Denuncian ante la AICA los incumplimientos de contratos de las bodegas con los productores
Las organizaciones agrarias aseguran que tienen constancia de que parte del sector vitivinícola no cumple con lo establecido en la legislación vigente
Asaja, COAG y UPA se han dirigido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con la documentación relativa a los incumplimientos que determinadas bodegas están haciendo de los contratos de compra-venta de uva que han suscrito con los viticultores.
En ella, según asegura UPA en un comunicado, se pone de manifiesto que «la cuantía de los precios fijados en contrato es anormalmente baja y está muy lejos de cubrir los costes de producción de uva para vinificación de cada zona».
Así, en base a la información suministrada por los viticultores, «las bodegas de las que hasta ahora las organizaciones agrarias tienen constancia que no cumplen con lo establecido en la legislación vigente relativa a la Ley de la cadena alimentaria son del Grupo García Carrión en Jumilla; Labastida (DO La Rioja) y Valdepeñas; del Grupo Felix Solis Avantis en Valdepeñas y Puebla de Almoradiel y de Bodegas Gallego Laporte World Wines, ésta última con uva comprada en Corral de Almaguer (Toledo)».
Frenar el hundimiento de los precios
Con esta iniciativa, Asaja, COAG y UPA ponen en manos de la AICA toda la información de que disponen por si la misma pudiera servir a la Agencia como indicios en cualquier actuación que pueda emprender sobre estos hechos en el ámbito de sus competencias.
Igualmente, han notificado a cada una de las bodegas los «incumplimientos» de los que tienen constancia y que están relacionados con la Ley de la Cadena Agroalimentaria 12/2013. En concreto, «por no cubrir los costes de producción, además de no haberse producido una negociación de los precios de la uva (art. 9.1 letras ‘c’ y ‘j) o como consecuencia no pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción (art.12)», aseguran.
En este contexto, las organizaciones recuerdan que al comienzo de la vendimia (septiembre 2020) iniciaron una campaña para reclamar que no se fijaran precios de la uva por debajo de los costes de producción y pedir a las bodegas que frenaran el hundimiento de precios (30% más bajos que el año anterior).
Sin embargo, «ahora comprobamos que las actuaciones desleales y las coacciones se han materializado en pruebas y pueden ser constitutivas de sanción», concluyen.
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