una sanción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de un millón de euros (100 euros por cada derecho)».

Esta tesitura ha llevado a la cooperativa a pedir una moratoria al Gobierno central, que ha sido desestimada. Por ello, «Las Marismas de Lebrija se encuentra ante verdaderos riesgos de desprendimiento, cuando el único fin que ha tenido siempre esta empresa es dar empleo a cientos de familias de la comarca y crear riqueza en el medio rural, haciendo un esfuerzo constante para emprender medidas hacia el ansiado Green Deal, ese mismo que no reacciona para no dejar a empresas fuera», denuncia el presidente de la cooperativa.

Soluciones para disminuir la huella de carbono

Las Marismas de Lebrija ha implantado una serie de soluciones que han disminuido su huella de carbono. Así, se han instalado economizadores de calor a la entrada de las calderas; se ha puesto en marcha una regasificación de GNL con condensadores de pre evaporización, y se está trabajando en un cambio de las líneas de vapor por otras de mayor rendimiento y redimensionadas para ganar en eficiencia energética; así como una turbina que permita un ahorro eléctrico.

En conjunto, las inversiones en protección medioambiental puestas en marcha por la cooperativa ascienden a 1.200.000 euros en los últimos cinco años. No obstante, «el Ministerio no ha tenido en cuenta el carácter estacional de la industria tomatera, que por su naturaleza necesita tres veces más tiempo para amortizar las medidas implementadas respecto a cualquier otra industria no estacional», lamentan desde la cooperativa.