Ganaderos piden flexibilizar la normativa de protección de cerdos ante el impacto en el sector

A partir del próximo 9 de marzo, entra en vigor la Disposición Final Cuarta del Real Decreto 159/2023, que modifica el Real Decreto 1135/2002 sobre normas de protección de cerdos. La nueva regulación impone una reducción de las superficies mínimas disponibles para lechones destetados y cerdos de producción criados en grupo, lo que generará una disminución del 14% en las plazas de alojamiento y la consiguiente pérdida de decenas de miles de espacios en explotaciones porcinas andaluzas.

Ante esta situación, la Asociación Regional de Productores de Porcino (ARAPORC), en coordinación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y a través de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), está trabajando para solicitar al Ministerio de Agricultura una flexibilización de la normativa. Su objetivo es evitar la pérdida de capacidad productiva y obtener una moratoria que permita una adaptación progresiva de las instalaciones.

Entre las nuevas exigencias del Real Decreto, además de la reducción de espacios, se contempla la reserva de un 2,5% de la capacidad total de las explotaciones como zona de observación y aislamiento de animales enfermos, la instalación de dispositivos de medición y registro de emisiones de gases, así como requisitos adicionales en la disponibilidad de alimento, agua y materiales manipulables para los cerdos. Estas medidas implican costes adicionales para los ganaderos y una reducción de la rentabilidad de sus explotaciones.

Desde ARAPORC advierten que la normativa nacional es, en ciertos aspectos, más restrictiva que la legislación europea, lo que hace necesaria su flexibilización para adaptarla a la realidad del sector. Asimismo, la asociación solicita excepciones en las normas de ordenación para optimizar el uso del mayor número posible de plazas de alojamiento y minimizar el impacto económico en las explotaciones porcinas.

El sector porcino andaluz enfrenta así un desafío normativo que podría afectar significativamente su producción y viabilidad económica, por lo que los productores continúan negociando con las autoridades para lograr soluciones que permitan una aplicación más equilibrada de la normativa.