La Plataforma de Usuarios y Familiares del Servicio de Comidas a Domicilio dependiente del Ayuntamiento de Córdoba, que sirve unos 350 menús diarios a ancianos y dependientes con escasos recursos en la capital, denunció ayer «graves deficiencias» de este servicio adjudicado el pasado mes de noviembre a Ucalsa, pese a carecer de registro por parte de Salud, como ya hizo público el pasado verano la anterior adjudicataria de la comida a domicilio, Sercolu. Entre otras cuestiones de calidad, la comida en muchas casos, según los usuarios del servicio, llega caducada o a las 16.00 horas a la mesa de los ancianos. Esta comida, denuncia la plataforma, ni siquiera se elabora en Andalucía, sino que se hace en unas cocinas de Ciudad Real, 90 días antes de ser servidas se pasteurizan y se distribuye desde Córdoba donde no hay cocina.
En rueda de prensa, el portavoz de esta plataforma ciudadana, Rafael Escribano, explicó que él mismo denunció el pasado mes de noviembre que la comida que se servía a un familiar suyo estaba pasada de fecha ante la Delegación de Salud, quien tras recibir una muestra de este contenido, y según la versión de Escribano, le dio la razón, asegurándole que en las instalaciones de Córdoba se hallaron envases con doble etiquetado y que efectivamente estaban pasados de fecha.
No obstante, desde la Delegación de Salud lo que sí se confirmó a ABC es que la Junta ha abierto una investigación al respecto y que también se ha solicitado a la Consejería homónima de Castilla-La Mancha que haga otro tanto, ya que Ucalsa tiene su sede en esa comunidad autónoma.
Niveles intolerables
Los afectados denuncian, además, la bajada de calidad del servicio a unos niveles «intolerables», que incluso han ocasionado problemas digestivos a los usuarios. A esto se une que no cumplen con los menús establecidos, sino que se repiten, e incluso, en ocasiones, recibían dos primeros platos y ningún segundo.
La escasa cantidad, sin variedad, y en ocasiones con mal sabor y olor de los productos también fue otro motivo de queja. Según los usuarios, cuando llaman a Ucalsa quejándose de estas deficiencias esta firma les contesta que la comida está buena y que la comprueban siempre a diario.
De igual modo, la teniente de alcalde de Bienestar Social del Ayuntamiento de Córdoba, Ana María Moreno, aseguró ayer que el Consistorio realiza una «verificación permanente» de este servicio de Ucalsa para demostrar que «siempre se ha prestado en las condiciones sanitarias y legales que corresponden». Es más, Moreno afirmó que el Ayuntamiento ha contactado con la Universidad de Córdoba (UCO) a fin de que un experto en nutrición elabore un estudio sobre la cantidad y calidad de la comida que se dispensa como aval de garantía.
La teniente de alcalde indicó que el Ayuntamiento convocó una reunión con los beneficiarios y familiares, a la que asistieron responsables de Ucalsa, y en ese encuentro se planteó que la ración de pan fuera mayor, «a lo que la empresa accedió», si bien no hizo lo mismo a la solicitud de yogures que necesitan frío para postre.
«En lo que va de año, sólo consta una queja recibida por Registro de Entrada del Ayuntamiento sobre este servicio», abundó la edil.
Así las cosas, la adjudicación del servicio municipal de comida a domicilio volvió a ser puesta en entredicho por la plataforma. La primera vez que se dio a conocer la presunta ilegalidad del Ayuntamiento al adjudicar este servicio a Ucalsa fue por parte de la anterior empresa que prestaba este servicio, Sercolu. Esta sociedad cordobesa denunció el pasado verano presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación. Según el recurso de alzada al que tuvo acceso ABC, el motivo era que Ucalsa no posee el certificado de inscripción en el registro sanitario de alimentos, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud, tal y como se recoge en el pliego de condiciones.
En su escrito, Sercolu señalaba que la adjudicataria carecía de este registro, por lo que denunció su adjudicación provisional. Fuentes de la empresa cordobesa, que llevaba más de diez años al frente de este servicio, matizaron que Ucalsa «tiene permiso para la distribución de alimentos y no para la elaboración de productos alimenticios, ya que se dedican a contratar este servicio a terceros».
Ucalsa no cuenta precisamente con un expediente limpio. En 2009, el Ayuntamiento de Lugo le retiró la concesión durante 15 días, por «graves fallos en el suministro» que hizo enfermar a un anciano, después de que la voz de alerta la diera la médico municipal. A esta denuncia se le suma que Ucalsa fue investigada por dar al Ejército comida caducada, concretamente leche para las tropas emplazadas en Afganistán, lo que motivó una investigación militar.
