José María Castilla: «El fertilizante no es un lujo, ni un elemento sustituible a voluntad»

Hay cifras que no admiten interpretación benévola. En enero de 2026, las importaciones de fertilizantes nitrogenados en la Unión Europea se desplomaron más de un 80% respecto al mismo mes del año anterior. Pasaron de superar el millón de toneladas a quedarse en torno a las 190.000. No es una oscilación coyuntural: es un frenazo brusco en un insumo que sostiene buena parte de la productividad agraria europea.

La entrada en vigor del régimen definitivo del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC/CBAM) el 1 de enero de 2026 coincide con ese desplome. El dato es objetivo. También lo es que los fertilizantes nitrogenados representan cerca de la mitad del consumo total de fertilizantes en la UE y que una parte sustancial depende de importaciones. Cuando el flujo exterior se contrae de esta manera, el mercado no lo absorbe sin consecuencias.

La consecuencia inmediata es doble: tensión en disponibilidad y presión en precios. Y en agricultura, eso no es un problema contable; es una amenaza productiva. El fertilizante no es un lujo, ni un elemento sustituible a voluntad. Forma parte estructural de la ecuación de rendimientos. Si el agricultor reduce dosis por precio o por incertidumbre de suministro, la producción cae. Y si cae la producción, el problema deja de ser sectorial para convertirse en alimentario. Conviene decirlo con claridad: las políticas climáticas y comerciales pueden tener objetivos legítimos (reducir emisiones, limitar dependencias estratégicas), pero cuando su aplicación genera distorsiones de esta magnitud, la responsabilidad pública no termina en la norma. Continúa en la gestión de sus efectos.

España no es ajena a esta discusión. Nuestro país, como Estado miembro, ha respaldado en el Consejo decisiones relevantes en materia comercial y de ajuste en frontera. Es cierto que en el último Consejo AGRIFISH se perciben matices y cambios de tono. De hecho, Bruselas ha propuestos suspender los aranceles a los fertilizantes nitrogenados durante un año. Bienvenidos sean. Pero el agricultor no vive de matices: vive de costes y márgenes.

Por eso, el Ministerio de Agricultura debe volver a activar una ayuda de Estado que compense el encarecimiento de los fertilizantes. Ya lo hizo en el contexto de la crisis derivada de la guerra en Ucrania, con una línea específica para aliviar el sobrecoste de este insumo. Hoy, con importaciones desplomadas y un mercado tensionado, existen argumentos suficientes para reactivar un instrumento similar. No se trata de subvencionar ineficiencias; se trata de evitar que una decisión regulatoria europea acabe pagándose íntegramente en la cuenta de resultados del agricultor.

Si el agricultor no puede asumir el coste o no encuentra producto, reduce consumo. Si reduce consumo, cae producción. Si cae producción, se contrae el mercado al que esa misma industria vende. Pensar que la protección institucional basta para garantizar estabilidad es un error estratégico. Sin base productiva sólida, no hay industria sostenible. La transición será justa o no será. Y no será justa si el ajuste recae, una vez más, en el eslabón más débil de la cadena: el productor.