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La Junta se fía del Consistorio y el PP le pide que aclare las comidas caducadas

La consejera de Bienestar Social cree que «tomará medidas», mientras los usuarios se plantean llevar al juzgado a la adjudicataria y al Ayuntamiento

Día 17/02/2011 - 08.59h

La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, se mostró ayer convencida de que el Ayuntamiento de Córdoba hace lo posible para garantizar la calidad en la comida a domicilio que dispensa a mayores, frente a las «graves deficiencias» de las que ha advertido la plataforma de usuarios de este servicio. Sus quejas se han plasmado incluso en una denuncia ante la Consejería de Salud, que investiga el reparto de menús caducados por parte de la empresa contratada por el Consistorio.

Precisamente, con motivo de la inauguración de unas jornadas técnicas sobre el servicio de ayuda a domicilio, la consejera salió así al paso de las críticas de la Plataforma de Usuarios, Allegados y Familiares del Servicio de Comidas a Domicilio, que lamentó «la situación límite creada en los últimos meses con la bajada de calidad de los alimentos, hasta situaciones intolerables, que se vienen dando en este servicio del Ayuntamiento».

Al respecto, Navarro dijo estar segura de que el Consistorio «estará tomando las medidas oportunas» porque le consta el esfuerzo de la teniente de alcalde delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Córdoba, Ana María Moreno (IU), por «desarrollar con la máxima calidad la atención a las personas mayores».

Las tareas de preparación y distribución de los alimentos, entre 350 ancianos y personas dependientes con escasos recursos en la capital, están encomendadas desde el pasado més de noviembre a Ucalsa, pese a carecer de registro sanitario de la Consejería de Salud. Por esta razón, la anterior adjudicataria, Sercolu, impugnó el encargo. Por este servicio, Ulcasa recibirá un total de 1,3 millones de euros durante tres años (hasta 2012).

En cuanto a posibles controles de la Junta sobre este servicio, toda vez que ha iniciado una investigación para aclarar la denuncia, Navarro se limitó a relatar, de modo genérico, que «hay controles por parte del Ayuntamiento y controles que tienen que ver con los Servicios Sociales con todo tipo de residencias, públicas, privadas, concertadas, y que la Junta de Andalucía siempre tiene la potestad de hacer las revisiones pertinentes y oportunas para que se mantenga esa calidad en las personas que allí se encuentran y necesitan todo tipo de prestación».

La titular de Bienestar Social recordó que cada año la propia Consejería, que sufraga gastos de ayuda a domicilio, realiza un informe donde se detallan las inspecciones y sanciones que se han registrado en el territorio andaluz en este sentido. Con relación a la denuncia presentada, Navarro indicó que «cualquier persona que tenga conocimiento de que se puede estar produciendo una alimentación que no es la correcta puede ponerlo en conocimiento de la propia inspección». Aún así, quiso dejar claro que el Ayuntamiento está «tomando las medidas oportunas», pese a reconocer que desconoce cuáles son exactamente las circunstancias.

De otro lado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba y candidato a la Alcaldía de la ciudad, José Antonio Nieto, pidió ayer explicaciones al gobierno municipal de IU y PSOE por «no ser capaces de dar respuesta» ante la situación originada con el servicio de comida a domicilio. En rueda de prensa, Nieto criticó la «mala política de contratación y falta de control del gasto de dinero público» que realiza el Consistorio en la capital, al hilo de las quejas de la Plataforma de Usuarios, Allegados y Familiares del Servicio de Comidas a Domicilio. Nieto anunció que pedirá explicaciones al equipo de gobierno, pero intuye que «como siempre» no asumirán la culpa porque «aquí el Ayuntamiento nunca se entera de nada».

«Alarma»

Por su parte, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Tejada, acusó ayer al portavoz popular de «alarmar a la población con tal de arañar votos». Indicó que Ucalsa «cuenta con los correspondientes registros sanitarios y ha mejorado la prestación del servicio anterior en aspectos como el embalaje de la comida y el reparto en vehículos climatizados». Añadió que el Consistorio ha encargado a un experto en Nutrición de la Universidad de Córdoba (UCO) para que un estudio sobre la calidad, cantidad y otros aspectos de la comida que se dispensa.

Por último, la plataforma de usuarios anunció ayer a través de un comunicado que emprenderá una contraofensiva judicial contra la adjudicataria actual del servicio, Ucalsa, o contra el propio Ayuntamiento, que está encargado de vigilar el servicio, si en el plazo de diez días «no se subsanan los defectos denunciados y, sobre todo, se adecúan a la calidad mínima exigible a cualquier servivicio de comidas».

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