La «batalla del jamón serrano» enfrenta a Andalucía y al Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura no deja de hacer amigos por Andalucía. Tras las protestas de las organizaciones agrarias a cuenta de la reforma de la PAC, llega el conflicto del jamón serrano, que ha hecho rebelarse a los productores granadinos de Jamón de Trevélez y a los almerienses de Jamón de Serón al iniciar los trámites para configurar una Indicación Geográfica para el jamón serrano, que podría llevar este sello de calidad independientemente de las condiciones de elaboración y curación.

No obstante, esto no ha comenzado ahora, sino que lo hizo en 2016, cuando el gobierno de Mariano Rajoy publicó el primer pliego de condiciones para dicha IGP, que Europa no aceptó. Ahora, el ministerio de Luis Planas vuelve a la carga con la intención de convertir la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) que es ahora mismo el jamón serrano en una Indicación Geográfica Protegida.

Se hace, según ha explicado Agricultura, para «proteger» la figura del jamón serrano, una iniciativa que también defiende Anice (Asociación de Industrias de la Carne de España) y la Fundación del Jamón Serrano Español.

Un «nombre genérico»

Pero este movimiento no ha gustado nada a los productores de la IGP Jamón de Trevélez, entre otros, que aseguran que «devaluará su producto». «Estamos de acuerdo en que se proteja al jamón serrano, pero hay muchas formas de hacerlo que no sean convertirlo en una IGP», afirma la presidenta de su Consejo Regulador, Pilar Álvarez.

Y es que la Especialidad Tradicional Garantizada es un régimen de calidad «que no está ligado al origen, sino a los métodos de producción y a las recetas tradicionales de elaboración», según su definición ministerial. «Justo lo que es el jamón serrano, que es un nombre genérico, como una receta. Sin embargo, la IGP tiene que ir directamente ligada al territorio», defiende Álvarez.

Este cambio, dicen, conllevaría una fuga de población de la comarca granadina, donde el producto porcino es el motor económico, y afectaría a las más de 300 personas que conforman el sector. En 2019, según datos del Ministerio, se vendieron 203.023 jamones de Trevélez en España, solo superado por el Jamón de Teruel y dejando a un lado los ibéricos.

«Nuestro jamón se cura a 1.200 metros, bajo el aire frío y con unas razas de cerdo muy concretas», desvela Álvarez. «Sin embargo, la IGP Jamón serrano permitirá que el jamón que se hace en la costa o en un secadero artificial tenga el mismo sello que nosotros, ¿cómo vamos a competir contra eso? Si a los productores les sale más barato elaborar un jamón en un polígono al pie de la autovía, y obtienen el mismo sello, se irán de aquí», insiste.

Confusión para el consumidor

Además, los productores de Trevélez, que ya se opusieron a la IGP en su primera tramitación fallida, en 2016, temen que la Indicación Geográfica Protegida para el jamón serrano, que sería la primera para un producto que abarque toda España, confunda al consumidor.

«Nuestra curación es 17 meses o más. El pliego de condiciones de la IGP adelanta que solo va a exigir 7 meses para el jamón serrano, y sin razas concretas, ¿cómo va a ser lo mismo y cómo se pretende dar la misma calificación de calidad a un producto elaborado en una punta de España que en otra, con lo diversos que somos?», detalla la presidenta del consejo. «Es como si se crease una IGP ‘vino tinto’, no tiene sentido».

Enfado de Italia y Portugal

La propuesta del Ministerio no solo ha enfurecido a las dos IGP de jamón blanco andaluzas (Serón y Trevélez), sino que también lo ha hecho con otros países europeos que, previsiblemente, se opondrán cuando llegue a los despachos europeos. Y es que, el jamón serrano, que ya se elaboraba en época romana en la Península, no es más que una forma de curación. Es decir, siguiendo la «receta», puede producirse en cualquier país del mundo. Si la IGP prospera, solo España podrá llamarlo así, lo que beneficiaría a su mercado exterior, pero no gusta a Portugal (donde tienen, por ejemplo, a su famoso jamón de Barrancos), Italia o Francia.

La Junta, en contra de la IGP Jamón Serrano

Además, las IGP andaluzas, que ya han presentado alegaciones y esperan la resolución del Ministerio, han contado con el apoyo de la Diputación de Granada, la asociación Origen España, que aglutina a numerosas IGP y DOP españolas, varios municipios de la zona y la Junta de Andalucía. De hecho, hace pocos días se reunieron con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que les aseguró que, desde la Junta «se defenderán las figuras de calidad diferenciadas andaluzas, porque entienden que es una forma de proteger los atributos de calidad de los productos agroalimentarios».

Por este motivo, Consejería y productores insisten en que las IGP van ligadas «a una reputación y otras características especificas vinculadas a su origen que sí cumplen las IGP Jamón de Serón y Jamón de Trevélez y que conviene proteger». No obstante, desde Andalucía aún tienen una esperanza de que la iniciativa no prospere, tal y como comunicó la Junta en dicha reunión: «para que Bruselas dé su aprobación, la justificación del vínculo al territorio ha de quedar meridianamente clara y, además, Portugal ya se ha opuesto, lo que condiciona mucho», aseguran.

De hecho, Carmen Crespo ha emitido un comunicado en el que resalta la importancia de proteger «la singularidad de nuestros jamones, cuyas características diferenciales no son únicamente la consecuencia del seguimiento de una receta concreta, sino que realmente derivan de su lugar de producción».

Anice defiende el proyecto

Sin embargo, desde Anice aseguran que la IGP del Jamón Serrano «no perjudicará a ningún operador español», y que permitirá «lograr una protección internacional mediante los tratados y acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea con países terceros».

«Este proyecto ha sido largamente demandado por la inmensa mayoría del sector jamonero español, y también con el apoyo expreso de asociaciones cárnicas que representan a la industria, como la Asociación Segoviana de Industrias de la Carne (AICA), la Asociación de Industrias de la Carne de la Comunidad Valenciana (AICCV) y la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Productos Cárnicos Cordobeses (APDECCOR)», afirman desde Anice. Una inmensa mayoría que dejan fuera a dos IGP claves para la economía de las provincias más orientales de Andalucía.