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Ovino

La Junta cubrirá el 50% de los gastos de vacunación contra la lengua azul en Andalucía

El Gobierno andaluz destina ayudas para la compra y administración de vacunas frente a los serotipos 3 y 8, y seguirá facilitando dosis de los tipos 1 y 4

11/08/2025 a las 07:00

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha anunciado un paquete de ayudas para los ganaderos andaluces con el objetivo de fomentar la vacunación contra la lengua azul, enfermedad que afecta especialmente al ganado ovino. El programa cubrirá el 50% de los gastos derivados de la compra de vacunas frente a los serotipos 3 y 8, así como de la contratación de servicios veterinarios para su administración.

Además, la Junta seguirá suministrando de forma gratuita las vacunas de los serotipos 1 y 4, como en campañas anteriores. Según explicó el consejero Ramón Fernández-Pacheco, las subvenciones estarán dirigidas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) que cumplan con los requisitos, entidades que trabajan de forma coordinada con la administración para garantizar el bienestar de la cabaña andaluza.

La ayuda se abonará en 2026 y busca reforzar la prevención en explotaciones de ovino

La vacunación, ahora voluntaria tras el cambio de estrategia nacional frente a la lengua azul, es considerada por la Junta como la principal medida preventiva para evitar daños en las explotaciones. Esta enfermedad, transmitida por insectos del género Culicoides, puede causar fiebre, inflamación, lesiones bucales, abortos y muerte de animales, además de pérdidas significativas en la producción lechera.

El consejero recordó que las subvenciones se abonarán en 2026 como compensación por la inversión que los ganaderos realicen este año en las nuevas dosis, y que la vigilancia epidemiológica continuará para detectar posibles brotes de forma temprana.

En paralelo, el Ejecutivo andaluz tramita 7,2 millones de euros en ayudas directas para explotaciones afectadas por el serotipo 3 detectado en 2024, destinadas a ganaderos que hayan perdido al menos un 30% de su potencial productivo. La intención es que las primeras resoluciones estén listas en septiembre y que los pagos se efectúen antes de que finalice 2025.