Estas son las zancadillas que dificultan el futuro de la ganadería andaluza

El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19. Pero a las trabas de mercado y de precios, con las que los ganaderos llevan lidiando en los últimos años, se suman también una serie de «embestidas» políticas, tanto europeas como nacionales. Y es que en los dos últimos años son varias las propuestas que han visto la luz y que vienen a complicar el porvenir de la ganadería andaluza.

Estas propuestas, diseñadas como estrategias de planificación futura, tienen un denominador común: Cuestionar el papel de la ganadería, criminalizándola por tener un efecto pernicioso sobre el medio ambiente, y animar a reducir la ingesta de carne, obviando el impacto directo de esta medida en las zonas rurales.

Esta campaña de acoso comenzó con la estrategia «De la Granja a la Mesa», publicada en mayo de 2020 por la Comisión Europea, como una de las iniciativas clave en el marco del Pacto Verde. Se propone facilitar la transición de la Unión Europea hacia un sistema alimentario más sostenible y que garantice el acceso hacia dietas más sanas. El problema está en que, para conseguirlo, se ha puesto encima de la mesa una batería de cifras y medidas que inquietan sobremanera al sector.

Así, en base a la propuesta, en los próximos diez años se prevé una apuesta decidida por las producciones ecológicas, una reducción de antimicrobianos de un 50%, así como una reducción de la producción de carne, promoviendo la investigación de fuentes de proteínas alternativas de origen vegetal, marino o de insectos como sustitutivos de la carne.

Además, se propone una revisión de campañas de los programas de promoción de carne y productos cárnicos, e incluso una limitación de las ayudas asociadas a los sectores ganaderos de carne en el marco de la nueva PAC».

Algo que ya ha llegado con la aprobación del Real Decreto de Transición de la PAC, donde se regula la aplicación para 2021 y 2022, ya que según las estimaciones de la Junta, los titulares de pequeñas explotaciones de ovino, caprino y vacuno que poseen un reducido número de derechos podrían sufrir una merma de hasta el 40% en sus ayudas, debido a la convergencia aplicada para este periodo transitorio. Una convergencia que ha motivado que este año los agricultores y ganaderos andaluces volvieran a manifestarse en la calle.

Nuevas movilizaciones

Las manifestaciones también se han sucedido frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica, en Madrid, para mostrar el rechazo de los ganaderos a la intención del Ejecutivo de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe). Una protección al principal depredador de la ganadería extensiva que podría hacerse efectiva antes del 25 de septiembre, si la ministra Teresa Ribera continúa adelante con su proyecto de Orden Ministerial.

En este clima de incertidumbre y crispación llega la estrategia «España 2050» presentada recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento cargado de alusiones negativas hacia la producción ganadera y el consumo de carne en el país. Ha sido «la gota que ha colmado el vaso».

Las organizaciones Interprofesionales Asici (cerdo ibérico), Avianza (carne avícola), Intercun (conejo), Interovic (ovino y el caprino de carne), Interporc (porcino de capa blanca) y Provacuno (vacuno de carne), que representan a cientos de miles de ganaderos, empresas, trabajadores y técnicos vinculados a los sectores ganaderos y cárnicos, han unido sus voces en una carta dirigida a Pedro Sánchez, expresándole su profundo malestar por alusiones basadas «en datos parciales, inexactos», que reflejan «los planteamientos de grupos de interés y de activismo contrarios a la ganadería y sus producciones».

Las entidades firmantes han manifestado que al cuestionar el papel de la ganadería y su industria, así como el de la carne en la alimentación, «se está poniendo en tela de juicio a una parte muy importante del tejido social y la vertebración territorial, especialmente en lo que concierne a la España rural».

A este respecto, las interprofesionales han defendido la ganadería como sector estratégico esencial en la recuperación económica del país, pues emplea, de forma directa, «a más de medio millón de personas» y las industrias cárnicas y el comercio minorista «a cerca de 200.000 empleados».

La actividad ganadera se desarrolla «en más de 350.000 granjas que hacen una aportación de 16.000 millones de euros a la Producción Final Agraria». Y en conjunto, de la producción ganadera y comercialización de carnes dependen en España «más de 2,5 millones de personas».

En términos de riqueza económica y social, la industria cárnica es uno de los primeros sectores industriales del país. Supone, aproximadamente, el 2,2% del PIB total español y el 13,8% del PIB de la rama industrial, con cerca de 3.000 empresas con una facturación de 27.957 millones de euros, junto a 25.000 establecimientos minoristas especializados con ventas superiores a 5.000 millones de euros.

Sostenibilidad

Tanto las interprofesionales del sector cárnico como las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han rechazado las apelaciones «malintencionadas» respecto al impacto medioambiental de la actividad ganadera y su contribución al cambio climático.

Así, según los datos oficiales del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la producción ganadera de carne representa únicamente el 7,8% del total de emisiones de GEI, por detrás del transporte (27%), la industria (19,9%) o la generación eléctrica (17,8%).

Además, el metano producido por la ganadería es biogénico y solo permanece en la atmósfera 12 años, frente a los miles de años que permanecen gases como el CO2 que producen otros sectores de actividad.

Por otra parte, en Andalucía se mantiene una ganadería extensiva que no solo es una herramienta para prevenir incendios y asegurar la biodiversidad, sino que «los pastos son sumideros de CO2, lo que compensa con creces los gases metanos que se puedan emitir». Por tanto, «resultan injustas y desproporcionadas las acusaciones sobre los productores ganaderos, y están fuera de lugar las recomendaciones de rebajar el consumo de carne», ha señalado el presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra.

Consumo cárnico

De hecho, determinados enfoques restrictivos en el consumo de carne como los que plantea «De la Granja a la Mesa» o la planificación «España 2050» «pueden desembocar en carencias nutricionales», según ha apuntado el doctor Antonio Escribano, especialista en Endocrinología y Nutrición y en Medicina del Deporte.

Así, ha señalado que con los niveles actuales de ingesta de carne en nuestro país, las necesidades de nutrientes esenciales están cubiertas pero a un nivel muy ajustado. Para el doctor Escribano, si se restringe de forma generalizada el consumo de productos animales, «las necesidades de proteína y aminoácidos y otros nutrientes como numerosos minerales y vitaminas quedarían por debajo de los niveles requeridos para un estado saludable».

Por eso, todos los indicadores internacionales reflejan que el patrón de dieta y de estilo de vida de nuestro país es «de lo más saludable del mundo», siendo España el país con más esperanza de vida de la Unión Europea.

Ir contra esto «sólo puede ser fruto de la ignorancia», ha apostillado Ricardo Serra. A este respecto, el presidente de Asaja Sevilla se ha preguntado «¿Qué futuro tendrían las zonas de dehesa sin un ganado asociado a este ecosistema y sin una población fijada a ese territorio?»

«¿Cuántas emisiones de CO2 se producirían si todas las hectáreas de pastos arden ante la ausencia del pastoreo?», aseverando que «los agricultores y ganaderos nos dedicamos a alimentar a la población, con productos sanos, seguros y de calidad. Afrontar el problema medioambiental que obviamente tenemos como sociedad no puede recaer sólo sobre las espaldas de los productores de alimentos», ha insistido. Por ello, Asaja ha criticado que con sus recomendaciones, el Gobierno «está dando la espalda al sector agrario en favor de los intereses ecologistas y de la industria de la carne artificial».

En el mismo sentido se han pronunciado COAG y UPA. Así, UPA ha pedido al presidente del Gobierno que reformule su ideario con respecto a la ganadería, señalando que «somos imprescindibles y sostenibles. Hoy y en 2050».

COAG, tras criticar igualmente la «criminalización de la ganadería» por parte de líderes a nivel europeo y nacional, se ha dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, al que ha demandado «que defienda la imagen de un sector tan estratégico y que ponga sobre la mesa los datos que avalan la importancia de la actividad ganadera para el conjunto de la sociedad».

¿Se puede llamar cárnico un producto que no lleve carne?

La comercialización de productos con base vegetal bajo denominaciones de productos cárnicos podría calificarse como acto de competencia desleal, a la luz del RD 474/2014 que establece la norma de calidad de los derivados cárnicos.

Así lo ha señalado el especialista en Derecho Agroalimentario, José Luis Palma, insistiendo en que «nada impide que esos productos vegetales se comercialicen, pero no apropiándose de una denominación que no les corresponde».

En este sentido, el experto señala que «es un acto de confusión al consumidor, ya que los nutrientes de unos productos y otros no son equiparables, y este consumidor debe tener claros estos aspectos nutricionales, de composición, las repercusiones sobre su salud, etc., con un conocimiento adecuado que ya está regulado en la normativa de etiquetado».