Las nuevas normas de transporte animal provocarán pérdidas millonarias

Las peticiones del sector agrario en las últimas semanas han resonado con fuerza tanto en las instituciones como a pie de calle: la eliminación de las excesivas cargas burocráticas, la flexibilización de la PAC o la necesidad de unos precios justos han protagonizado las pancartas y proclamas de muchas de las tractoradas y manifestaciones.

Sin embargo, las reivindicaciones relativas a la ganadería parecen haber quedado relegadas a un segundo plano para la opinión pública, también influenciada por las campañas, cada vez más frecuentes en los últimos años, que demonizan el consumo de carne. Todo el mundo parece apoyar al productor de cereales a punto de abandonar su explotación pero, si se trata de un ganadero de porcino, hay veces que la percepción cambia.

No obstante, la realidad es que el consumo de carne sigue siendo uno de los pilares del sector agroalimentario en España donde, según datos del Ministerio de Agricultura, se consumen casi 50 kilos de carne por persona al año, siendo principalmente carne de pollo, de cerdo y, en menos porcentaje, de vacuno.

Ahora, el precario equilibrio entre el consumo y una producción ganadera afectada por la falta de agua y la subida de los precios de los piensos peligra también por las intenciones de Bruselas. Y es que el nuevo reglamento comunitario del Bienestar Animal puede suponer «un golpe mortal» para el sector ganadero y cárnico español, como han avisado las principales organizaciones, entre las que se encuentra Asaja.

Sin tener en cuenta las peculiaridades geográficas

Para demostrarlo, se ha realizado un informe preliminar del impacto que, de aprobarse, tendrá la propuesta de Reglamento, encargado por Provacuno y que ha sido respaldado por el resto de asociaciones, patronales y federaciones ganaderas y cárnicas en una carta conjunta al director de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa.

Dicho estudio asegura que la localización periférica de España dentro de la UE, las altas temperaturas medias y el elevado tiempo medio de los transportes para vida y sacrificio suponen «una clara desventaja competitiva frente a ganaderos, transportistas y mataderos de otros países europeos».

Una de las medidas que provocaría más consecuencias es la de limitar la franja horaria de las labores de transporte entre las 21:00 y 10:00 con temperaturas mayores a 30ºC. «Esto llevará a un deterioro no solo del bienestar de los animales, sino de ganaderos, transportistas y mataderos de nuestro país, que se verían abocados a la realización de labores nocturnas durante gran parte del año, con el consiguiente aumento de costes», resume el informe. Los ganaderos insisten también en que el reglamento no tiene en cuenta de las peculiaridades de cada estado, como España, donde los animales «ya se crían a más de 30 grados».

Pérdidas por sectores

El estudio también hace una previsión de las pérdidas económicas que tendría el reglamento, si se aprueba, por sectores.

En concreto, en el vacuno de cebo se prevé que se pierda el 17,2% de la producción, lo que implica una merma de 700 millones de euros. A esto hay que sumarle un sobrecoste en el mantenimiento y transporte de 132 millones de euros y un gasto en inversión de nuevas instalaciones de 976 millones de euros.

En el sector porcino, se reducirá la importación de animales vivos, bajando un 7% los sacrificios, además de llevar a restricciones en la comercialización tanto dentro como fuera de España. Además, se tendrá que aumentar la flota de camiones un 25% y los mataderos pueden sufrir desabastecimientos en ciertas zonas.
En cuanto al sector ovino-caprino , la densidad de carga establecida provocará que el parque móvil de las empresas especializadas queden totalmente «obsoletos», llevando al sector a una reestructuración total, también por el modelo de producción. «La posible interrupción significativa en la producción, el comercio y la industria puede suponer la desaparición de ciertos sectores productivos», avisan.

La gran reforma

Este informe preliminar, apoyado por Asaja, COAG, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España  y Cooperativas Agro-alimentarias de España, entre muchas otras organizaciones, es contundente en cuanto a las pérdidas que puede provocar el nuevo reglamento, cuya reforma después de veinte años es necesaria, reconocen pero no basándose únicamente en limitaciones y prohibiciones.

En concreto, se estima que el coste de la producción ganadera se incrementará de forma considerable con una subida directa del coste del transporte y un aumento de las emisiones ambientales que, solo en el vacuno, supondría el cierre de más de 900 granjas y un sobrecoste de la producción de un 11%. Además, tal y como recuerdan desde Asaja, «la dificultad de trasladar estos sobrecostes a lo largo de la cadena hará que baje la producción», lo que se sumará a la crisis que ya sufren muchas explotaciones de ganado andaluzas.