El Centro de Congresos de Córdoba, en sus orígenes el Palacio del Sur, se consagró ayer como el viaje a ninguna (o toda) parte del equipo de gobierno local formado por IU y PSOE, los únicos que ven las bondades de este proyecto frente a la visión crítica y realista de las dos funcionarias de mayor rango que velan por los intereses presupuestarios y el buen funcionamiento de Capitulares.
Los grupos municipales de IU y PSOE aprobaron ayer en el Pleno con sus votos el cronograma para financiar en cuatro años un edificio con un coste inicial de 69 millones. Y eso a pesar de los dos informes desfavorables de Intervención y Secretaría General, en los que se incide en la falta de garantías paran hacer la obra, puesto que el dinero comprometido por el resto de administraciones no está garantizado. Además, ambos informes advierten de que el Consistorio tendría que endeudarse más para afrontar el tramo final de las obras poniendo en peligro servicios municipales o el propio pago a la empresa que lo construyera. El PP, que intentó retirar del orden del día este punto, votó en contra y anunció que se reserva las medidas oportunas para impugnar esta aprobación. La oposición insiste en que Gobierno y Junta deben aportar más dinero, un criterio compartido por el portavoz municipal socialista.
A estas alturas, aún se desconoce la fórmula de gestión de dichas instalaciones, que pueden modificar el presupuesto a la baja al descontar 10 millones en concepto de IVA si es el propio Ayuntamiento quien toma las riendas del edificio proyectado en el Parque de Miraflores. Este fue otro de los reparos de Intervención y la Secretaría, que ayer fue rebatido por el delegado de Hacienda, Alfonso Igualada, quien señaló que «antes de la licitación de las obras se traerá al pleno el modelo de gestión para su aprobación», como pedían los informes técnicos. El PP entiende que esa gestión puede suponer al año otros once millones de euros.
Pero hubo otras cuestiones más difíciles de rebatir para sacar adelante, contra viento y marea, este proyecto en el que IU y PSOE han invertido ya casi una década de gestión, con escasos frutos. Entre ellos, la advertencia de que el Ayuntamiento tendrá que endeudarse en 2012 para continuar con las obras ya que, tal y como mantiene Intervención, en las arcas municipales hay dinero para garantizar los trabajos hasta esa fecha. Esto complica e incumple el plan de saneamiento municipal. De igual modo, Intervención avisa de que el Consistorio no podrá endeudarse debido a que arroja varios años de déficit.
Defensa municipal
Y en esto llegó el golpe de efecto para desmontar el argumento de mayor peso del informe de Intervención. Tanto el delegado de Hacienda, como el concejal de dicha área, Francisco Tejada, indicaron que la tesis en la que se fundamenta la Intervención municipal «es un invento», un nuevo concepto que el Gobierno central «se ha sacado de la manga» para baremar la tesorería de los Ayuntamientos y que se estableció en el Real Decreto-ley 5/2009 de 24 de abril. Este documento establece las condiciones que deben reunir la administraciones locales para concertar nuevos préstamos. Con el modelo tradicional, el Consistorio cerró 2009 con un superávit de 198.000 euros, mientras que, con el nuevo baremo, que incluye las obligaciones de pago sin aplicar de 2008, el Ayuntamiento arroja un déficit de casi 2 millones de euros.
