«Por la transparencia y los derechos de la ciudadanía. No al despilfarro». Esta fue la demanda, plasmada en mayúsculas sobre una enorme pancarta, que abría ayer la multitudinaria concentración de los empleados públicos en contra de la reordenación del sector. Unos 7.000 manifestantes, según la Policía Local —cerca de 15.000 para los organizadores— recorrieron las calles principales del Centro de la ciudad para exigir la derogación de la Ley 1/2011, que permitirá, según los asistentes, «enchufar a 26.000 externos y eliminar progresivamente a los funcionarios de carrera y personal laboral de la Junta».
La marcha, la tercera que se celebra en la capital y la quinta a nivel regional, fue convocada por la plataforma de empleados públicos de Córdoba, con el apoyo de todos los colectivos de funcionarios de otras provincias andaluzas, así como de los sindicatos CSI-CSIF, USO, Ustea y Safja, entre otros.
Con silbatos y vuvucelas, la marea naranja partió al mediodía desde la avenida Conde de Vallellano, a la altura de la Puerta de Sevilla al grito de «no a la dictadura del enchufismo». Pasó por Paseo de la Victoria, avenida de Cervantes, avenida de América, Gran Capitán hasta el Bulevar, finalizando frente a la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba.
«Inconstitucional»
Según declaró el portavoz de la organización, José María Herrera, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, deberá dimitir el día después de que los tribunales «tumben la ley. Eso si no lo hace antes por la corrupción en el caso de los ERE irregulares que ya le está salpicando demasiado».
Para Herrera, la normativa es «anticonstitucional, así como los estatutos que se publicarán próximamente sobre el sector público», por lo que ya han contactado con dos despachos de abogados que trabajarán en estos asuntos.
En el discurso que se leyó ante los presentes, la plataforma denunció que la ley supondrá la supresión efectiva de cinco organismos autónomos «y la creación de seis agencias públicas empresariales que, no olvidemos, son de la misma naturaleza que el Instituto de Fomento de Andalucía, artífice, con la complicidad de la Consejería de Empleo, del fraude de los ERE».
A esto hay que sumar, según los empleados públicos, «la creación de dos agencias de régimen especial, mismo perro pero con distinto collar, quizá hasta más peligroso, dado que pueden autogestionar sus propias ofertas públicas de empleo, ya sabemos para meter a quien».
Criticaron, igualmente, el pacto de la Junta con CC.OO. y UGT, «sindicatos que son minoritarios» y que lo que pretenden es «reservarse casi en exclusiva la futura negociación de las condiciones laborales de los funcionarios de carrera». «Llaman reordenación a primar el favoritismo y el nepotismo», apuntaron.
La acción de protesta no quedará ahí, ya que los empleados públicos han planificado un calendario de movilizaciones en contra la Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta, entre las que destacan la organización de acampadas «permanentes» en el mes de mayo, la celebración de un referéndum entre los empleados públicos sobre dicha normativa y nuevas manifestaciones regionales en los meses de abril y mayo en Córdoba y Sevilla.
