Hace ya nueve meses —el plazo de un parto— que los funcionarios de la Junta de Andalucía llevan a cabo lo que ellos han dado en llamar «una revolución pacífica y social sin precedentes en España», en protesta por el famoso decreto ley 5/2010 y posterior ley que pretende hacer fijos a 20.000 trabajadores procedentes de empresas públicas y entes instrumentales para desempeñar las mismas funciones que aquellos, pero sin haber accedido a las plazas por proceso público.
Desde entonces, han adoptado el naranja para dar vida a sus sonoras protestas en la calle —acompañadas de bubuzelas, pitos y sirenas—, y ese mismo color es el que se ha vuelto contra ellos al funcionar como una luminosa equis que marca a los funcionarios «polémicos» para poder ser detectados y perseguidos por los responsables de la Administración andaluza. Una situación que para más de uno supone un mayor motivo de orgullo para llevar la camiseta de los «Naranjitos» hasta para ir a dormir.
Pero ahora ya no es tan fácil que este colectivo hable ni tan alto ni tan abiertamente como hacían antes por el temor a represalias.
Un miedo que, por el momento, les ha llevado incluso a decidir no meterse en campaña, «a pesar de que ningún partido, por el momento, ha tocado la reordenación del sector público», como explicó el portavoz de este movimiento ante los medios de comunicación, José María Herrera, y también —que todo hay que decirlo— en contra del sentir de la mayoría, que hubiera preferido seguir pitando en algunos actos electorales.
Pero la cordura se ha impuesto a la pasión y el ejemplo de lo ocurrido en otras provincias, como fue el caso de un pueblecito de Huelva, donde no hace mucho que unos militantes del PSOE «llegaron a las manos con unos funcionarios que protestaban», señaló Herrera, les ha hecho recapacitar para continuar las pitadas «únicamente en aquellos actos que se consideren institucionales».
Para Francisco Toscano, que representa dentro de ese colectivo a los trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua, se trata de una situación aceptada «por el momento y que dependerá de los ánimos que tengamos más adelante».
Ahora, además, se ha unido IU a las críticas lanzadas contra estos funcionarios desde el PSOE. Y esa censura ha cobrado forma de mensajitos de móvil del corte de «He confirmado que estáis vendidos al PP» o «J.M., qué pena que ayer (la entrega de los Premios Max) fue un gran día para la ciudad muy a pesar vuestra» enviados al portavoz. «Nos han llegado a acusar de estar en contra del proyecto de 2016 cuando en nuestra manifestación llevábamos con satisfacción la bandera de la Capitalidad, pero es que ahora todo lo transforman en política», se lamentó.
