Izquierda Unida lo definió en su programa electoral de 2007 como el «urbanismo de rostro humano», el «urbanismo sostenible». Abundaba en ello con un noble propósito: «Establecer medidas que permitan el respeto medioambiental, con acciones urbanísticas no agresivas con el medio ambiente». Pocos párrafos después, la teoría se convertía en práctica con una promesa: «Aprobado el Avance del Plan Especial de Protección de la Sierra, culminar la aprobación definitiva del mismo y su desarrollo».
2007 prometió culminar la aprobación del plan especial y desarrollarlo
Este plan fue ya anunciado en 2003 por Rosa Aguilar. Desde entonces hasta hoy, ocho años después, sólo está aprobado inicialmente. Su importancia no es nimia, ni tampoco su significación para con un fenómeno tan en boga durante la última década como las parcelaciones ilegales. El plan especial ordena una superficie de 30.000 hectáreas, un tercio del término municipal de Córdoba. Superficie un alto porcentaje protegido y con blindaje de la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario.
Con una magnífica oportunidad para llevar a la práctica ese «urbanismo sostenible» frente a las 24 parcelaciones ilegales que existen en la Sierra desplegadas entre 1.400 y 1.600 casas sin licencia y con servicios precarios donde habitan cerca de 4.000 personas —muchas de ellas con un serio riesgo por los incendios forestales y sin planes de autoprotección obligatorios—, IU ha optado por la languidez del trámite burocrático (donde por ahora ha rechazado 45 sugerencias) y por una particular interpretación del «urbanismo de rostro humano», el de la propietaria del chalé de la urbanización ilegal de San Cristóbal que fue demolido en 2008 por Urbanismo a modo de ejemplo de esta palmaria paradoja y tras un fallo judicial. Una fina raya en el océano de casas ilegales que circundaban a la vivienda de San Cristóbal que sirvió de chivo expiatorio.
600 casas en el limbo
No sólo no está tramitado el plan especial ocho años después, ni mucho menos desarrollado (las cosas de palacio, ya se sabe, y más si hay parcelaciones de por medio). El planteamiento del documento se aleja por completo del epicentro de la alta degradación que sufre este espacio natural y pasa de puntillas sobre 24 parcelaciones ilegales que no han surgido de la noche a la mañana. En catorce de estos asentamientos no cabe hacer absolutamente nada. 600 chalés están fuera de ordenación y así seguirán sin que medie atajo ni acción algunos. Ni la demolición que piden los ecologistas, ni la regularización y legalización exigida por colectivos vecinales. Las diez restantes podrían acometer un plan especial de mejora del medio, algo así como una puesta a punto para incordiar lo menos posible al medio. Tampoco se ha aprobado ninguno, y eso que también era una promesa electoral.
