El alcalde de la localidad coruñesa de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció ayer, en rueda de prensa, que procederá a la demolición de unos cuatro metros cuadrados de construcción de su domicilio. Hace exactamente un año, el 24 de julio de 2009, se hacía publico que el Tribunal Supremo sentenciaba que 1,7 metros de la galería de la planta alta y 2,81 metros del vuelo de la cubierta del chalet del independentista en la zona de As Galeras (Oleiros), invadían dominio público marítimo terrestre y, por lo tanto, debían ser derribados. Con el manifiesto realizado ayer, el líder de «Alternativa dos Veciños» acata las órdenes judiciales tras una ardua lucha en los tribunales.
En el año 2003, un vigilante del Ministerio de Medio ambiente dio la voz de alarma sobre la ilegalidad en la construcción del domicilio del regidor oleirense. Seoane llega a presentar, por dos veces, alegaciones pero, finalmente, la Consellería de Pesca resuelve el expediente sancionador «por obras abusivas» en dominio público marítimo-terrestre, con la imposición de 2.115,75 euros de multa, el 25 por ciento de la obra, y una orden para la «restitución de las cosas y su reposición al estado anterior de la comisión de infracción».
Tres años más tarde, el caso pega un giro de tuerca. El juzgado número cuatro de lo Contencioso Administrativo anula la orden de demolición al entender que el derribo era una medida «desproporcionada» ya que la parte de la vivienda construida ilegalmente era «muy pequeña». Además, por aquel entonces, el magistrado estimó que el interés público no había resultado casi «afectado» y que el exceso era «imperceptible a simple vista» mientras que los trabajos de destrucción del edificio conllevarían «ejecutar numerosas obras». Así, el titular del juzgado sentenció que la demolición «no supondría beneficio alguno para el interés del colectivo que la norma trata de salvaguardar». En 2009, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia otorga la razón a la Xunta y revoca el fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo. El Alto Tribunal admite así «contradicción» en la anterior sentencia ya que, si parte del chalet invade dominio público ésta debe ser derribada. Por otro lado, el TSXG anula la multa económica impuesta a García Seoane al creer que el alcalde no actúo de mala fe, pues no tenía culpa de las diferencias en los diferentes planos oficiales.
Historia de una ganga
Ya en 2005, ABC se hacía eco de las supuestas irregularidades del chalet sito en Bastiagueiro. En aquellos días, las páginas del diario relataban como, en 1992, García Seoane y sus esposa, Otilia Mejuto, compraron una finca que todavía no estaba regulada como tal. Sin embargo, en 2000, el matrimonio resulta adjudicatario en la compensación de un terreno de las condiciones que ya se había previsto ocho años antes. La venta citada se pactó en 2.400.000 de las antiguas pesetas, libres de gastos y se mantiene en documento privado hasta el año 2000, cuando el entonces asesor de la Alcaldía -García Seoane cumplía condena por prevaricación- reclama elevarlo a documento público. Los hermanos Garrido Serradilla, vendedores del edificio, se dan cuenta entonces del perjuicio económico que les supone y se niegan a formalizar la venta en escritura pública, razón por la cual son denunciados por el actual alcalde de Oleiros ante el Juzgado de Paz para un acto de conciliación.
